Los jueces desafían la arrogancia del Presidente

Recientemente la Cámara de Representantes aprobó por 219 votos contra 213 un proyecto de ley que prohíbe a los jueces de cortes de nivel de distrito decidir sobre asuntos de alcance nacional, limitando sus acciones a casos correspondientes al ámbito estrecho de sus jurisdicciones.

La administración republicana que ocupa actualmente la Casa Blanca tiene en el plano interno la misión de controlar el Estado y dominar la sociedad, mientras en el ámbito de las relaciones internacionales pretende rescatar para Estados Unidos el carácter de potencia unipolar. Para ello procuran concentrar más poder en la rama ejecutiva, sobre todo en manos del Presidente.

Antes de que tomara posesión ya se sabía que Trump se lanzaría con furia contra sus enemigos. Desde el primer día ha empleado demandas, órdenes ejecutivas, reglamentos, despidos de puestos gubernamentales, retirada del security clearance e intimidación pública, entre otras tácticas.

Algunas de sus víctimas son aquellos que lo persiguieron o desafiaron políticamente, mientras otros son instituciones y grupos a los que considera impedimentos ideológicos en la consecución de los planes de los conservadores y multimillonarios para situarse en la cúspide del poder político. Entre estos hay congresistas de su propio partido, universidades, estudiantes extranjeros, firmas de abogados, órganos de prensa e instituciones.

El mandatario cuenta para ello con la autoridad que le otorga la presidencia, el Departamento de Justicia, la Fiscalía, el FBI y un Congreso dominado por gente de su mismo partido, totalmente subordinados a él en su inmensa mayoría. También tiene un numeroso grupo de fanáticos MAGA que lo obedece ciegamente y no titubea en el empleo de tácticas de corte terrorista capaces de producir pánico en sus víctimas, con el propósito de paralizarlas.

Ni uno solo de los republicanos de la Cámara de Representantes que se le enfrentó ha sobrevivido. Algunas universidades, especialmente las de élite, han sido despojadas de ayudas federales millonarias o se pretende privarlas de esos recursos. Estudiantes que se han manifestado en contra de las masacres de palestinos en Gaza son acusados de antisemitismo y deportados. Varias firmas de abogados que han dado empleo a enemigos de Trump son amenazadas con retirarles el security clearance a sus abogados o impedirles el acceso a edificios públicos. Órganos de prensa que lo han atacado, o simplemente no han utilizado el nombre de Golfo de América, han sido demandados y han debido pagar cifras millonarias, o se ha impedido la entrada de sus corresponsales a dependencias gubernamentales. A instituciones prestigiosas se les ha advertido de recortes económicos, y decenas de sus funcionarios han sido despedidos.

En el transcurso de estos procesos, la mayoría de sus víctimas se ha plegado por miedo a las represalias o procurando evitar consecuencias mayores. Entre las universidades solo Harvard, a la que le congelaron dos billones de dólares, se le ha enfrentado y estableció una demanda legal. También dos firmas de abogados han establecido demandas para que las cortes bloqueen órdenes ejecutivas, argumentando que son flagrantemente anticonstitucionales, y han obtenido medidas cautelares que impiden que las disposiciones entren en vigor mientras prosigue el litigio. En días recientes, la jueza Beryl A. Howell dictaminó que una orden ejecutiva de Trump contra una firma legal era inconstitucional pues constituía una clara violación a las Primera y Quinta Enmiendas, y ordenó al Gobierno no implementarla.

Solamente el sistema judicial, especialmente a través de jueces de distrito, se ha atrevido a desafiar al neoyorquino y ha actuado procurando impedir que pueda llevar adelante políticas y acciones arbitrarias que con frecuencia trasponen el marco de la legalidad. Eso los ha convertido en enemigos declarados y blancos de los ataques del inquilino de la Casa Banca, de los republicanos de la Cámara de Representantes y de los fanáticos MAGA.

Hasta ahora, varios jueces han actuado en asuntos tales como los relacionados con la condición de ciudadano por nacimiento, los intentos de cerrar la Secretaría de Educación, la deportación de personas beneficiadas con el parole, la presencia de personas trans en las Fuerzas Armadas, la necesidad de facilitar el regreso de un salvadoreño enviado por error a su país de origen, las deportaciones de venezolanos a El Salvador, etc. Siete jueces han actuado para impedir la deportación de venezolanos al país centroamericano invocando estatus de tiempos de guerra.

En los casos de deportaciones de venezolanos, la Corte Suprema, a pesar de su composición de seis jueces conservadores por tres liberales, no se ha pronunciado siempre a favor de la Administración. Aunque levantó la decisión de una Corte Federal de impedir que se deportasen esos ciudadanos amparados bajo la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, acotó que los migrantes detenidos y sujetos a órdenes de expulsión tienen derecho a ser notificados, y a la oportunidad de impugnar su deportación con “un tiempo razonable”. Además, señaló que los migrantes están confinados en Texas, por lo que la batalla legal contra su deportación se debe resolver ahí y no en un tribunal del Distrito de Columbia.

Cada día son más los jueces que se están cuestionando la legalidad de algunas acciones de la Administración, como el despido masivo de trabajadores, la congelación de fondos y el cierre de oficinas. Los magistrados de tribunales inferiores han puesto en pausa los planes de la Administración más de treinta veces y esta ha respondido con furia. La desmedida arrogancia de Trump no admite que se le cuestione y mucho menos que se le desafíe.

El juez James E. Boasberg, que ordenó el regreso a EE.UU. de un avión enviado a El Salvador con inmigrantes deportados, y dictó que “existe causa probable” para mantener a los funcionarios del Gobierno del actual presidente en desacato penal por violar sus órdenes de detener la deportación de venezolanos, despertó la ira del magnate, quien lo acusó de ser un “lunático radical de izquierda”, y solicitó que fuese sometido a impeachment. La Fiscal General dijo que el juez intentaba “proteger a los terroristas que invadieron nuestro país”, mientras Elon Musk se mostró presto a contribuir con los planes del Congreso, enviando cheques por 6.000 dólares a varios congresistas. La Corte Suprema se pronunció al respecto aclarando que, en el caso de los jueces, el impeachment no procede.

Otra jueza, Paula Xinis, quien acusó al Departamento de Justicia de mala fe por deportar indebidamente a El Salvador al ciudadano salvadoreño Kilmar Armando Abrego y rehusarse a brindar información sobre el caso, fue calificada por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, de “marxista que ahora se cree presidenta de El Salvador”. La Corte Federal de Apelaciones que está por encima de la jueza Xinis, y la Corte Suprema han planteado a la Administración Trump que tiene que “facilitar” la liberación de Abrego, pero hasta ahora su decisión ha sido ignorada.

El pasado 24 de abril se dio un insólito caso en Milwaukee: el FBI arrestó a la jueza Hannah Dugan, incluso la esposó. La letrada fue acusada de obstruir procedimientos de una agencia federal y escoltar a un individuo para impedir su arresto. La fiscal general Pam Bondi defendió el arresto, pero un ejecutivo del condado de Milwaukee expresó: “Está claro que el FBI está politizando esta situación para atemorizar a otros que en el país se oponen a los ataques al poder judicial y a las leyes de inmigración”.

Por otro lado, los republicanos de la Cámara de Representantes, comprometidos en apoyar a Trump, pretendieron enjuiciar al juez Boasberg. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, declaró: “Tenemos autoridad sobre los tribunales federales. Podemos eliminar un tribunal de distrito completo… el Congreso va actuar”. Los republicanos no cuentan con los votos para destituir a un juez federal, pero consideran otras opciones. Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó por 219 votos contra 213 un proyecto de ley que prohíbe a los jueces de cortes de nivel de distrito decidir sobre asuntos de alcance nacional, limitando sus acciones a casos correspondientes al ámbito estrecho de sus jurisdicciones. El Senado aún no ha considerado el asunto.

Los fanáticos MAGA, por su parte, no se quedan detrás y en el empeño por apoyar a su líder han emprendido una campaña de amenazas contra la integridad física de algunos jueces y sus familias. Las intimidaciones aún no han devenido en acciones violentas, pero son efectivas en lograr los propósitos deseados. Amenazas de bombas, llamadas anónimas para enviar equipos SWAT a sus casas, el envío de pizzas (algo que parece inofensivo, pero que conlleva un mensaje), la presencia del FBI en sus viviendas por denuncias de que un intruso penetró en la misma o porque hay una bomba en el buzón del correo, son algunas formas de intimidación que están sufriendo los magistrados.

El juez J. J. McConnell, que bloqueó un intento de la Administración Trump por congelar tres trillones de dólares en ayuda federal a los estados, recibió varias amenazas a través de llamadas telefónicas y el correo, mientras que el juez Boasberg recibió mensajes que lo acusan de “amante de los terroristas” y afirman que debía ser enviado a Guantánamo por 20 años. Otros han recibido anónimos que los tildan de traidores.

Todos estos incidentes están relacionados con los casos en que los letrados han cuestionado la legalidad de las políticas de la Administración Trump, especialmente los que han sido más destacados por los medios.

En días recientes y en señal de franco desacato al poder judicial, el secretario de Estado, Marco Rubio, compareció ante la prensa y en respuesta a una pregunta sobre si había hecho una solicitud oficial para la devolución a Estados Unidos de Kilmar Abrego García, dijo: “No le voy a responder esa pregunta a usted ni tampoco a un juez, si me la hace”. Añadió que no se siente obligado por la orden judicial, “porque la dirección de nuestra política exterior pertenece al presidente de Estados Unidos y al poder ejecutivo, no a un juez”.

Luego dio la poco creíble excusa de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se negaba a extraditarlo. Durante su visita a Washington y en presencia de Trump, Bukele fue cuestionado al respecto y dijo que él “no podía meter un terrorista en Estados Unidos”. Trump no dijo nada. Es difícil imaginar el montaje de una escena de burla mayor.

Las declaraciones de Rubio evidencian una postura desafiante de la Administración Trump frente controles judiciales amparados por la Constitución. De mantenerse esta actitud por parte del Gobierno, se podría producir la ruptura del equilibrio de poderes y la suplantación de funciones del poder judicial por parte de la Administración, creándose una situación que podría derivar en una crisis constitucional.

De llegarse a ese punto, ¿tienen los jueces federales la facultad de obligar a la Administración a cambiar su curso? No se conoce la respuesta. Aparentemente, Trump ha tomado la determinación de forzar la situación calculando que puede ganar la porfía.

Carlos Ciaño Zanetti, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional CIPI.