¿Por qué Cuba ahora? (+English)

El gobierno de Estados Unidos acaba de dar a conocer un grupo de medidas encaminadas, según sus propias palabras, a facilitar el desarrollo de los negocios privados en Cuba. Consiste en autorizar el acceso de los empresarios privados cubanos a servicios de Internet y operaciones bancarias, disponibles en todo el mundo, pero prohibidas en el caso de Cuba, debido al bloqueo económico norteamericano.

El gobierno cubano reaccionó diciendo que son decisiones “limitadas y no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo contra Cuba y las sanciones adicionales que conforman la política de máxima presión” hacia el país. No obstante, advirtió que, mientras no violen la ley, no crearía obstáculos a su implementación, aunque solo beneficien a una parte de la población.

El propósito declarado de Estados Unidos es incentivar la oposición en Cuba, mediante el desarrollo de una clase capitalista, que de manera inexorable se planteará el cambio de régimen en el país. Llama la atención, que los gobernantes norteamericanos adopten una estrategia que está basada en una interpretación adulterada, determinista y primitiva de la teoría marxista sobre la lucha de clases. Es como suponer que basta su condición de clase, para que todos los obreros sean revolucionarios. 

Las nuevas medidas se suman al sorpresivo anuncio de eliminar a Cuba de la caprichosa “lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo”, que no es lo mismo que la “lista de países promotores del terrorismo”, impuesta por Donald Trump en los últimos días de su mandato, verdadero impedimento para el comercio, las finanzas y las inversiones del país. 

En ambos casos, se trata de medidas que forman parte de lo que pudiera ser considerada la filosofía que inspiró la política de Obama hacia Cuba, dígase “alcanzar los mismos objetivos por otros métodos”, que Biden prometió restablecer durante su campaña electoral en 2020, en contraposición con el objetivo de “tierra arrasada”, implantado por Trump, bajo el auspicio de la extrema derecha cubanoamericana. Sin embargo, tanto por consideraciones de política interna, como por un cálculo oportunista de la situación cubana, las cosas no transcurrieron de esa manera. 

Biden asumió la presidencia cuando la economía cubana tocaba fondo, en medio de uno de los peores momentos de la pandemia, impedido el acceso a sus principales ingresos, bajo un bloqueo extremo y escasa ayuda internacional. Solo el desarrollo de vacunas propias y el despliegue a tope del sistema universal de salud establecido en el país, impidió un desastre humanitario de enormes proporciones. 

Fue un éxito del gobierno cubano, aunque a costa de agotar los recursos de la nación, lo que unido a errores e insuficiencias de la gestión económica en otros campos, agudizó las tensiones sociales, hasta el punto de la erupción de inusuales protestas en diversas localidades del país, en julio de 2021.

No hubo un solo gesto solidario hacia Cuba por parte de la nueva administración, al contrario, continuaron impidiendo el acceso a medicamentos e insumos indispensables para enfrentar la pandemia, así como aprovecharon la crisis para alentar el caos social, mediante campañas financiadas por Estados Unidos, dando continuidad a la política trumpista. Evidentemente, los recién electos gobernantes demócratas, asumieron como propia la tesis de que los días del gobierno cubano estaban contados y se dieron a la tarea de disputar a los republicanos el “crédito” por el desastre.  

La “revisión de la política hacia Cuba”, que muchos esperaban se produjera en cuanto Biden asumiera el poder, quedó paralizada, con la excusa de que “Cuba no era una prioridad” para la administración. De resultas, se impuso el contrasentido de que los demócratas acabaran administrando, con el mismo fervor, la política diseñada por sus enemigos. 

Según algunos relatos, el freno lo puso el entonces jefe de gabinete, Ron Klain, que había vivido la experiencia de las elecciones de 2000 en Miami y quedó espantado con la falta de escrúpulos de la derecha cubanoamericana. Dicen que, reunido con el equipo escogido para revisar el tema cubano, muchos de ellos reconocidos partidarios de la política de Obama, Klain hizo la pregunta clave para determinar la estrategia del gobierno: 

¿Qué ganaba la administración buscándose problemas con los agresivos congresistas cubanoamericanos, entre ellos el entonces poderoso senador demócrata Bob Menéndez, en un contexto donde la mayoría senatorial se decidía por un voto, cuando estaba por delante una larga batalla legislativa, para avanzar en un ambicioso programa que pretendía emular con el “New Deal” rooseveltiano?

A pesar de tener que enfrentar niveles record de migración irregular procedente de Cuba, el gobierno de Biden demoró dos años en restablecer los servicios consulares y cumplir con los acuerdos migratorios, cancelados unilateralmente por Trump cinco años antes. Pero ni siquiera en esta área, de máxima prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos, avanzó al punto de lo alcanzado durante el gobierno de Barack Obama. 

No parece entonces que las medidas recién aprobadas respondan a una apreciación distinta del caso cubano, ni a cambios en la visión de “guerra fría” que ha caracterizado la política exterior de Joe Biden, sino a las mismas razones que antes inspiraron no llevarlas a cabo, dígase la política doméstica estadounidense y, en particular, las próximas elecciones.

El gobierno comenzó a hablar de estas medidas en mayo de 2022. En octubre de 2023 corrió la noticia de que su aprobación era inminente, ya que incluso habían autorizado la visita a ese país de una delegación de empresarios cubanos que, al parecer, formaba parte de la construcción política de esta decisión. No fue así, según fuentes gubernamentales, debido a que el Congreso estaba abocado en la discusión del presupuesto y se requería el apoyo republicano. 

Superado ese momento y eliminado el escollo de Bob Menéndez, de nuevo ante los tribunales acusado por corrupción, parece que no existen impedimentos para pensar en las elecciones y la famosa “revisión de la política hacia Cuba” puede formar parte de la estrategia demócrata.

Cuba no será un asunto decisivo en este proceso, ni siquiera en el sur de la Florida, donde se concentra el voto cubanoamericano, pero tampoco es un tema ignorado en el debate político nacional y muchos la consideran un asunto de política doméstica, capaz de despertar pasiones que sobrepasan la importancia económica o política del país. Por otro lado, en unas elecciones que se anuncian muy reñidas, todo voto importa. En esto estriba la aritmética de la administración.

Por muy hostil que sea su política hacia Cuba, Biden no ganará un solo voto de los derechistas cubanoamericanos, eso es monopolio de los republicanos. Sin embargo, la experiencia de Obama demuestra que puede aumentar el respaldo de liberales y moderados, a niveles cercanos al 50% de los votos, si se distancia de las políticas de la derecha y es capaz de proyectar una imagen diferente a los extremismos que agobian a esa comunidad. 

Al igual que el resto de la población, la preferencia electoral de los cubanoamericanos estará centrada en los asuntos que determinan su vida cotidiana, como el estado de la economía, pero también por el atractivo personal de los candidatos y la ideología que representan. Todo ello regido por un proceso de construcción mediática, que convierte a las elecciones norteamericanas en el espectáculo más caro del mundo.

En ese universo, alrededor del cual giran las subjetividades de la política estadounidense, es donde mayormente impacta el tema cubano. La política hacia Cuba sirve para identificar a los políticos con las doctrinas que supuestamente rigen la política del país. Algunos la utilizan como moneda de cambio para mostrarse “duros” contra el comunismo y otros como expresión del “poder inteligente” que animó la política obamista y es considerada parte importante de su “legado”, en el campo de las relaciones internacionales.

Biden no está bien parado con diversos sectores del partido, cuestionadores de su capacidad para gobernar e insatisfechos con sus políticas. El caso de Cuba es otro frente abierto, por lo que el cálculo costo-beneficio es lo que explica las señales de cambio que se han producido en los últimos días. ¿Hasta dónde llegará el gobierno de Biden por este camino? Hasta donde él y sus asesores crean que les conviene.  

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Translation to English:

Why Cuba now?

The government of the United States last week announced a group of measures aimed, in their own words, at facilitating the development of the private sector in Cuba. It consists of authorizing access to Internet services and banking operations to Cuban private businesspersons, which is available throughout the world, but prohibited in the case of Cuba due to the economic blockade.

The Cuban government reacted by saying that the measures are “limited decisions and do not touch the fundamental body of the blockade against Cuba and the additional sanctions that make up the policy of maximum pressure” towards the country. However, the Cuban government warned that as long as the measures do not violate the law it would not create obstacles to its implementation, even if they only benefit a part of the population.

The stated purpose of the United States is to encourage the opposition in Cuba, through the development of a capitalist class, which will inexorably consider regime change in the country. It is striking that US rulers adopt a strategy that is based on an adulterated, deterministic and primitive interpretation of the Marxist theory of class struggle. It is like assuming that their class condition is enough for all workers to be revolutionaries.

The new measures were made known at the same time as the surprise announcement that the US would eliminate Cuba from the capricious “list of countries that do not collaborate in the fight against terrorism,” which is not the same as the “list of countries that promote terrorism,” imposed by Donald Trump in the last days of his administration, a true impediment to the country’s trade, finances and investments.

In both cases these are measures that are part of what could be considered the philosophy that inspired Obama’s policy towards Cuba, namely “achieving the same objectives by other methods,” which Biden promised to restore during his electoral campaign in 2020, in contrast to the “scorched earth” objective implemented by Trump under the auspices of the Cuban-American extreme right. However, due to internal political considerations and an opportunistic calculation of the Cuban situation, both things did not turn out that way.

Biden assumed the presidency when the Cuban economy was hitting rock bottom in the midst of one of the worst moments of the pandemic when access to its main income production was prevented under an extreme blockade and little international aid. Only the development of its own vaccines, and the full deployment of the universal health system established in the country, prevented a humanitarian disaster of enormous proportions.

It was a success for the Cuban government, although at the cost of depleting the nation’s resources, which, together with errors and insufficiencies in economic management in other fields, exacerbated social tensions to the point of the eruption of unusual protests in various locations of the country in July 2021.

There was not a single gesture of solidarity towards Cuba by the Biden administration; on the contrary, they continued to prevent access to medicines and supplies essential to confront the pandemic, as well as taking advantage of the crisis to encourage social chaos through campaigns financed by the United States that gave continuity to Trumpist policies. Evidently, the newly elected Democrats assumed that the days of the Cuban government were numbered and took on the task of not giving Republicans credit for the disaster.

The “review of Cuba policy,” which many expected would occur as soon as Biden took office, was paralyzed with the excuse that “Cuba was not a priority” for the administration. As a result, the contradiction prevailed in that the Democrats ended up administering, with the same fervor, the policy designed by their enemies.

According to some accounts, the brakes were placed by the then Biden chief of staff, Ron Klain, who had lived the experience of the 2000 elections in Miami, and was shocked by the lack of scruples on the part of the Cuban-American right. They say that, meeting with the team chosen to review the Cuban issue, many of them recognized supporters of Obama’s policy, Klain asked the key question to determine the government’s strategy:

What did the administration gain by looking for problems with the aggressive Cuban-American congressmen, among them the then powerful Democratic senator Bob Menéndez, in a context where the senatorial majority was decided by one vote, when a long legislative battle was ahead, to advance an ambitious program that emulated the Roosevelt’s New Deal?

Despite having to face record levels of irregular migration from Cuba, the Biden administration took two years to restore consular services and comply with immigration agreements unilaterally canceled by Trump five years earlier. But not even in this area, a top priority for the national security of the United States, did it advance to the point of what was achieved during the Barack Obama administration.

It does not seem, then, that the recently approved measures respond to a different appreciation of the Cuban case, nor to changes in the “cold war” vision that has characterized Biden’s foreign policy, but rather to the same reasons that previously inspired not carrying them out, in other words, American domestic politics and, in particular, the upcoming elections.

The government began talking about these measures in May 2022. In October 2023, news spread that their approval was imminent since they had even authorized the visit to that country of a delegation of Cuban businessmen who, apparently, were part of the political construction of this decision. This was not the case, according to government sources, because Congress was engaged in discussing the budget and Republican support was required.

Once that moment had been overcome and the obstacle of Bob Menéndez, once again before the courts accused of corruption, had been eliminated, it seems that there are no impediments to thinking about the elections and the infamous “review of the policy towards Cuba” can be part of the Democratic strategy.

Cuba will not be a decisive issue in this process, not even in South Florida, where the Cuban-American vote is concentrated, but it is not an ignored issue in the national political debate either and many consider it an issue of domestic politics capable of awakening passions that surpass the economic or political importance of the country. On the other hand, in an election that some predict will be very close, every vote matters. This is the arithmetic the administration works with.

No matter how hostile his policy towards Cuba may be, Biden will not win a single vote from right-wing Cuban Americans who are monopolized by the Republicans. However, Obama’s experience shows that a increase of support among liberals and moderates is possible at levels close to 50% of the votes if Biden distances himself from the policies of the right and is able to project a different image to the extremisms that overwhelms the Cuban American community.

Like the rest of the population, the electoral preference of Cuban Americans will be focused on the issues that determine their daily lives, such as the state of the economy, but also on the personal attractiveness of the candidates and the ideology they represent. All of this governed by a process of media construction, which turns the US elections into the most expensive spectacle in the world.

In that universe, around which the subjectivities of American politics revolve, is where the Cuban issue has the greatest impact. The policy towards Cuba serves to identify politicians with the doctrines that supposedly govern the country’s policy. Some use it as a bargaining chip to be “tough” against communism and others as an expression of the “smart power” that animated Obama’s policies, and is considered an important part of his “legacy” in the field of international relations.

Biden is not in good standing with various sectors of the party, who question his ability to govern and are dissatisfied with his policies. The case of Cuba is another open front, so the cost-benefit calculation is what explains the signs of change that have occurred in recent days. How far will the Biden administration go down this path? To the extent that he and his advisors believe it is convenient for them.

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