
Poner fin al sufrimiento: levantar las sanciones contra Cuba ahora
"Niños están muriendo", afirma el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, respecto a la situación en Cuba.
Cuando Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, habla en términos morales tan contundentes —“niños están muriendo”— el mundo debería escuchar. Su reciente llamado a Estados Unidos para que levante las sanciones contra Cuba no es ideológico. Es humanitario.
Esto ya no es un debate sobre geopolítica. Se trata de si las políticas adoptadas en Washington están contribuyendo a muertes evitables a solo 90 millas de las costas estadounidenses.
La última ronda de medidas bajo Donald Trump ha ido mucho más allá de las sanciones dirigidas. Al cortar el suministro de combustible y ampliar las penalizaciones extraterritoriales, estas políticas han paralizado de hecho a toda una sociedad. Los hospitales no pueden funcionar de manera fiable sin electricidad. Los alimentos no pueden transportarse de manera eficiente. Los medicamentos no pueden producirse ni importarse a gran escala. El resultado es predecible—y devastador.
La mortalidad infantil se ha duplicado. Las tasas de supervivencia del cáncer infantil han disminuido drásticamente. Miles de pacientes, incluidos niños, esperan cirugías que no pueden realizarse. No se trata solo de estadísticas; son familias destrozadas, padres en duelo y vidas truncadas.
Los defensores de las sanciones argumentan que estas apuntan a la represión gubernamental, incluidas acciones vinculadas a Miguel Díaz-Canel y las fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, incluso funcionarios de las Naciones Unidas reconocen los problemas internos de derechos humanos en Cuba, mientras siguen pidiendo el fin inmediato de las sanciones económicas de amplio alcance. ¿Por qué? Porque las sanciones de esta magnitud no se limitan a las élites políticas. Se extienden, de manera indiscriminada, a toda la población.
Y para los cubanoamericanos, esto no es solo un debate político—es profundamente personal.
Las familias se están desgarrando no solo por la migración, sino también por la privación. Los familiares en Estados Unidos envían dinero, medicamentos y suministros a sus seres queridos en la isla, solo para descubrir que esos esfuerzos quedan bloqueados o resultan inútiles debido a la escasez sistémica. Hay menos vuelos. Las transacciones financieras son más difíciles. La comunicación en sí se ve afectada por el colapso económico. Las sanciones, en la práctica, rompen los lazos familiares con la misma eficacia que cualquier barrera física.
Hay una amarga ironía aquí. Una política que a menudo se justifica en nombre de la libertad está, en realidad, limitando los derechos humanos más básicos: la capacidad de cuidar a la familia, de acceder a la atención médica y de vivir con dignidad.
Nada de esto exonera al gobierno cubano de su responsabilidad. Pero el castigo colectivo no es la solución. Décadas de embargo no han logrado lo que Estados Unidos exige de Cuba. Lo que sí han producido de manera constante es sufrimiento para la gente común.
El momento actual es especialmente peligroso. Con la escasez de combustible, que provoca apagones de hasta 20 horas al día, y la temporada de huracanes acercándose, los riesgos humanitarios aumentan rápidamente. A esto se suman el aumento de las temperaturas y la propagación de enfermedades, y la situación comienza a parecerse a lo que Türk describió como una “tormenta perfecta”.
Estados Unidos enfrenta una elección.
Puede continuar por un camino que aísla aún más a Cuba, aumenta el sufrimiento y fractura a las familias a través del estrecho de la Florida. O puede corregir el rumbo—levantando sanciones amplias que perjudican a los civiles mientras adopta enfoques de compromiso más específicos, humanos y eficaces.
Levantar estas sanciones no es una concesión. Es una corrección.
Es un reconocimiento de que los derechos humanos son universales—que un niño en La Habana merece la misma oportunidad de vida que un niño en Miami. Que los lazos familiares no deberían ser un daño colateral de la política exterior. Y que el liderazgo moral requiere el valor de cambiar de rumbo cuando las políticas fracasan.
El llamado de las Naciones Unidas es claro. La evidencia es abrumadora. El costo humano es innegable.
Es hora de levantar las sanciones—de inmediato.
