Corrupción institucional
Sistemas de armas que el propio Pentágono afirma no necesitar siguen financiándose, simplemente porque las fábricas se encuentran en distritos congresionales clave.
Cada vez que se cuestiona la magnitud del gasto militar de Estados Unidos, sus defensores insisten en que el sistema es simplemente ineficiente, no corrupto. Pero a estas alturas, es justo — y de hecho necesario — plantear una pregunta más incómoda: ¿cuánta parte del presupuesto de defensa de Estados Unidos está impulsada no por la seguridad nacional, sino por el dinero político y el lucro privado?
Estados Unidos no se limita a financiar a sus fuerzas armadas. Financia un vasto ecosistema en la industria de la defensa: grandes contratistas, subcontratistas, cabilderos, consultores, centros de pensamiento y campañas políticas, todos financieramente dependientes de los presupuestos del Pentágono, en constante aumento. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics no solo fabrican armas; también gastan decenas de millones de dólares cada año en presionar al Congreso y en financiar campañas políticas. Su modelo de negocio depende, por encima de todo, de una sola cosa: los contratos gubernamentales.
Y el Congreso, año tras año, cumple.
Sistemas de armas que el propio Pentágono afirma no necesitar siguen financiándose, simplemente porque las fábricas se encuentran en distritos congresionales clave. Los sobrecostos se toleran, e incluso se normalizan. Los programas que fracasan repetidamente son rebautizados en lugar de cancelarse. En muchos casos, los legisladores que votan los presupuestos de defensa se encuentran entre los principales receptores de contribuciones de campaña de la industria armamentística.
Puede que esto no siempre encaje en la definición legal de corrupción, pero sí encaja de manera inequívoca en la definición moral.
La puerta giratoria
Luego está la llamada puerta giratoria, quizás la manifestación más clara de aquello contra lo que advirtió el presidente Dwight D. Eisenhower en su discurso de despedida, cuando alertó a los estadounidenses sobre el ascenso del “complejo militar-industrial”.
Generales y almirantes retirados pasan con frecuencia a ocupar puestos lucrativos en los consejos de administración de contratistas de defensa o como consultores altamente remunerados. Exfuncionarios del Pentágono se deslizan sin fricción hacia cargos ejecutivos en grandes corporaciones. A su vez, ejecutivos de la industria de defensa son nombrados para altos cargos gubernamentales desde los cuales supervisan a las mismas empresas para las que trabajaron —o para las que pronto volverán a trabajar—.
Los incentivos son evidentes. Un sistema de armas promovido hoy en el Pentágono puede convertirse mañana en un contrato de consultoría de siete cifras. La supervisión se debilita. El escepticismo se desvanece. Los presupuestos crecen.
Esto no es una hipótesis. Está documentado, es rutinario y bipartidista.
Guerra permanente, ganancias permanentes
Estados Unidos ha estado en guerra — o involucrado en operaciones militares — de manera casi continua durante el último cuarto de siglo. Desde el 11 de septiembre, miles de millones de dólares han fluido hacia el gasto en defensa, a menudo con escaso debate y aún menos rendición de cuentas. Cuando las guerras terminan, los presupuestos no se reducen. En su lugar, encuentran nuevas justificaciones: competencia entre grandes potencias, nuevas amenazas y tecnologías emergentes.
El miedo se convierte en una estrategia de financiamiento.
Mientras tanto, a los estadounidenses se les dice que no hay dinero para la atención médica universal, la universidad asequible, la infraestructura moderna ni la seguridad en la jubilación. Los programas sociales se examinan hasta el último centavo. El gasto militar, en cambio, se aprueba sin objeciones, presentado como una cuestión de patriotismo.
Eisenhower tenía razón
Eisenhower no era un pacifista. Era un general de cinco estrellas. Y, aun así, advirtió que el poder sin control de la industria de defensa representaba una grave amenaza para la democracia misma, porque cuando el lucro y la influencia política se fusionan con la seguridad nacional, el interés público pasa a un segundo plano.
Esa advertencia nunca ha sido tan pertinente.
Si tan solo el 25 % del presupuesto de defensa se redirigiera hacia la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y la infraestructura —como se expone en un artículo reciente de Progreso Weekly titulado “El hábito militar de un billón de dólares de Estados Unidos”—, Estados Unidos seguiría siendo, con amplia diferencia, la mayor potencia militar del mundo. Lo que cambiaría sería a quién realmente sirve el gobierno.
La pregunta que deberían hacerse los estadounidenses no es si apoyan a las tropas. La verdadera pregunta es si están dispuestos a seguir apoyando un sistema en el que el gasto interminable beneficia a contratistas, donantes de campañas y élites de la puerta giratoria, mientras a la gente común se le pide que acepte la escasez.
Eso no es defensa nacional. Eso es distorsión nacional.
