Ex ministro califica de “error económico y político” nueva resolución sobre comercio de Mipyme (+English)
La Resolución 56 de la Ministra de Comercio Interior ha creado una gran confusión y desasosiego no solo en las miles de MIPYMES y TPCP incluidos sus cientos de miles de trabajadores, que han creído en las seguridades del Estado y el Gobierno de que van a ser respetados y que no serán objeto de discriminación con respecto a las demás actores empresariales, en especial los estatales. Con esta Resolución, al amparo de las facultades que tiene el Ministerio de Comercio Interior de establecer las Licencias comerciales para todas las empresas que operan en la economía del País, sean estatales, privadas o cooperativas, este organismo ha impuesto su autoridad estatal, desconociendo los derechos de cientos de empresas de comercio mayorista del sector privado, en beneficio de las empresas estatales de comercio mayorista adscritas a ese Ministerio.
La forma empleada es realmente insultante. Y así se sienten, insultados y desprotegidos por las autoridades estatales que promulgaron Leyes que supuestamente los protegerían frente a arbitrariedades de la administración. Y sin ni siquiera reunirse con ellos, exponerles los problemas para conjuntamente encontrar soluciones viables para el comercio mayorista estatal a partir de las facilidades que el comercio mayorista privado tiene para encontrar financiamiento que le permitan abastecer al sector privado minorista y a través de el a la población, les han impuesto una Resolución, obligándolos a que en un periodo máximo de 120 días liquiden sus inventarios y le vendan solo a las empresas mayoristas de Comercio Interior.
¿Qué pueden pensar de tal actuación las demás MIPYMES, TCP y Cooperativas? Que en cualquier momento futuro les pudieran aplicar ese procedimiento expeditivo a ellas a favor de empresas estatales. Quizás no están en los planes de los decisores, pero tendrían elementos para pensarlo. Y lo mismo pudieran pensar eventuales inversionistas extranjeros de que de pronto un organismo como el de Comercio Interior, que ni siquiera participa en las negociaciones le saque a relucir un artículo de alguna ley que los faculta y les obligue a adoptar decisiones en contra de sus intereses.
Former minister calls new resolution on MSMEs an “economic and political error”
Estoy convencido que el Estado cubano tiene que garantizar que un Ministro no pueda sacar unas facultades debajo de la manga para afectar a negocios privados, e incluso estatales, que no se sometan a una discusión y análisis previo con ellos y se tengan en cuenta sus objeciones. Incluso que tengan donde reclamar. No debe ser nunca un Ministro quien pueda decidir en contra de intereses legítimos empresariales. Mi opinión tampoco debe tenerla el Gobierno. Quizás deban ser los tribunales, e incluso en el caso de grandes inversionistas, el Consejo de Estado.
Ignoro si el Primer Ministro conoció de esta Resolución tan importante y conflictiva tanto económica como políticamente. En cualquier caso, aun cuando no se le haya consultado por la Ministra, debería explicarle al Presidente y eventualmente al Consejo de Estado, las razones. Quizás no deben ser facultades de un Ministro solo adoptar decisiones de esa envergadura económica y política.
Joaquín Benavides Rodríguez. Ocupó el cargo de Jefe del Departamento económico del Comité Central (1977- 1980). El de Ministro- Presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (1980-1986). Fue Ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía (1986-1991). Entre 1991 y 2003 ocupó el cargo de Viceministro de Economía del Ministerio de Transporte.
Tomado de Cuba y la Economía.
