Cuadrar el presupuesto a costa de los habitantes más vulnerables del sur de Florida

Cuando los congresistas del sur de Florida, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, votaron a favor de una enmienda constitucional para equilibrar el presupuesto, se alinearon con un argumento familiar en Washington: la responsabilidad fiscal.

Pero aquí, en el sur de la Florida, ese voto significa algo muy distinto. Porque en Miami-Dade y las áreas cercanas, el presupuesto federal no es solo una idea; es una cuestión de supervivencia.

Esta región cuenta con una de las poblaciones más envejecidas de Estados Unidos. Cientos de miles de residentes dependen del Seguro Social no como un complemento, sino como su principal ingreso. Medicare no es opcional: es la diferencia entre recibir atención médica o no recibirla. Medicaid cubre las brechas para los más vulnerables. Y la Ley de Cuidado de Salud Asequible —“Obamacare”— tiene una de sus tasas de inscripción más altas del país precisamente aquí, en el sur de la Florida.

Estos no son simples rubros presupuestarios; son salvavidas. Entonces, ¿qué significa realmente una enmienda de presupuesto balanceado en este contexto?

El gobierno federal opera actualmente con déficits de entre 1 y 2 billones de dólares al año. Un requisito constitucional para eliminar ese déficit obligaría al Congreso a tomar decisiones inmediatas y drásticas: aumentar significativamente los impuestos, recortar el gasto o hacer ambas cosas.

Y aquí es donde la retórica política choca con la realidad matemática.

Las mayores partidas del gasto federal son el Seguro Social, Medicare, Medicaid y la defensa. No existe una forma realista de lograr un presupuesto equilibrado, al menos no dentro del plazo que exigiría una enmienda de este tipo, sin ejercer una enorme presión sobre estos programas.

Los partidarios afirman que la enmienda no exige recortes. Eso es técnicamente cierto. Pero eluden la verdadera pregunta: ¿qué, específicamente, se recortaría entonces?

Mientras los llamados a la austeridad aumentan cuando se habla de programas domésticos, Washington ha mostrado mucha menos vacilación al gastar en prioridades militares. Estados Unidos continúa asignando grandes sumas a la defensa, preparándose para posibles conflictos — incluido Irán — y enviando miles de millones en ayuda al extranjero, incluyendo a Israel durante una campaña devastadora y ampliamente condenada en Gaza.

Parece que los déficits son aceptables — dependiendo de en qué se gasten.

Esa contradicción es importante, especialmente en el sur de la Florida.

Esta es una región donde muchos jubilados viven con ingresos fijos que ya no alcanzan para vivir en la economía actual. Es un lugar donde las familias trabajadoras dependen de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible para pagar un seguro médico. Aquí, los costos de la salud, la vivienda y los alimentos siguen aumentando más rápido que los salarios o los beneficios.

Hablar de equilibrar el presupuesto sin especificar qué se va a recortar no es responsabilidad fiscal; es evasión política. Y emitir ese voto mientras se representa a una de las poblaciones más dependientes del gasto federal del país es aún más que eso: es una apuesta.

• Una apuesta de que los recortes se harán en otro lugar.
• Una apuesta de que la reacción política podrá controlarse.
• Una apuesta a que los programas que sostienen a esta comunidad, de alguna manera, se salvarán.

Pero si las matemáticas nos dicen algo, es que esas suposiciones probablemente no se sostendrán.

Una enmienda constitucional no es solo un mensaje político; es una restricción vinculante. Una vez aprobada, no se inclina ante la conveniencia política ni ante las promesas de campaña. Obliga a tomar decisiones difíciles e inmediatas.

Y esas decisiones no se tomarán de forma abstracta. Se sentirán aquí: en las comunidades de jubilados de Miami, en los vecindarios de clase trabajadora y en los hogares donde un cheque del Seguro Social o un plan de salud subsidiado marca la diferencia entre la estabilidad y la crisis.

Díaz-Balart, Giménez y Salazar pueden describir sus votos como un apoyo a la disciplina fiscal. Pero en el sur de la Florida, una disciplina aplicada sin claridad es casi lo mismo que un riesgo.

La verdadera pregunta no es si se debe equilibrar el presupuesto, sino quién asumirá el costo. Y en esta comunidad, la respuesta puede que ya esté escrita.