Secuestrar a un presidente no es “liberación”. Es un crimen contra la civilización.
Permítanme ser absolutamente claro: el secuestro de un jefe de Estado en ejercicio y su cónyuge no es resistencia, ni justicia, ni democracia. Es criminalidad organizada al más alto nivel. Cualquiera que justifique semejante acto abandona el Estado de derecho y abraza la barbarie política.
La historia ya ha juzgado este comportamiento y nunca lo ha juzgado con benevolencia.
Según el derecho internacional, el secuestro de un presidente es un ataque directo a la soberanía de una nación. La Carta de las Naciones Unidas no deja lugar a justificaciones ingeniosas ni a juegos de palabras ideológicos. El artículo 2(4) establece que “todos los miembros se abstendrán… de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. El secuestro es fuerza. Punto.
Quienes celebran semejante crimen no se encuentran en una posición moral superior. Se encuentran a la sombra de algunas de las acciones más desestabilizadoras del siglo pasado.
Ya hemos visto esta película
Irán, 1953. Guatemala, 1954. Chile, 1973. Granada, 1983. Libia, 2011.
Cada caso se presentó al público como una intervención necesaria, un atajo hacia la libertad, un ataque quirúrgico contra un “líder problemático”. Cada uno terminó con instituciones destrozadas, inestabilidad prolongada y sufrimiento civil que perduró mucho más allá de los lemas propagandísticos utilizados para justificar el crimen inicial.
En Irán, el derrocamiento de Mohammad Mossadegh no trajo la democracia, sino décadas de gobierno autoritario y repercusiones regionales que aún persiguen al mundo. En Libia, la destitución violenta de Muamar Gadafi fracturó el Estado y lo convirtió en un corredor de tráfico, en una nación fallida y en un desastre humanitario.
La lección es obvia, pero se ignora sistemáticamente: la fuerza ilegal no genera resultados legales.
El secuestro es terrorismo por definición
La Convención Internacional contra la Toma de Rehenes es explícita. La toma de rehenes es un delito cuando se secuestra a alguien para coaccionar a un gobierno o a un organismo político. No hay exención para secuestradores “populares” ni para causas de moda.
Llamar a un secuestro “liberación” no cambia su naturaleza. Simplemente revela la vacuidad moral del argumento.
Si hombres enmascarados pueden secuestrar a un presidente hoy porque les cae mal, entonces pueden secuestrar a diplomáticos, jueces, periodistas y civiles mañana. Así es como colapsan los Estados, no cómo se reforman.
La peligrosa mentira de que “el fin justifica los medios”
Las voces más imprudentes son las que insisten en que los crímenes extraordinarios son aceptables si la víctima es impopular. Esa lógica no es revolucionaria, sino nihilista.
Si secuestrar a un presidente es aceptable hoy, el asesinato será aceptable mañana. Si los mercenarios son héroes ahora, los señores de la guerra serán aclamados después. Esto no es una especulación, es un hecho histórico.
Las Naciones Unidas fueron creadas precisamente para evitar esta caída en la anarquía. Su misión fundacional es “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”. El secuestro político hace lo contrario: acelera el conflicto e incita a la represalia.
Una línea roja que debe mantenerse
Este artículo no defiende a Nicolás Maduro. Defiende una línea roja global que separa la ley del caos.
Secuestrar a un jefe de Estado es un crimen contra el orden internacional. Debe ser condenado universalmente, perseguido sin tregua y rechazado sin eufemismos. El silencio o el aplauso nos convierte a todos en cómplices.
La elección es clara e ineludible: la ley o la ley de la selva.
Las Naciones Unidas han elegido la ley. Y cualquiera que crea de verdad en la paz, la estabilidad y la dignidad humana debe elegirla también, especialmente cuando las emociones están a flor de piel y la moderación resulta más difícil.
Porque una vez que el secuestro se convierte en política de Estado, la civilización ya está en retroceso.
