Las sanciones estadounidenses asfixian cruelmente a los cubanos comunes
Washington afirma que son una herramienta contra un gobierno autoritario, pero en realidad funcionan como un amplio estrangulamiento económico que se cierne sobre las vidas de la gente común.
María Elena guarda una lista escrita a mano, pegada con cinta adhesiva, en el armario de su cocina en Centro Habana. Es el “mapa de medicinas” de su familia: los primos de Tampa que podrían enviarle pastillas para la presión arterial, la amiga de Madrid que a veces encuentra antibióticos, la vecina que intercambia insulina que recibió de un grupo de la iglesia. A sus 72 años, dedica más tiempo a esta búsqueda del tesoro que a cuidar su propia afección cardíaca. “No hay nada en las farmacias”, dijo. “Nada”.
Este es el verdadero impacto diario de las sanciones estadounidenses en Cuba. Washington afirma que son una herramienta contra un gobierno autoritario, pero en realidad funcionan como un amplio estrangulamiento económico que se cierne sobre la vida de la gente común, como María Elena, y no sobre los funcionarios de La Habana.
Un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas concluyó recientemente que las medidas estadounidenses están “causando efectos significativos en todos los aspectos de la vida” en Cuba y pidió su eliminación. El análisis reveló que las sanciones, vigentes durante más de seis décadas, han aumentado sustancialmente desde 2018, con una escalada particularmente perjudicial en 2021, cuando Cuba fue incluida nuevamente en la lista estadounidense de “estados patrocinadores del terrorismo”. Esta designación no solo incrementó la presión, sino que también aisló a Cuba de la banca internacional habitual.
Las consecuencias se extienden a todos los hogares. Las remesas, para muchas familias cubanas la fuente más confiable de dinero para alimentos y medicinas, se han convertido en un tema político en Washington. Cuando Estados Unidos restringió los canales formales de remesas y empresas como Western Union suspendieron sus operaciones en la isla, estas vías de acceso se volvieron inciertas o desaparecieron por completo. Las familias no tuvieron más remedio que recurrir a mensajeros informales que cobraban comisiones elevadas y no ofrecían garantías.
El aislamiento bancario agrava todas las dificultades. Los bancos internacionales, temerosos de infringir las normas estadounidenses, han practicado durante mucho tiempo la “reducción de riesgos”, negándose a procesar incluso transferencias legítimas relacionadas con Cuba. Esto significa que un pequeño restaurante privado podría no tener forma de aceptar un pago de un proveedor extranjero. Una organización humanitaria podría ver bloqueada la compra de suministros hospitalarios debido a un algoritmo bancario excesivamente cauteloso.
Quienes apoyan el embargo suelen señalar las propias deficiencias del gobierno cubano, como los controles centralizados, la represión política y la lentitud de las reformas. Estas críticas pueden estar justificadas. Sin embargo, el embargo, tal como se implementa, no se centra específicamente en la represión; impacta a la economía en su conjunto. Y quienes tienen menos influencia en la política nacional son quienes soportan los mayores costos.
Grupos de derechos humanos y observadores internacionales han documentado repetidamente la escasez de medicamentos, alimentos, electricidad y agua potable. Los hospitales funcionan sin equipos esenciales. Las escuelas carecen de suministros. La inflación y la escasez empujan a las familias a rutinas de supervivencia agotadoras: hacer largas filas para obtener aceite de cocina, intercambiar antibióticos e improvisar sistemas de suministro eléctrico durante los apagones. Estas condiciones son muy anteriores a la pandemia o a la inflación global.
Las sanciones también distorsionan la política cubana de maneras que los responsables políticos en Washington rara vez reconocen. La amplia presión económica proporciona a La Habana un chivo expiatorio conveniente. Cuando Estados Unidos bloquea pagos o impone restricciones que obstaculizan el comercio, las autoridades cubanas culpan al bloqueo de la escasez y muchos ciudadanos, que sufren las consecuencias inmediatas, les creen. Las sanciones permiten al gobierno desviar la frustración pública hacia el exterior, reduciendo el impacto de sus propios fracasos políticos.
Entonces, ¿cómo sería una política más humana y eficaz?
Primero, hay que distinguir entre sanciones específicas y generales. Las acciones centradas en funcionarios específicos responsables de abusos de derechos humanos pueden mantenerse sin interrumpir las remesas, el comercio humanitario ni los canales financieros del sector privado.
Segundo, hay que restablecer los corredores protegidos para las remesas familiares, los intercambios con la sociedad civil y las actividades de las pequeñas empresas. Estos son los verdaderos motores de la apertura en Cuba y los vínculos más directos entre las familias cubanas y el mundo exterior.
En tercer lugar, colaborar con socios europeos y latinoamericanos para reducir el exceso de incumplimiento bancario. La mayoría de los bancos evitan Cuba no por obligación, sino porque los riesgos y el papeleo superan los beneficios. La claridad multilateral y las excepciones humanitarias podrían modificar este comportamiento.
Finalmente, hay que juzgar las sanciones por sus resultados, no por su simbolismo. Si el objetivo es la reforma democrática, una política que agrava la escasez y fomenta la migración, pero mantiene el sistema político inalterado, es una política fallida; una que requiere una reevaluación, no complacencia.
Levantar o suavizar las sanciones no es un respaldo al gobierno cubano; es reconocer que castigar a los civiles no es moral ni estratégicamente efectivo. Después de 60 años, el embargo no ha producido cambios. Ha provocado escasez, desesperación y una anciana en La Habana que mantiene un “mapa de medicamentos” en lugar de disfrutar de su jubilación.
Es hora de una política que beneficie al pueblo cubano, no de una que les dificulte la vida con la excusa de ayudarlos.
