Es hora de que Estados Unidos escuche

Durante más de tres décadas, la comunidad internacional ha enviado a Washington un mensaje claro e inequívoco: Estados Unidos debe poner fin a su embargo económico contra Cuba.

Desde la década de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado abrumadoramente a favor de resoluciones que piden el levantamiento del embargo. Año tras año, país tras país se ha opuesto a una política que permanece vigente desde 1962. Sin embargo, Washington continúa ignorando a la abrumadora mayoría de las naciones del mundo.

A medida que se acerca otra votación en las Naciones Unidas, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ha acusado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de presionar y chantajear a líderes extranjeros para debilitar la oposición internacional al embargo.

En una publicación en su cuenta oficial de X, Rodríguez acusó a Rubio de presionar a jefes de Estado y de Gobierno para que cambiaran sus votos, y describió a Washington como una administración nerviosa ante la posibilidad de sufrir otra derrota diplomática.

Estas acusaciones plantean una pregunta importante: ¿Por qué tendría Estados Unidos que convencer a otras naciones de que abandonen su oposición a una política si esta fuera tan defendible como afirma Washington?

El historial de votaciones en las Naciones Unidas habla por sí solo. En 1992, la Asamblea General aprobó su primera resolución que pedía poner fin al embargo, con 59 países a favor y solo tres en contra (71 naciones se abstuvieron). Desde entonces, la oposición internacional ha crecido considerablemente. Durante décadas, Estados Unidos se ha encontrado cada vez más aislado en un asunto que gran parte del mundo considera un obstáculo injustificable para el desarrollo económico de Cuba y el bienestar de su población. La abrumadora mayoría de la comunidad internacional continúa oponiéndose al embargo.

Y aunque estas resoluciones no son jurídicamente vinculantes, representan una importante medida de la opinión internacional, que se ha mantenido notablemente constante durante más de 30 años.

¿Por qué, entonces, insiste Washington?

Las autoridades estadounidenses han sostenido que la presión económica es necesaria para impulsar reformas políticas y económicas en Cuba. Por su parte, los críticos del Gobierno cubano suelen señalar las restricciones a las libertades políticas, las limitaciones a la disidencia y los fracasos económicos de Cuba. Todos estos son temas legítimos de debate. Pero reconocer los problemas de Cuba no obliga a aceptar el embargo como solución.

¿Y quién sufre las consecuencias de este embargo? El pueblo cubano tiene que soportar el acceso limitado al combustible, los medicamentos, el financiamiento y muchas otras necesidades básicas. Las consecuencias se sienten en la vida cotidiana y contribuyen a los apagones, las interrupciones del transporte y las dificultades que enfrentan hospitales, empresas y familias que ya luchan por llegar a fin de mes.

El Gobierno cubano también tiene responsabilidad por sus decisiones políticas y sus deficiencias económicas. Ningún análisis honesto debería ignorarlas. Pero es igualmente deshonesto hablar de la crisis económica de Cuba sin considerar los efectos de más de seis décadas de sanciones estadounidenses y de las restricciones adicionales impuestas a lo largo de los años.

Un embargo destinado a presionar a un Gobierno puede, en la práctica, imponer enormes costos a la población que ese Gobierno afirma representar. Después de tantos años, Washington debe responder una pregunta difícil: ¿Dónde están las pruebas de que esta política ha alcanzado los objetivos que se propone?

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que Marco Rubio habló con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el 13 de octubre para tratar objetivos comunes en las Naciones Unidas, específicamente en relación con Cuba. Aunque esta llamada no demuestra las acusaciones de amenazas o chantaje formuladas por Bruno Rodríguez, sí pone de relieve las intensas maniobras diplomáticas que rodean una votación que Washington históricamente ha tenido dificultades para ganar.

Resulta profundamente preocupante que una nación poderosa intente reunir a otros Gobiernos en torno a una política que la comunidad internacional ha rechazado sistemáticamente. Estados Unidos tiene todo el derecho de expresar sus opiniones sobre el sistema político cubano. Pero eso no significa que deba esperar que otras naciones soberanas respalden su política, y mucho menos que deba presionarlas para conseguirlo.

Las Naciones Unidas se crearon, en parte, para ofrecer a las naciones un foro donde expresar sus opiniones, independientemente de su poder económico o militar. Cuando una abrumadora mayoría llega repetidamente a la misma conclusión, ese pronunciamiento merece algo más que otra ronda de presiones diplomáticas.

El debate sobre el embargo no debe reducirse a una disputa entre Washington y La Habana, ni a una cuestión de apoyar o rechazar al Gobierno cubano. También se trata de determinar si la coerción económica que afecta a millones de personas comunes constituye un instrumento sensato, humanitario o eficaz de política exterior.

Durante más de tres décadas, las naciones del mundo han respondido repetidamente a esa pregunta en las votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Washington puede optar por ignorar esos votos porque no son vinculantes. Pero no puede afirmar razonablemente que la comunidad internacional ha guardado silencio.

El mensaje ha sido claro, constante y abrumador: Pongan fin al embargo contra Cuba.

Es hora de que Estados Unidos escuche.