Cuba no le pertenece a Miami para reconstruirla

Algo revelador está surgiendo en la creciente conversación de Miami sobre el “día después” de Cuba. Todo el mundo parece tener un plan.

Pero el futuro de Cuba no debería ser un premio que se otorgue a quien tenga el mejor plan de transición. No debería ser una oportunidad de negocios envuelta en un manifiesto político. Y, ciertamente, no debería ser un proyecto cuyos términos sean dictados desde Washington.

La ironía es que algunas de las voces más estridentes que exigen libertad para Cuba parecen, a veces, no estar dispuestas a concederle la más básica de todas las libertades: la de decidir su propio destino.

Acuerdos de libertad, leyes de transición, programas de estabilización económica, cámaras de comercio, estrategias de inversión y hojas de ruta detalladas describen lo que debería ocurrir cuando el actual sistema político cubano finalmente cambie. Los cubanoamericanos adinerados ya hablan de los miles de millones de dólares que podrían invertir en la isla.

Es comprensible que los cubanoamericanos se preocupen profundamente por Cuba. Muchos de los que abandonaron la isla hace décadas todavía la consideran su hogar. Y, ciertamente, es comprensible que los empresarios cubanos quieran invertir en Cuba.

Pero parece faltar una pregunta en buena parte de esta discusión: ¿Quién le dio a alguien fuera de Cuba el derecho a decidir en qué debe convertirse Cuba?

Es una pregunta incómoda que plantea, aunque indirectamente, la reciente columna de Nora Gámez Torres en el Miami Herald sobre los crecientes planes para el “día después” de Cuba. Su reportaje describe una industria de planificación con sede en Miami que se prepara para una Cuba poscomunista. Algunas propuestas contemplan una democracia de libre mercado, un gobierno constitucional, la inversión privada y una transición en la que participarían cubanos tanto dentro como fuera de la isla. Otros debaten si los funcionarios y las instituciones del sistema actual deberían desempeñar algún papel.

Todos son temas legítimos de discusión. Pero hay un principio fundamental que debería estar por encima de todos ellos: Cuba pertenece a los cubanos. No a Washington, ni a Miami, ni a los cubanoamericanos adinerados. No al gobierno cubano. Y tampoco a ninguna organización política, grupo del exilio, empresario o centro de estudios que crea haber escrito ya el plano maestro del futuro de la isla.

El olor a azufre sigue ahí

Aquí es donde resulta particularmente relevante un ensayo reciente del escritor y exdiplomático venezolano Carlos Ron, comentado en un artículo del periodista de Progreso Felipe Pagliery. Al escribir sobre el vigésimo aniversario del famoso discurso de Hugo Chávez ante las Naciones Unidas en 2006, Ron regresa al momento en que Chávez se situó ante el mismo podio donde George W. Bush había hablado el día anterior y declaró que “todavía huele a azufre”.

La frase se hizo famosa, pero Ron sostiene que el mensaje más importante fue el desafío de Chávez a la hegemonía estadounidense y su insistencia en la soberanía nacional.

No hay que ser admirador de Chávez ni simpatizante suyo para entender el punto. La pregunta es mucho más grande que Chávez.

¿Quién decide?

Estados Unidos tiene un poder enorme. Tiene influencia económica, militar y política. Pero el poder no confiere automáticamente el derecho moral de dictar a otro país cómo debe organizarse.

El mismo principio se aplica a Cuba.

Washington ha pasado décadas intentando influir en la orientación política y económica de Cuba. Gobiernos sucesivos han justificado las sanciones y restricciones como instrumentos para presionar al gobierno cubano para que emprenda cambios políticos. Independientemente de la opinión que uno tenga sobre el gobierno cubano, existe una diferencia entre criticar sus políticas y reclamar el derecho a determinar el futuro político del país.

No son lo mismo.

Y ser pro-Cuba no implica ser pro-gobierno cubano. Una persona puede amar a Cuba, criticar a su gobierno y defender su soberanía mientras exige libertades políticas. Esas posiciones no son contradictorias. Por eso, la discusión debe ir más allá del viejo argumento de Miami contra La Habana.

¡Caramba! Me alegra que los cubanoamericanos quieran invertir en Cuba. La verdad es que Cuba necesita desesperadamente inversiones en infraestructura, sistemas eléctricos que funcionen, agricultura productiva, viviendas, transporte y oportunidades económicas.

Pero la inversión no debe convertirse en propiedad del futuro político del país.

Las familias cubanoamericanas adineradas mencionadas en el artículo de Gámez pueden disponer de enormes recursos financieros. Uno de los grupos citados en el artículo calcula que 100 familias cubanoamericanas adineradas podrían tener un patrimonio neto combinado de aproximadamente 200.000 millones de dólares.

Es mucho dinero. Y el dinero puede construir una planta eléctrica, reconstruir una carretera y crear fábricas. Pero el dinero no puede comprar legítimamente la soberanía. Es aquí donde la expresión “el petróleo de Cuba”, utilizada por el economista Rafael Romeu en el artículo del Herald para describir los recursos de los cubanos que viven en el extranjero, merece ser examinado con cuidado.

Los cubanos que han emigrado son, sin duda, un enorme reservorio de talento, experiencia y capital. Pero no son un sustituto de los cubanos que viven en la isla.

Los que permanecieron en Cuba han vivido los períodos de escasez, apagones, racionamiento, colapso económico y un sistema político, además de una emigración que han transformado al país. También han construido familias, negocios, comunidades y vidas en circunstancias extraordinariamente difíciles. Sus voces no pueden ser tratadas como una circunscripción más dentro de una transición diseñada en Miami. Deben ocupar un lugar central.

Quizás aún más importante, la discusión debería reconocer que no existe una sola voz cubana. Hay cubanos que quieren el socialismo. Hay otros que quieren el capitalismo. Algunos cubanos desean una democracia inspirada en la de Estados Unidos, mientras que otros buscan algo completamente diferente.

Hay cubanos que se oponen al gobierno, pero no quieren que Washington dirija el país, y hay quienes se fueron y quieren regresar. Y hay cubanos que nunca se fueron y no tienen ninguna intención de permitir que alguien de Miami —o de Washington— les diga cómo debe ser su país.

Esa diversidad no es un problema que deba eliminarse. Eso es Cuba.

El artículo de Gámez reconoce esa tensión. Un grupo de trabajo sobre Cuba de Harvard ha sostenido que los cubanos de la isla deben ocupar un lugar central en el proceso, mientras que otros que no viven allí han propuesto diferentes enfoques. El artículo también cita datos de encuestas que indican que muchos cubanos en la isla apoyan alguna forma de participación del exilio en una transición.

Eso es importante. Pero la participación no es lo mismo que el control.

Los cubanos que viven en el extranjero deben ser bienvenidos a participar. Deben ser bienvenidos a invertir y regresar — a debatir, organizarse, asesorar y contribuir. Pero no deberían llegar suponiendo que, porque tienen dinero, conexiones políticas o una dirección en Miami, ya han sido nombrados arquitectos de la nueva Cuba.

Tampoco Washington.

La lección del discurso de Chávez ante la ONU plantea una pregunta más amplia sobre si la soberanía sigue siendo relevante: ¿tiene un país poderoso el derecho a comportarse como si fuera dueño del mundo?

Si la respuesta es no, entonces ese principio no puede desaparecer de repente cuando el tema es Cuba.

Cuba debe tener la libertad de cometer sus propios errores y hacer sus propias reformas. Debe tener la libertad de decidir cuánto gobierno quiere, cuánto espacio desea para la empresa privada y qué sistema económico sirve mejor a su pueblo.

Y si los cubanos deciden que quieren una gran inversión extranjera, las empresas estadounidenses deberían poder competir por esas inversiones de acuerdo tanto con las leyes cubanas como con las estadounidenses.

Si los cubanos deciden que quieren otra cosa, esa también debe ser su decisión.

Yo soy pro-Cuba.

Eso significa que quiero que Cuba prospere. Quiero que los cubanos vivan sin miedo. Quiero que las familias tengan suficiente comida y acceso a la electricidad. Quiero que los cubanos puedan hablar, viajar, profesar su fe, trabajar libremente y crear negocios sin interferencias gubernamentales innecesarias. Me encantaría ver a los presos políticos en libertad y que las diferencias políticas se resuelvan sin violencia.

Pero querer todas esas cosas no me da a mí — ni a nadie más — el derecho a dictarles a 10 millones de cubanos cómo deben conseguirlas.

La realidad es que el gobierno cubano no es dueño de Cuba. Miami tampoco. Y, definitivamente, Washington tampoco.

Cuba pertenece al pueblo cubano. Si realmente va a existir un “día después”, quizás la primera regla debería ser esta: Dejen que los cubanos decidan qué viene después — sin interferencia de Estados Unidos.