Reacciones latinoamericanas a la agenda antiinmigrante de Trump (+English)
Tras su victoria en las elecciones de 2024 Donald Trump anunció una agenda migratoria centrada en la seguridad fronteriza y el control de la inmigración. Trump ha declarado que pretende lanzar una campaña de deportación que abarcará a millones de personas en situación irregular en el país. Trump también ha manifestado su intención de revertir varias de las políticas de inmigración legal implementadas bajo la administración de Biden, con el fin de restringir la entrada de ciertos grupos específicos y reducir la población inmigrante a largo plazo. Entre sus propuestas destaca la suspensión de programa de “parole humanitario” que instituyó la administración Biden, que permite el ingreso mensual de hasta 30,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Ya el gobierno de Joe Biden había anunciado nuevas medidas antiinmigrantes previo a las elecciones del 5 de noviembre para apoyar la campaña de Kamala Harris, acusada por Trump de ser blanda ante la amenaza de cruces masivos de frontera. Las nuevas medidas implementadas por Biden buscan endurecer las restricciones al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, dificultando aún más el acceso a este beneficio y aumentando las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Incluyen la prohibición de asilo automático para aquellos extranjeros que ingresan ilegalmente o no tengan una causa legal para permanecer en Estados Unidos cuando la frontera esté congestionada. Además, se han implementado deportaciones expeditas para aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas, subrayó que obtener asilo en Estados Unidos será significativamente más complicado y advirtió que quienes crucen la frontera de manera irregular enfrentarán consecuencias severas.
Según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Patrol CBP) de Estados Unidos, hasta octubre de 2024, 531 mil ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, de ellos más de 111 mil cubanos, entraron legalmente a EE.UU. y recibieron el “parole”, o libertad condicional. En adición a esto, casi 151 mil inmigrantes indocumentados cubanos fueron interceptados en la frontera con México en el año fiscal 2023-2024.
¿Qué será de ellos ante la ofensiva antinmigrante de Trump?
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, en declaraciones a la prensa al concluir Ronda de conversaciones bilaterales en materia migratoria entre Cuba y Estados Unidos, el 4 de diciembre de 2024, declaró que “Cuba planteó preocupación por la cantidad de cubanos que están en Estados Unidos en un limbo legal, a quienes se les admitió la entrada al país norteamericano pero no se les ha otorgado un estatus legal concreto. Para nosotros, ese es un tema importante”. El país norteamericano no les ha otorgado un estatus legal concreto a los crucen la frontera, que debiera ser el “parole”. En vez, les están dando un permiso temporal, conocido por la planilla I-220A, que no los califica para el “parole” y por tanto pueden ser deportados en cualquier momento.
En una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos, se determinó que la I-220A o liberación condicional otorgada a un cubano detenido tras cruzar la frontera no puede considerarse como un parole humanitario. Como resultado, carece del beneficio de residencia otorgado bajo la Ley de Ajuste Cubano. Esta decisión tiene el potencial de afectar a miles de cubanos que han recibido una I-220A después de ser liberados tras su detención en la frontera.
Los cubanos que han entrado a EE.UU. bajo la I-220A no han sido admitidos al país cumpliendo con los requisitos de la Ley de Ajuste. Dicha Ley de 1966 permite a los cubanos elegibles solicitar la residencia permanente un año y un día después de ingresar al país, lo cual los privilegia por encima de otras nacionalidades y ha permitido a cientos de miles de cubanos emigrar a EE.UU. legalmente en estos casi 60 años.
“Nosotros hemos escuchado los planteamientos que algunos políticos de EE.UU. han hecho sobre [las posibles deportaciones masivas], y es importante recordar que existen acuerdos migratorios entre Cuba y EE.UU. y cualquier tema de esta característica, incluyendo las deportaciones que puedan haber, tienen que hacerse en el marco de lo que establecen los acuerdos”, dijo el viceministro Fernández de Cossío, y afirmó que “no es realista que vayan a haber deportaciones masivas de Estados Unidos hacia Cuba”. “Pretender deportar a Cuba a decenas o cientos de miles de cubanos sería desarraigar a personas que han hecho ya su vida en EE.UU., trabajan allí, muchos tienen familias allí”, dijo.
México ha ido más lejos en apoyo a sus connacionales en el extranjero: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el pasado 27 de diciembre el Programa de Apoyo para las y los Mexicanos en Estados Unidos, en el que se contempla el fortalecimiento de los 53 consulados, la puesta en marcha de un Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) para brindar apoyo legal vía telefónica; una aplicación denominada Botón de Alerta para casos de emergencia, así como la implementación de una Ventanilla única de trámites consulares.
“Que sepan que tienen derechos, que no se puede deportar a una persona tomándola, llevándola a la frontera, sino que tiene que seguirse una serie de procedimientos legales que son procedimientos en Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo esta campaña en Estados Unidos a través de los Consulados para que las y los mexicanos sepan cuáles son sus derechos. Y en caso de alguna detención, pues que puedan llamar al Consulado para que reciban todo el apoyo jurídico y legal”, puntualizó.
Como parte de la estrategia y por instrucciones de la Presidenta de México, se fortaleció el Programa de Asistencia Jurídica a través de Asesorías Legales Externas (PALE) con la contratación de 329 asesorías en materia legal, que junto a la red consular, verificará que se cumpla el debido proceso ante la detención de connacionales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México también se comprometió a apoyar las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en favor de las personas migrantes. La CNDH respaldará la labor del gobierno de México en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes a través del Programa de Asistencia Jurídica con Asesorías Legales Externas, en materia laboral, civil, penal, migratoria y administrativa. Asimismo, velará por la verificación del debido proceso y garantía de la notificación consular; la actualización permanente de leyes y acciones estatales antiinmigrantes a través de un Observatorio; el Programa “Conoce y Ejerce tus derechos” para la prevención y respuesta rápida ante detenciones, redadas y otras acciones intimidatorias.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto celebrar este mes una cumbre regional de cancilleres sobre migración para coordinar acciones entre los países latinoamericanos, con el doble propósito de reducir la inmigración irregular y también proteger a los inmigrantes en EE.UU. “Siempre vamos a defender a nuestros hermanos que viven en Estados Unidos,” declaró.
Latin Americans React to Trump’s Anti-immigrant Agenda (+Español)
Por su parte la presidenta hondureña Xiomara Castro amenazó con retirar las bases militares estadounidenses de Honduras si Trump cancela el TPS (Estatus de Protección Temporal) de los hondureños. “Ante la actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendremos que considera un cambio de nuestras políticas de cooperación con los Estados Unidos, especialmente en el área militar,” declaró la presidenta.
El llamado Proyecto 2025 de Donald Trump tiene como objetivo establecer una política migratoria excluyente. El plan incluye la movilización de recursos legales y militares para facilitar la expulsión de hasta 11 millones de inmigrantes indocumentados. Entre las medidas más polémicas se encuentran la eliminación del TPS y la revocación de programas como DACA y el Parole Humanitario.
Honduras es uno de los países, junto a Haití, Venezuela y El Salvador, designados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de EE.UU. al Estatus de Protección Temporal (TPS). USCIS puede otorgar TPS a los nacionales elegibles de esos países que ya están en Estados Unidos, debido a condiciones que impiden a sus ciudadanos regresar a su país de manera segura. TPS es un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal, pero durante el período designado no serán expulsados de Estados Unidos, pueden obtener un documento de autorización de empleo y pueden obtener una autorización de viaje.
Honduras, Guatemala y El Salvador, que tienen el mayor número de personas viviendo ilegalmente en Estados Unidos, después de México, podrían ser los primeros y más afectados por las deportaciones masivas, dijo Jason Houser, antiguo jefe de personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el gobierno de Biden. Desde 2015, Honduras ha recibido alrededor de medio millón de deportados. “No hay capacidad” para recibir a tanta gente, afirmó Antonio García, viceministro de Asuntos Exteriores de Honduras. “Hay muy poco que existe para los retornados”. Aquellos que regresan, dijo, “son los últimos en la fila”.
El anuncio de Donald Trump sobre deportaciones masivas y la posible eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento representa una amenaza directa para miles de salvadoreños que residen en Estados Unidos. Estas medidas no solo afectarían profundamente a las familias migrantes, sino que también tendrían repercusiones sociales, económicas y políticas en El Salvador.
Las remesas enviadas por los salvadoreños en Estados Unidos representan una columna vertebral de la economía nacional, aportando alrededor del 24% del PIB en 2023. Las deportaciones masivas pondrían en riesgo este flujo vital, ya que miles de familias perderían su principal fuente de ingresos. Esto no solo afectaría la estabilidad financiera de los hogares receptores, sino que también podría desacelerar el crecimiento económico del país, intensificando la desigualdad y aumentando la pobreza.
Por otro lado, la llegada de deportados en masa complicaría aún más un mercado laboral ya saturado. La falta de oportunidades podría empujar a muchos de ellos hacia la informalidad o, peor aún, aumentar la vulnerabilidad frente a las estructuras criminales que todavía operan.
Por su parte, ya Haití enfrenta deportaciones masivas aun antes de las amenazas de Trump. Decenas de miles de personas han sido deportadas a Haití en el último mes, principalmente desde República Dominicana, casi 61.000 migrantes según las cifras más recientes del gobierno. El presidente dominicano recientemente se comprometió a deportar a unos 10.000 migrantes por semana. En octubre, Estados Unidos deportó a 258 haitianos, mientras que las islas Turcas y Caicos, Jamaica y las Bahamas deportaron un total combinado de 231, según el portavoz del Grupo de apoyo para retornados y refugiados de Haití.
El representante de Haití ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gandy Thomas, dijo que la deportación masiva de inmigrantes indocumentados haitianos se define como un acto inmoral y represivo que viola los principios fundamentales del derecho internacional.
Donald Trump ha amenazado que intensificará las sanciones económicas y revisará la compra de petróleo venezolano si Nicolás Maduro rechaza las deportaciones masivas de inmigrantes venezolanos. La negativa podría exacerbar aún más la crisis financiera y diplomática que enfrenta Venezuela. Según datos recientes, en enero de 2024 se llevaron a cabo 15 vuelos de deportación que repatriaron a 1.799 venezolanos. No obstante, la negativa de Caracas a aceptar estos vuelos podría agravar las tensiones y desencadenar una nueva serie de sanciones económicas. Trump, quien impuso un embargo petrolero a Venezuela en 2019, podría recurrir a medidas similares para intensificar la presión sobre el gobierno bolivariano.
Con las declaraciones del viceministro Carlos Fernández de Cossío en contra de las deportaciones masivas por parte de EE.UU. y a favor de que legalice el estatus de los cubanos recién llegados a ese país a los que se les ha negado el parole, Cuba se suma a las naciones latinoamericanas que defienden a sus connacionales en ese país y se enfrentan a la política antiinmigrante anunciada por Trump tan pronto éste ocupe la Casa Blanca el 21 de enero. La cumbre regional de cancilleres sobre migración anunciada por Claudia Sheinbaum y convocada por Xiomara Castro, presidenta de la CELAC para el período 2024-2025, mostrará la voluntad entre los países latinoamericanos para responder unidos a esta nueva agresión del vecino del norte.
