El Memorando del Malentendido contraataca
En otros tiempos, la diplomacia estadounidense se confiaba a personas que habían dedicado decenios al estudio de idiomas extranjeros, historia, derecho internacional y de los países con los que se les enviaba a negociar. Sabían distinguir entre una ambigüedad cuidadosamente elaborada y una peligrosamente descuidada. Hoy, la experiencia parece ser una credencial opcional en un Departamento de Estado desmantelado por Marco Rubio.
No es de extrañar que el más reciente “triunfo” diplomático proclamado por la administración —el “Memorando de Entendimiento de Islamabad entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán” — merezca un título más preciso: el Memorando del Malentendido.
Este documento es tan débil que resulta difícil saber por dónde empezar. Se parece menos a un instrumento diplomático negociado que a una lista preliminar de deseos políticos ensamblada por varios redactores con estilos diferentes y escasa integración editorial.
Desde la perspectiva de la redacción jurídica, sus defectos son tanto estructurales como estilísticos. Padece prácticamente todos los vicios clásicos que los abogados especializados en contratos aprenden a evitar: términos indefinidos, estándares vagos, inconsistencias internas, obligaciones inciertas, ausencia de mecanismos de cumplimiento, mala secuencia expositiva, ambigüedades gramaticales (e incluso antigramaticales) y promesas de lograr objetivos que exceden la autoridad jurídica unilateral de cualquiera de las partes, como poner fin a resoluciones del Consejo de Seguridad.
El documento está construido sobre conceptos elásticos como “aliados”, “statu quo” y “proximidad”; pospone repetidamente para futuras negociaciones cuestiones esenciales en lugar de resolverlas antes de su firma; y depende de acuerdos posteriores para aportar la certeza que el propio memorando debió haber proporcionado. El efecto acumulativo es un documento extraordinariamente susceptible a interpretaciones contradictorias y litigios futuros, precisamente el resultado que una cuidadosa redacción jurídica pretende evitar.
Su disposición central exige que Irán emplee sus “mejores esfuerzos” para garantizar el paso seguro de la navegación comercial. Cualquier estudiante de primer año de Derecho sabe que “mejores esfuerzos” es una de esas expresiones evasivas de las que los abogados desconfían. Suena tranquilizadora hasta que alguien pregunta qué exige exactamente. Entonces comienzan los litigios.
Una ambigüedad particularmente llamativa concierne al futuro estatus jurídico y operativo del estrecho de Ormuz. El párrafo quinto dispone únicamente que Irán sostendrá un “diálogo” con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho, en consulta con los demás Estados ribereños del golfo Pérsico y “de conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los Estados costeros”. Ese lenguaje plantea más preguntas que respuestas.
¿Contempla el memorando una administración conjunta iraní-omaní del estrecho, una autoridad internacional o simplemente una coordinación de los servicios de navegación? ¿Permanecerán inalterados los actuales derechos de tránsito reconocidos por el derecho internacional, o están las partes contemplando un nuevo régimen jurídico? ¿Qué papel desempeñarán, si alguno, los demás Estados costeros aparte de participar en las conversaciones?
La disposición tampoco distingue entre la “administración” del estrecho, los “servicios marítimos” y el ejercicio de la soberanía, conceptos que poseen implicaciones jurídicas claramente distintas en el derecho internacional. Más importante aún, al dejar estas cuestiones para discusiones futuras sin establecer principios rectores ni un procedimiento para la toma de decisiones, crea incertidumbre sobre el estatus de una de las vías navegables más estratégicamente importantes del mundo precisamente cuando la claridad resulta más indispensable.
El vicepresidente J. D. Vance, quien carece de experiencia como negociador internacional, encabezó la delegación estadounidense. Lo acompañaban el enviado especial Steve Witkoff, cuya carrera se ha desarrollado en el sector inmobiliario y de inversiones de Nueva York, y Jared Kushner, cuya trayectoria también pertenece al mundo de los bienes raíces y las finanzas, no al de la diplomacia. Ello suscitó interrogantes sobre su misión y sobre el criterio de la administración al seleccionar a sus negociadores.
Imagínese negociar el futuro de la Clínica Mayo sin médicos presentes. O intentar resolver una disputa entre Boeing y Airbus sobre subsidios sin abogados especializados en comercio internacional. Negociar la condición jurídica del estrecho de Ormuz —un cuello de botella marítimo englobado por décadas de práctica internacional, costumbre y tratados— parecería requerir diplomáticos de carrera, estrategas navales y expertos en derecho del mar. En cambio, la administración reunió un equipo que se parecía menos a una delegación diplomática que a un grupo de avanzada de una unión empresarial.
Como era previsible, unidades iraníes atacaron, según informes, tres buques mercantes el martes 7 de julio en la ruta marítima del sur, lo que llevó al presidente Trump a ordenar ataques aéreos contra objetivos iraníes, poniendo fin de hecho al alto el fuego. La situación se deterioró aún más durante el fin de semana, cuando la Armada iraní anunció haber disparado contra otra embarcación en el estrecho y declaró que esa vía marítima permanecería cerrada “hasta el fin de la interferencia estadounidense en la región”.
Que esos acontecimientos hayan derivado directamente del memorando es casi secundario. El propósito mismo de la diplomacia consiste en lograr que los gobiernos discutan sobre palabras en lugar de intercambiar disparos. Esta vez parece haber conseguido exactamente lo contrario.
Teherán interpreta el lenguaje relativo al papel de Irán en las conversaciones sobre la “futura administración y los servicios marítimos” del estrecho como un reconocimiento de una autoridad gubernativa sobre la navegación. Washington describió ese mismo lenguaje como una garantía de la libertad de tránsito. Una disposición que admite dos interpretaciones diametralmente opuestas, aunque sea apenas, no constituye un logro diplomático. Es una negociación fallida e inconclusa disfrazada de negociación exitosa y terminada, reflejo de la desesperada necesidad de Trump de poner fin a una guerra que Estados Unidos ha venido perdiendo.
Los diplomáticos experimentados saben que una ambigüedad no resuelta rara vez permanece sin resolver. Los abogados experimentados saben que el lenguaje indefinido termina, tarde o temprano, en un tribunal. En el golfo Pérsico está encontrando algo considerablemente más destructivo.
Casi puede imaginarse la sesión de redacción. Alguien pregunta qué exigen realmente los “mejores esfuerzos”. Otro responde que todo el mundo entiende suficientemente bien esa expresión. Un tercero plantea el significado de la “futura administración”. La discusión se pospone porque los negociadores desean anunciar el éxito antes de resolver el desacuerdo. El desacuerdo, por supuesto, no desaparece simplemente porque se barra debajo de una alfombra persa.
La industria naviera lo comprendió de inmediato. Sus ejecutivos llamaron a las compañías aseguradoras mucho antes de que los políticos terminaran de felicitarse mutuamente. Las aseguradoras tienen la costumbre de traducir el optimismo diplomático en tablas actuariales. Su interpretación del lenguaje de los tratados no aparece en comunicados de prensa, sino en las primas de los seguros.
Los defensores del acuerdo sostendrán que cierta ambigüedad era inevitable, que sin ella no habría habido acuerdo alguno. Tal vez sea cierto. Pero la claridad tiene la incómoda costumbre de poner al descubierto los desacuerdos fundamentales antes de que se intercambien las firmas. La ambigüedad simplemente los aplaza hasta que el costo de resolverlos resulta mucho mayor.
La ceremonia de la firma, hay que reconocerlo, fue impecable. Las banderas estaban cuidadosamente dispuestas. Las cámaras captaron cálidos apretones de manos. Los discursos celebraron un avance histórico y una paz duradera. Luego todos regresaron a sus respectivos países y comenzaron a explicar, a públicos completamente distintos, lo que creían que el acuerdo realmente significaba. La actividad militar que siguió se convirtió en su comentario no oficial.
La historia ya ha visto este patrón antes. La diplomacia existe para resolver las diferencias con palabras antes de que soldados, marinos o aseguradoras se vean obligados a interpretar esas palabras por sí mismos.
Un memorando redactado por diplomáticos de carrera quizá habría provocado un intenso debate a puerta cerrada. Habría sido incómodo. Incluso podría haber retrasado la firma. En cambio, este produjo sonrisas unánimes en la sala de conferencias y un renovado conflicto en el estrecho de Ormuz.
Por eso es poco probable que la historia lo recuerde como un Memorando de Entendimiento.
Lo recordará como el Memorando del Malentendido.
