Municipios en Cuba: el improbable milagro de los panes y los peces
A más de seis años de la entrada en vigor de la nueva Carta Magna, la transferencia de facultades a los municipios no va más allá de la retórica. Lo que sí ha ocurrido es un proceso de delegación de responsabilidades del gobierno central a los territorios, sin el correspondiente traspaso de competencias y recursos.
A comienzos de julio el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca afirmó que “el 95 por ciento de los problemas de la agricultura se pueden resolver en el municipio”.
Sus declaraciones iban dirigidas a los asistentes al segundo pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que al igual que él, sabían que no estaba diciendo la verdad.
Antes de ocupar su actual responsabilidad, Tapia se había desempeñado durante once años como secretario del Partido en las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. Allí comprobó cuán limitadas son las facultades de los llamados cuadros de base. La mejor evidencia era una anécdota de sus “tiempos avileños”, que solía contar en Camagüey como pretendido ejemplo de la preocupación de la dirigencia de primer nivel por los problemas de las comunidades.
Según él, en la década de los 2000 el gobierno central había ordenado que el grueso de la papa cosechada en Ciego de Ávila se destinara a La Habana y al turismo, y que solo se dejaran algunos remanentes para la entrega a los consumidores de Morón y la ciudad cabecera. El resto de los municipios, incluso aquellos en los que se producía el tubérculo, no tenían cuotas asignadas. Era una situación que generaba malestar y alentaba el robo, por lo que un día decidió proponerle a José Ramón Machado Ventura extender las ventas normadas a toda la provincia.
No fue hasta que el entonces segundo secretario del Comité Central del Partido le concedió su visto bueno, que pudo hacerlo. De poco importaban los reclamos de la población o las intenciones de las autoridades locales, solo “el país” podía autorizar que unos cientos de sacos se quedaran en los municipios de Baraguá o Venezuela, para venderle a sus habitantes algunas libras de papa.
Lo dicho por el viceprimer ministro en el pleno contradecía, en primer lugar, la experiencia del proceso asambleario de la ANAP, del que ese encuentro era continuación. En los casi seis meses de asambleas en cooperativas, municipios y provincias que antecedieron al 13° Congreso, los dos temas que habían motivado más quejas de los campesinos eran la bancarización y las dificultades para acceder a insumos. Ninguno de ellos podía –ni puede– resolverse en los territorios.
Sin embargo, ambas cuestiones apenas se abordaron en las comisiones de trabajo del Congreso y se trataron como de pasada en la Sesión Plenaria; en su discurso de clausura el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ni siquiera las mencionó. Fue como si en realidad hubiesen transcurrido dos congresos: uno en los municipios y provincias, y otro a nivel nacional.
‘Esa decisión le corresponde al país, se va a elevar el planteamiento y se dará respuesta’
Un ganadero camagüeyano consultado para esta nota a condición de anonimato, describió la situación en términos simples: “Ante la mayoría de las inquietudes que se planteaban durante las asambleas, la respuesta era: ‘esa decisión le corresponde al país, se va a elevar el planteamiento y se dará respuesta’. Al final, pasó el Congreso y todo ha seguido igual”.
Para problemas como la bancarización las soluciones no están en la provincia, ni mucho menos en el municipio, considera. “¿Acaso en un municipio se pueden imprimir billetes para resolver escasez de efectivo? A mi entender, eso le corresponde al banco. Pocas cosas afectan más a los campesinos que la falta de dinero contante y sonante. ¿A quién se le ocurre que uno vaya a pagarle a sus trabajadores, en el medio del monte, por transferencia? Pero el Estado no solo paga menos y con más demora que los particulares; además, insiste en hacerlo por transferencia, un dinero que solo sirve para que nos cobren impuestos”.
En cuanto a la venta de insumos y equipos, el Congreso de la ANAP tampoco adoptó una resolución vinculante respecto al gobierno o al Ministerio de la Agricultura. Y no por falta de quejas, considera Miguel Oliva Rivero, otro agricultor camagüeyano. Durante las asambleas de la ANAP en su municipio, Sibanicú, y en otros cercanos, varios delegados insistieron en recordar cómo funcionaba el sistema de abasto de insumos antes de la Tarea Ordenamiento, cuando en las tiendas de Gelma [el grupo logístico del Ministerio de la Agricultura] se podía comprar con los pesos pagados por empresas como las de acopio y productos lácteos.
“Pero a algún ‘sesudo’ se le ocurrió que Gelma empezara a operar en MLC, sin establecer ningún mecanismo que nos permitiera cambiar legalmente nuestros pesos a esa moneda – opina Oliva. ¿El resultado?, que Gelma se descapitalizó y ahora en sus tiendas solo quedan cuatro tarecos que nadie quiere. Se ha formado un círculo vicioso: los campesinos estamos obligados a tener efectivo para comprar lo que necesitamos en las mipymes o con los particulares, pero en la mayoría de los casos estos no aceptan transferencias, o si las cogen es con una comisión del 5, 10 o hasta 15 por ciento. A muchos no les ha quedado más remedio que incumplir sus planes con el Estado para venderle a los intermediarios privados y conseguir algo de efectivo”.
A mediados de 2024 el Gobierno intentó capear la crisis autorizando a los pequeños agricultores a contratar directamente la importación, sobre todo, de maquinarias y equipos. Durante las asambleas municipales, dirigentes de la ANAP y el Ministerio de la Agricultura elogiaron esa posibilidad, presentándola como una opción efectiva ante la escasez de recursos. Pero no faltaron las críticas por parte de los asistentes al cónclave campesino. “Evidentemente, fue una medida que se tomó pensando en los tabacaleros, que son los únicos a los que la Agricultura les paga en dólares. Pasó como siempre: alguien dicta una norma en La Habana sin siquiera saber a quiénes afecta o beneficia, y después no hay cómo quejarse”, lamentó Oliva.
Más poder local… solo en teoría
Al menos desde 2018, cuando comenzó a redactarse la actual Constitución, el tema de la autonomía municipal ocupa un lugar prominente en el discurso oficial. Pero a más de seis años de la entrada en vigor de la nueva Carta Magna, la transferencia de facultades a los municipios no va más allá de la retórica. De hecho, ni siquiera se ha dictado una ley específica sobre el tema.
Lo que sí ha ocurrido es un proceso de delegación de responsabilidades del gobierno central a los territorios, sin el correspondiente traspaso de competencias y recursos.
Un ejemplo paradigmático está en la producción de materiales de construcción, y en general el proceso de edificación y rehabilitación de viviendas. En los últimos años, a contrapelo con el desplome de las producciones nacionales de acero y cemento, y del número de casas construidas o rehabilitadas, el gobierno ha persistido en su línea de mensaje respecto al tema, que asegura que la respuesta a la crisis habitacional del país está en la producción local de materiales.
El principal defensor de esa postura es el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien parece no aplicar para sí su máxima de que “no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que las cosas sean diferentes”. Echando mano a la hemeroteca se comprueba que desde el comienzo de su mandato –en 2019– el premier se ha mantenido fiel a esa frase de cabecera y a la premisa de que la solución al problema habitacional “le corresponde a los territorios y las iniciativas que puedan implementar”. Así lo reiteró en enero último, al presidir el balance anual de Ministerio de la Construcción.
En la ocasión, el titular de esa cartera, René Mesa Villafaña, lo secundó echando mano a varias de sus expresiones para el caso, coincidentes en las “reservas sin explotar” con que todavía contarían los municipios; “allí es donde se gana o se pierde esta batalla”, declaró.
Sin acero y sin cemento no se construye una casa
Durante la reunión no se abordó el hecho concreto de que entre 2019 y 2024 el número de viviendas terminadas en el país cayó en un 85 por ciento, hasta las 7 457 que en 2024 recibieron el permiso de habitable. En el reciente período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular se anticipó que al cierre de 2025 la estadística será incluso peor.
Sin ser ingeniero ni mucho menos ministro, hace años Juan Carlos Pino Otazua hubiera podido anticiparles que se encaminaban –y encaminaban al país– hacia el fracaso. Albañil desde hace más de 20 años, la experiencia le ha demostrado que, sin acero y cemento, poco o nada se puede hacer.
Los municipios pueden producir artesanalmente ladrillos y otros materiales, pero con ellos no basta para sostener programas como el de la vivienda.
“O son mentirosos o no saben de qué están hablando. Cualquiera que se haya metido a construir, sabe cuántas cosas hacen falta. Y que la mayoría son industriales, no se pueden producir en un tejar o un tallercito”, dijo durante un descanso de la dura faena de ladrillero con que compensa sus ingresos personales. Cada semana, junto a tres amigos, hornea varios miles de ladrillos en un tejar improvisado a las afueras de la ciudad de Camagüey. “Estaría loco si creyera que ya con eso tengo para levantar una casa. ¿Sin cemento y arena, con qué ‘pegaría’ esos ladrillos? ¿con saliva?”, razonó.
Desdeñando tan simple como inapelable razonamiento, durante el último período parlamentario, la directora nacional de la Vivienda, Delilah Díaz Fernández, volvió a insistir en “el uso intensivo y extensivo de las potencialidades en recursos naturales y reciclables que tiene cada uno de los territorios”.
Significativamente, ni ella, ni el Ministro de la Construcción se refirieron a la virtual cancelación de programas como el de la compra de viviendas con dinero destinado a subsidios, que no se lograba ejecutar por falta de materiales en los rastros. Luego de un par de años en los que benefició a cientos de familias de todo el país, a comienzos de 2024 los gobiernos municipales recibieron la orden de suspender esa práctica, hasta que se aplicara una auditoría de la que más tarde no se volvió a hablar. En el ínterin, cientos de millones de pesos quedaron sin ejecutarse, y volvieron al presupuesto del Estado, coincidiendo con la política de recorte de gasto público promovida por el entonces recién nombrado ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Grau.
“Era una vía para ayudar a muchas familias, aprovechando que con el fenómeno migratorio no pocas viviendas quedaron vacías y fueron puestas a la venta a precios bastante aceptables. Quien diga que asignaciones como esa no hacen falta, debido a que los gobiernos municipales cuentan con la contribución territorial, decididamente no sabe del poco volumen de recursos que está aportando el ‘1 por ciento’ [de impuestos a las ventas de las mipymes cooperativas y algunas empresas], a causa de la paralización de la economía”, comentó un funcionario de la dirección de Economía y Planificación en Camagüey.
Como al resto de los organismos de la provincia, al suyo solo le queda cumplir las disposiciones llegadas desde La Habana. Y, aun así, luego escuchar – probablemente – que la solución a los problemas está en sus manos.
Daniel Valero, periodista cubano.
