¿Cuánto pagan (realmente) las familias por la educación en Cuba?
Un uniforme para cada alumno de prescolar, de quinto y séptimo grados, y para los que inicien el preuniversitario y la enseñanza politécnica. En cuanto a vestuario, eso es todo lo que se distribuyó en la mayoría de las provincias cubanas con vistas al inminente curso escolar.
Ni siquiera en los pocos territorios que comercializaron más de un juego de prendas, ese “privilegio” benefició a todos los estudiantes. Por ejemplo, en la Isla de la Juventud, solo pudieron adquirir dos mudas completas los padres de los varones matriculados en preescolar y quinto, y los de las hembras que comenzarían la secundaria básica.
Ante las quejas de las familias, en provincias como Camagüey desde julio se había propagado el rumor de que “más adelante seguramente venderían más uniformes”. Fue una esperanza que los directivos de los ministerios de Educación e Industrias alentaron sin mayores argumentos hasta este 26 de agosto, cuando en la primera de las Mesa Redonda sobre el nuevo curso escolar se confirmó que durante septiembre se espera confeccionar alrededor de 800 000 uniformes adicionales. Será una producción que se destinará a la venta de un segundo juego a los grados iniciales de cada ciclo docente, y a los alumnos de cursos como primero y décimo.
Pero incluso si se cumpliera ese compromiso, se estarían distribuyendo 600 000 uniformes menos de los que necesita el país, según las estimaciones oficiales que cifraron la demanda en 3,6 millones de prendas escolares para el presente período lectivo.
Se trata del mayor déficit en la historia reciente de la Isla. Al igual que en cursos anteriores deberá ser afrontado por los padres.
Hasta el curso 2024-25 los alumnos de preescolar, quinto, séptimo y décimo grados recibían dos uniformes al menos una quincena antes del primer día de clases. Y más atrás en el tiempo era común que también los de otros años se beneficiaran con la entrega de juegos completos o al menos piezas independientes (camisas, blusas, faldas…). Era una práctica lógica, teniendo en cuenta los profundos cambios físicos que experimentan los niños y adolescentes, y el uso intenso a que someten la ropa durante los diez meses de escuela. Aun así, la mayoría de las familias se veían obligadas a conseguir uniformes adicionales por su cuenta.
Ana Lidia, una camagüeyana con dos hijos, de 10 y 14 años de edad, lleva varios cursos comprando uniformes “por la calle”, y reutilizando las prendas del mayor en el más pequeño. “No me imagino cómo hacen las madres que no pueden pagar los 800 o 1 000 pesos que piden en Revolico por un juego de short y camisa. Los niños son una lima, y acaban con la ropa en un abrir y cerrar de ojos. Para cada uno de los míos yo tengo cinco camisas y dos ‘shores’ o pantalones, y aun así paso trabajo”, explicó.
La disminución de las entregas estatales ha hecho florecer el comercio informal de uniformes, incluso con prendas traídas de Estados Unidos o confeccionados por atelieres privados.
Hace pocos días, cuando fue a comprar el vestuario para su hijo menor, que comienza quinto grado, Ana Lidia se enteró de que en principio solo le venderían una camisa y una ‘shorpeta’. “Si con dos no alcanzaba, ¿a quién se le ocurrió rebajarlo a una muda? Lo mejor del caso es que por esos días en el noticiero se la pasaban repitiendo que estaban ‘creadas todas las condiciones para el curso'”.
Las familias pagan… y colaboran
A comienzos de la última semana de agosto el esposo de Ana Lidia había planeado reunirse a otros padres para alistar el aula de su hijo pequeño. Durante un par de días pintarían el salón, y arreglarían la puerta, la pizarra, y algunas sillas y mesas. Todo lo necesario había sido comprado por ellos mismos luego de coordinarse a través de WhatsApp. En cuanto al grupo de secundaria del hijo mayor de Ana Lidia los gastos se anticipaban mucho menores. Las madres apenas habían acordado limpiar el aula y comprar un candado para la puerta.
Nadie recuerda cuándo se volvió tradición que las familias de los alumnos repararan las escuelas, aportaran útiles para el proceso docente e incluso se organizaran para “atender” a los maestros.
Esa “atención” ha cobrado popularidad en años recientes. Lo común no es que los padres entreguen dinero a los profesores, sino que los ayuden de diversas formas; por ejemplo, los médicos y estomatólogos, con atención sanitaria personalizada, y los cuentapropistas, con bienes y servicios. También, cuando termina el ciclo de varios grados atendido por un mismo docente, los padres suelen cederle los ventiladores y otros recursos aportados para mejorar el aula del grupo.
Se trata de una práctica que puede llegar a motivar historias tan singulares como la que en el curso 2023-24 protagonizaron un maestro espirituano y sus alumnos de quinto grado. Gracias a la mediación de una niña y de sus padres médicos, el profesor Ramón Rodríguez Pérez por fin pudo someterse a varias cirugías de mínimo acceso que le permitieron superar una enfermedad renal compleja.
Durante el proceso, la cooperación de los padres fue incondicional, le dijo al periódico Escambray una de las madres. “Recopilamos todos los insumos que hacían falta, desde las suturas, las jeringuillas, los guantes… También, hicimos un listado que se iba actualizando diariamente para llevarle desayuno, almuerzo y comida al maestro y a su familiar acompañante. Le llevábamos jabón, papel sanitario, pasta dental; es decir, todo lo que hiciera falta”.
“El magisterio es un trabajo tan mal pagado como desgastante, y cuanto se haga para compensarlo es poco”, piensa Ana Lidia, quien se felicita porque el grupo de su hijo tuviese profesor guía en séptimo y octavo grados, y que por el ruego de los padres el mismo se comprometiera a seguir con los chicos en su año terminal, que ahora comienza. “Su secundaria no es de las más malas, y aun así casi la mitad de las asignaturas no contaron con profesor fijo el curso pasado. En medio de ese caos el guía hace mucha falta, para que imponga algo de orden y les dé a los muchachos al menos los contenidos esenciales”.
Desde hace décadas, el completamiento de los claustros de la enseñanza secundaria es uno de los problemas de más difícil solución para las autoridades educacionales en Cuba. Camagüey, una de las provincias con mayor déficit de fuerza docente, comenzará este curso con una cuarta parte menos de los maestros que necesita (cerca de 2 400). La mayoría de las plazas sin cubrir se concentra en las secundarias y politécnicos.
Ese hecho obliga a muchos padres al esfuerzo adicional de contratar “repasadores” para sus hijos. En justicia, muchas veces en las pequeñas academias particulares no se imparten repasos sino los contenidos que los niños y adolescentes deberían haber recibido en las escuelas. “El año pasado a mi hijo le dieron matemática dos profesores distintos y un estudiante del Pedagógico. Al final, tenía un batiburrillo tremendo en la cabeza. La suerte era que iba al repaso tres tardes por semana y fue allí donde aprendió el contenido”, describió Ana Lidia.
Cuando con la “prioridad” no alcanza se recurre a la solidaridad
Hace pocos días la ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo, concluyó su habitual recorrido por el país previo al curso escolar. Durante ese programa de reuniones agradeció la ayuda de diversos ministerios y organismos en el alistamiento de las escuelas, y convocó a que su colaboración no se interrumpa luego del comienzo de las clases. “Para nosotros es fundamental, debido a la situación que vive el país y a las complejas condiciones en que se desarrollará este período lectivo”, dijo en Camagüey.
Aunque junto a la Salud Pública, la Educación sigue recibiendo las mayores partidas del presupuesto estatal, en la práctica esos recursos han ido perdiendo su capacidad para solventar las necesidades del sector. “No hay precio que no suba de un año para otro, o incluso en pocos meses. Eso, sin mencionar todo el dinero que se queda en el banco porque no hay cómo gastarlo. Un ejemplo son las computadoras de la mayoría de las primarias y secundarias. Copextel, la empresa estatal que debería darles mantenimiento, no tiene condiciones para hacerlo, y los particulares cobran tanto que no es posible contratarlos”, lamentó un funcionario de la Empresa Provincial de Aseguramiento a la Educación en Camagüey.
En las zonas rurales las cooperativas llevan años haciéndose cargo de las pequeñas escuelas multigrado, gracias al dinero las llamadas cuentas sociales, que se engrosan con los aportes de sus asociados. Ese esquema de colaboración fue elogiado por la Ministra durante la mesa del 26 de agosto. “Hemos aprendido del trabajo en redes y de las soluciones en los municipios. Lo podemos encontrar en una escuela rural, donde una cooperativa está aportando, o en la labor de familias que se unen, o de empresas de determinada área de producción, para dar una respuesta”, resaltó.
Pero no es una alternativa viable para centros más grandes, o que se ubican en poblados y ciudades; tampoco para hacer frente a gastos que se extienden a lo largo del curso, como la alimentación. Estos deberían ser asumidos por el Ministerio de Educación a partir del presupuesto que le transfiere el gobierno central. Sin embargo, cada vez más mayores franjas de responsabilidad son transferidas a otras instituciones o a las familias.
Durante el curso pasado casi todos los padres –entre una decena de consultados para esta nota, con hijos en la enseñanza primaria y secundaria– tuvo que empezar a darle el “almuerzo completo” a sus hijos a causa de la mala calidad del proporcionado por las escuelas. “Siempre le habíamos puesto el ‘refuerzo’ [plato fuerte] al niño, pero ya con eso no basta. Desde enero de este año estuvieron meses sin darle arroz tan siquiera. En el mejor de los casos le ponían un caldo y una masa cárnica maloliente. Se le decía almuerzo a falta de un nombre mejor”, declaró la madre de un niño de 11 años, matriculado en un seminternado de la capital camagüeyana.
Las redes sociales están llenas de denuncias sobre casos similares, que se reportaron hasta en planteles de enseñanzas priorizadas, como la artística y la deportiva. Nada indica que las condiciones económicas del país mejoraran desde entonces, lo que hace muy probable que vuelvan a repetirse.
“Mi suerte es que mi esposo está afuera, y todos los cursos manda hasta los sacapuntas de allá, pero si no tuviera esa posibilidad me las vería negras para preparar a la niña para la escuela”, comentó la madre de una adolescente que este curso ingresará a la enseñanza secundaria. Trabaja como dependienta en una tienda particular de la concurrida calle República, en Camagüey, donde venden mochilas, zapatos y otros artículos muy demandados en tiempos de escuela. Según sus cálculos, pertrechar a un estudiante no baja de los 15 000 o 20 000 pesos, solo para llegar al primer día de clases. “Con todo y que la educación sea gratuita, a los padres bien que nos cuesta”.
“Me gustaría que se usara un lenguaje menos engañoso y que refleje mejor la realidad. El término ‘norma ajustada’ da la idea que no es lo ideal, pero resuelve. En las escuelas primarias en Playa, La Habana, para 4to grado, más de 6 asignaturas y sólo 3 libretas. El resto, del bolsillo de papá y mamá, en el entorno de 200 pesos cada una. Bolsillo que es el mismo para forros, mochilas, zapatos, medias, merienda. Y no estoy contando transporte para el que lo requiera”, cuestionó un lector que firmó como Luis T en la sección de comentarios de Cubadebate. En respuesta, desde el Ministerio de Educación le confirmaron, en esencia, lo que él ya había razonado: “norma ajustada” significa que los alumnos recibirán solo la mitad de las libretas y otros materiales gastables para el curso. El resto, desde la fría lógica institucional, deberán aportarlos los padres.
