La anarquía caribeña de Trump
Existe una diferencia entre la audacia y la ilegalidad. Lo que la administración Trump denomina una campaña para frenar el flujo de cocaína y castigar a los “narcoterroristas” en el Caribe se parece cada vez menos a una aplicación selectiva de la ley y más a una peligrosa e ilegal escalada, que, según abogados internacionales, expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos, podría equivaler a ejecuciones extrajudiciales, incluso asesinatos. Los recientes ataques marítimos que causaron la muerte de personas a bordo de pequeñas embarcaciones frente a las costas venezolanas no solo han inflamado un hemisferio ya conmocionado por la arriesgada política estadounidense, sino que han suscitado serias preguntas sobre si los responsables políticos estadounidenses están tratando el derecho internacional como algo opcional.
Comencemos con los hechos que importan. Las fuerzas estadounidenses atacaron embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico oriental este año, acciones que la administración defiende como necesarias para detener el narcotráfico y proteger las vidas estadounidenses. Según informes fiables, esos ataques han causado la muerte de docenas de personas e involucrado casos en los que los sobrevivientes fueron posteriormente atacados o abandonados a su suerte; circunstancias que grupos de derechos humanos y expertos de la ONU caracterizan como ejecuciones extrajudiciales ilegales. Human Rights Watch, tras investigar los hechos, concluyó que algunos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales según el derecho internacional. La oficina de derechos humanos de la ONU y los relatores especiales también han advertido que una “guerra contra los narcoterroristas” no puede servir de excusa para ejecuciones sumarias.
Los marcos jurídicos no son meras formalidades académicas. El derecho internacional de los conflictos armados, la Carta de las Naciones Unidas y los tratados de derechos humanos establecen restricciones claras al uso de la fuerza letal: debe ser necesaria, proporcional y dirigida contra objetivos militares legítimos. Atacar intencionalmente a personas que están fuera de combate o que no representan una amenaza inmediata, como los supervivientes que se aferran a los escombros, está claramente prohibido y puede considerarse un crimen de guerra. Por ello, destacados abogados internacionales y grupos de derechos humanos han solicitado investigaciones independientes: el patrón de ataques, la presunta falta de intervención y rescate, y las propias dudas del Pentágono sobre las órdenes y la rendición de cuentas plantean la posibilidad de responsabilidad penal al más alto nivel.
Estas preocupaciones legales tampoco son abstractas si se comparan con las recientes medidas políticas. Al designar al llamado “Cártel de los Soles” como organización terrorista extranjera y prometer públicamente aprovechar “nuevas opciones”, la administración ha ampliado el margen retórico y legal para respuestas cinéticas que no lleguen a una guerra declarada. La designación de terrorista del Departamento de Estado y las declaraciones del Pentágono sobre “nuevas opciones” se interpretan, con razón, como una luz verde para medidas más agresivas en aguas venezolanas y sus alrededores. El peligro es predecible: cuando los líderes políticos difuminan la línea entre sospechosos de delitos y terroristas, y cuando se otorga a los comandantes operativos una amplia discreción sin reglas de enfrentamiento transparentes, el resultado puede ser una erosión de las garantías legales básicas.
Peor aún, la rendición de cuentas se está evaporando justo cuando más se necesita. Los informes de que un alto funcionario de defensa podría haber ordenado ataques de seguimiento que afectaron a sobrevivientes —acusaciones que provocaron alarma bipartidista y solicitudes de investigación— deberían desencadenar una investigación independiente inmediata, en lugar de manipulación partidista y ofuscación ejecutiva. De verificarse, tales órdenes no serían meros errores de política, sino actos criminales. El precedente que esto sienta es catastrófico: al normalizar la impunidad por asesinatos ilegítimos, se normaliza la idea de que el poder estadounidense puede ejercerse al margen de la ley. Esto es un desastre estratégico a largo plazo; corroe la reputación moral de Estados Unidos y alimenta la misma inestabilidad que los responsables políticos afirman combatir.
También hay un costo político regional. Los gobiernos latinoamericanos —incluidos muchos tradicionalmente recelosos de Caracas— están horrorizados ante la disposición de Estados Unidos a llevar a cabo ataques letales con poca transparencia. La oficina de derechos humanos de la ONU y expertos independientes han instado a Estados Unidos a detener estas operaciones y respetar las normas internacionales. No se trata de ser indulgente con el crimen; se trata de garantizar que el Estado de derecho rija incluso ante los desafíos de seguridad más difíciles. Responder a la delincuencia transnacional exige cooperación, inteligencia y alianzas con las fuerzas del orden, no el espectáculo de misiles contra pequeñas embarcaciones que corren el riesgo de matar inocentes e inflamar el sentimiento antiestadounidense en todo el hemisferio.
La opción esencial es clara. La administración puede replantear su enfoque en torno a la interdicción legal, la cooperación multilateral y una supervisión independiente sólida, o bien redoblar la apuesta por una postura militarizada que fomente la ilegalidad y el reconocimiento infundado. Si el objetivo es salvar vidas, apegarse a la ley no es un obstáculo; es el único camino realista hacia una seguridad duradera. Si el objetivo es un cambio de régimen disfrazado de lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos se arriesga a exportar una violencia que volverá a atormentar las calles y la reputación de Estados Unidos por igual.
Los estadounidenses que se preocupan por la seguridad, la justicia y la reputación del país en el mundo deberían exigir dos cosas ahora: investigaciones transparentes e independientes sobre los ataques, y una articulación pública de normas legales claras que limiten el uso de la fuerza letal. Cualquier cosa menos que eso no es dureza, sino ilegalidad. Y el poder ilegal en nombre de la seguridad es la vía más segura hacia la injusticia.
