Antes de privatizar los activos estatales, hay que preguntar: ¿quién puede comprarlos y quién vigilará el proceso?

El economista Pedro Monreal sostiene que el reciente paquete de 176 medidas económicas anunciado en Cuba podría aumentar considerablemente el riesgo de corrupción, especialmente mediante la transformación y la eventual privatización de empresas y activos estatales. Su principal preocupación es que el gobierno está abriendo la puerta a la propiedad privada sin haber creado previamente las instituciones independientes y las salvaguardas necesarias para impedir que funcionarios, dirigentes políticos o personas vinculadas a ellos se apropien de bienes públicos.

Monreal considera que esto podría conducir a una forma de “capitalismo de amiguetes”, en la que personas con conexiones políticas se beneficien de la venta o la transferencia de propiedades estatales. A su juicio, las disposiciones anticorrupción incluidas en el paquete son insuficientes. La supervisión de estos procesos seguiría, en gran medida, dentro de la misma estructura estatal y partidista que controla los activos y decide sobre su transferencia.

Su primera gran propuesta es crear una entidad fiscalizadora superior verdaderamente independiente. Considera que la actual Contraloría General de la República no cuenta con suficiente independencia, pues está subordinada al presidente y carece de autoridad efectiva sobre todo el sector público. Señala en particular el caso de GAESA, que queda fuera de una fiscalización plena.

Monreal propone que el Contralor General tenga un mandato fijo de diez años, protección contra una destitución arbitraria, presupuesto y personal propios, acceso irrestricto a documentos y registros financieros y capacidad para publicar sus informes sin autorización del Ejecutivo. Sobre todo, todos los recursos públicos—incluidas las entidades militares, las empresas mixtas y GAESA—deberían quedar bajo su autoridad fiscalizadora.

La segunda y más extensa parte de su propuesta se refiere a quiénes deberían estar prohibidos de participar en las privatizaciones. Propone restricciones no solo para funcionarios públicos, sino también para dirigentes del Partido Comunista, autoridades municipales, directivos de empresas estatales, entidades bajo control militar y determinados familiares. También propone identificar al beneficiario final de cada empresa privada que pretenda adquirir un activo estatal, dificultando que compradores vinculados al poder político se escondan tras sociedades o intermediarios.

Una de sus propuestas centrales es establecer un “período de enfriamiento” de 36 meses tras la salida de un funcionario de su cargo. Durante ese período no podría adquirir activos que anteriormente hubiera regulado, supervisado, tasado o ayudado a vender. Restricciones similares se aplicarían a familiares y socios. Las violaciones podrían provocar la anulación de la operación, el decomiso de las ganancias y una prohibición de diez años de ocupar cargos públicos o contratar con el Estado.

Monreal también reclama transparencia y participación ciudadana. Las propuestas de privatización deberían publicarse antes de su aprobación, incluyendo la tasación del activo, los oferentes, sus beneficiarios finales, los criterios de evaluación y el precio final. Los ciudadanos deberían disponer de un plazo para denunciar operaciones sospechosas, mientras que los trabajadores de la empresa afectada elegirían observadores para supervisar el proceso. Las denuncias graves por conflictos de intereses o por subvaloración podrían suspender temporalmente una venta.

También propone normas específicas para los dirigentes del Partido Comunista. Los avales políticos no deberían influir en las decisiones de privatización, y los dirigentes partidistas deberían estar sujetos a las mismas reglas de conflicto de intereses que los funcionarios públicos. Utilizar el cargo partidista para favorecer a familiares o empresas vinculadas debería considerarse una falta grave.

Finalmente, Monreal sostiene que la fiscalización no puede concluir al concluirse la venta. El Estado debería conservar, durante cinco años después de la privatización, la posibilidad de impugnar o revertir las operaciones si posteriormente surgen conflictos de interés ocultos o beneficiarios vinculados al poder. También propone proteger de forma confidencial a quienes denuncien irregularidades.

En esencia, la advertencia de Monreal es sencilla: Cuba puede necesitar reformas económicas y una mayor participación privada, pero privatizar sin transparencia, auditoría independiente, participación ciudadana y reglas claras sobre quién puede adquirir los bienes estatales podría convertir la reforma económica en una oportunidad para que personas vinculadas al poder se apropien de la riqueza pública. Su conclusión es contundente: si Cuba no determina ahora quién puede comprar legítimamente los activos estatales, más adelante será difícil distinguir entre la reforma económica y el “saqueo”.