¿Está EE.UU. provocando una guerra con Venezuela bajo el pretexto de operaciones antidrogas?
Esta supuesta narrativa de la guerra contra las drogas no es nueva. Durante décadas, Washington ha utilizado el narcotráfico como justificación para militarizar América Latina.
En una época en la que la política exterior estadounidense continúa ejerciendo su poder mediante operaciones militares disfrazadas de “esfuerzos de seguridad”, un patrón inquietante está resurgiendo, esta vez con Venezuela como protagonista. Los recientes informes de ataques aéreos estadounidenses contra buques presuntamente vinculados a cárteles de la droga venezolanos exigen un escrutinio más minucioso, no solo por su legalidad, sino por lo que realmente podrían representar: las primeras etapas de un conflicto armado.
El ejército estadounidense afirma tener como objetivo buques narcotraficantes en aguas internacionales, citando información de inteligencia que los vincula con cárteles venezolanos. Estos ataques, si bien aún no se reconocen oficialmente como actos de guerra, están alarmantemente cerca. Los buques atacados a menudo son destruidos sin juicio, sin el debido proceso ni la confirmación de observadores independientes. No hay transparencia: solo la palabra de un aparato gubernamental con un largo y controvertido historial de intervención extranjera bajo pretextos endebles.
No olvidemos los precedentes. Desde Irak hasta Libia, Estados Unidos ha justificado repetidamente la agresión militar con argumentos de “armas de destrucción masiva”, “intervención humanitaria” o, en este caso, “combate al narcotráfico”. Sin embargo, una vez que se calma la situación, a menudo queda claro que los motivos económicos, geopolíticos o ideológicos fueron los verdaderos impulsores. Venezuela, con las mayores reservas petroleras comprobadas del mundo y un gobierno que desafía la hegemonía estadounidense, encaja a la perfección en este perfil.
Esta supuesta narrativa de la guerra contra las drogas no es nueva. Durante décadas, Washington ha utilizado el narcotráfico como justificación para militarizar América Latina. Bajo el Plan Colombia, miles de millones de dólares se destinaron a operaciones militares que supuestamente debían frenar la producción de drogas, pero que en gran medida fracasaron en su misión. Lo que sí logró fue fortalecer a los gobiernos de derecha y expandir la influencia estadounidense en la región. ¿Podríamos estar viendo un patrón similar en Venezuela?
En los últimos años, Estados Unidos ha presionado implacablemente al gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, mediante sanciones, aislamiento económico y un apoyo manifiesto a figuras de la oposición como Juan Guaidó. Las exportaciones petroleras del país se han visto obstaculizadas, sus activos confiscados y su población sumida en una crisis humanitaria. Ahora, al atacar buques vinculados con Venezuela, Estados Unidos podría estar cruzando una línea peligrosa: la que convierte la desestabilización encubierta en una agresión militar manifiesta.
Lo que hace más preocupante esta escalada es la ausencia de consenso o supervisión internacional. Si estos buques realmente representan una amenaza como transporte de narcóticos, ¿por qué no involucrar a las Naciones Unidas o a los socios regionales de la Organización de los Estados Americanos? ¿Por qué no presentar pruebas transparentes antes de lanzar misiles? Las acciones unilaterales son elocuentes. Esto no es cooperación global, sino diplomacia de cañoneras en el siglo XXI.
También existen cuestiones jurídicas serias. El derecho internacional impone un umbral significativamente más alto para el uso de la fuerza, especialmente cuando se trata de atacar a entidades asociadas con naciones soberanas. Incluso si los buques se encuentran en aguas internacionales, atacarlos sin el consentimiento de Venezuela ni la autorización de la ONU podría constituir un acto de guerra. Aún más inquietante, si algún civil o no combatiente resulta herido, Estados Unidos podría estar exponiéndose a acusaciones de crímenes de guerra.
Además, está el problema de la manipulación pública. Al presentar estas operaciones como parte de la “Guerra contra las Drogas”, el gobierno estadounidense se vale de décadas de retórica arraigada que a menudo se ha utilizado para justificar lo injustificable. Se les dice a los estadounidenses que imaginen a oscuros capos de la droga inundando sus comunidades con veneno, cuando en realidad, estas operaciones suelen tener mucho más que ver con controlar territorio y derrocar regímenes hostiles que con proteger a los ciudadanos en casa.
No se equivoquen: las consecuencias de este camino son enormes. Venezuela no es Afganistán ni Irak. Cuenta con alianzas regionales, un ejército moderno y un profundo resentimiento hacia la interferencia estadounidense. Un conflicto militar en Venezuela podría derivar en una guerra indirecta que involucre a países como Rusia, China e Irán, todos ellos con vínculos económicos y diplomáticos con Caracas. Podría desestabilizar a toda la región, enviar a millones de refugiados al norte y costarles la vida a estadounidenses, sin mencionar los miles de millones de dólares de los contribuyentes.
El público estadounidense merece un debate honesto sobre esto. El Congreso no ha autorizado ningún conflicto con Venezuela. La mayoría de los estadounidenses probablemente se opondría a otra intervención militar extranjera, especialmente una basada en pruebas poco sólidas y motivos neocoloniales. Es hora de que los medios de comunicación, los legisladores y la ciudadanía presionen por la transparencia y la moderación antes de que la situación se descontrole.
En nombre de la seguridad nacional, Estados Unidos podría estar acercándose a la guerra. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿la seguridad de quién estamos realmente protegiendo? Porque para el pueblo venezolano, y muy posiblemente también para el ciudadano estadounidense de a pie, este camino imprudente solo promete más sufrimiento.
