
Aniversario 46 de Viajes Varadero (Parte II). La persecución (+English)
El 10 de julio de 1979 tanto Ricardo Fraga como yo solicitamos licencia para poseer y portar armas de fuego como comerciantes y jefes de familia, ante todas las acciones terroristas, incluyendo el asesinato de Carlos Muñiz. Hay que señalar que, según documentos desclasificados, el FBI neutraliza el 6 de julio una conspiración planificada por Reynol Rodríguez González para asesinar al banquero Bernardo Bennes, de la Florida, y a mí. A mediados de julio y principios de agosto, Julio Labatud solicita a Félix Tuto Zavala que registrara el itinerario de salida y entrada al edificio donde yo vivía -obligatoriamente teníamos que pasar por enfrente de su casa para poder entrar a nuestro edificio-, con el propósito de poder preparar un atentado contra mí. El jefe de la policía, Desiderio Cartagena, quien había sido director de la División de Inteligencia, escribe denegando la solicitud de licencia de armas de fuego por “no haber sido considerada favorablemente” nuestra petición. Nuestros abogados radicaron el 24 de septiembre una demanda ante el tribunal para emplazar al jefe de la policía a que presentara prueba para la denegación de la licencia. La parte policiaca no asistió a la citación del tribunal el 18 de octubre y el juez declaró válida nuestra petición de la licencia de poseer y portar arma, y fue emitida formalmente el 13 de noviembre de 1979. El 26 de julio se había colocado una segunda bomba que, por defecto de su fabricación, no había detonado. La idea era dejarnos indefensos y obligarnos a armarnos ilegalmente para luego poder arrestarnos y sacarnos de circulación.
Mientras esto sucedía, la Comisión de Servicio Público, entonces encargada de regular las agencias de viajes en el país, emitía una orden de cese y desista a Viajes Varadero por no cumplir con los trámites requeridos. Ya nosotros habíamos radicado algunos documentos, pero no todos, para poder obtener la licencia de agencia de viajes. Nuestro abogado radicó una moción donde estableció que nosotros no vendíamos boletos aéreos en líneas aéreas comerciales, sino que eran vuelos chárter que se originaban en Miami y no estaban regulados por la Comisión de Servicio Público. Libramos otro intento de cumplir con la resolución del Senado de Puerto Rico del 24 de enero (Ver Parte I).
Luego de muchos años, en 1995, descubrimos por vía de peticiones de desclasificación de información, que desde 1983 hasta 1991, el FBI desarrolló una intensa vigilancia contra nosotros y contra Viajes Varadero, llegando a entrar a nuestras oficinas y armar documentos que aparecían triturados, a vigilar nuestro movimiento con una avioneta, y a redactar reportes sobre nosotros cada tres meses, luego cada seis meses y al final uno al año. Todo surgió porque una cubana clienta nuestra y prima de unos compañeros de Nueva York, alegó que yo la vigilaba desde mi carro frente a su casa. Ella era esposa del supervisor del FBI, Víctor González, quien atendía las actividades terroristas en Puerto Rico. Todo fue un montaje que aún no se ha podido esclarecer y que en la práctica justificó una investigación profunda contra nosotros por un tiempo prolongado sin resultado alguno para lo que perseguía el FBI, que era declararnos “agentes no inscritos” y retirarnos la ciudadanía estadounidense.
Otro incidente que tuvimos que atender desde Viajes Varadero fue cuando el terrorista convicto Antonio de la Coba, quien se encontraba bajo probatoria en Puerto Rico y se desempeñaba como director del semanario La Crónica, publicó fotos de la autopsia de Carlos Muñiz en septiembre de 1983, obligándonos a radicar en nombre de la viuda, Pilar Pérez, una petición de interdicto y demanda por daños ante el Tribunal Superior de San Juan. Ambas acciones tuvieron resultados positivos: logramos prohibir la publicación de las fotos por un periodo de casi 10 años y se otorgó a la familia una indemnización de cien mil dólares. A consecuencia de este pleito legal y por las querellas que radicamos ante la Oficina de Probatoria Federal por violación de Antonio de la Coba ante sus restricciones de libertad bajo palabra (probatoria), fue encarcelado el 26 de marzo de 1985 y puesto en libertad tres meses después por alegarse en el tribunal que no había violación de sus restricciones de libertad bajo palabra. Los federales lo protegían y, en nuestro criterio, lo reclutaban.
Este tipo de obstáculo y, diríamos, persecución por parte del Estado a Viajes Varadero y sus directivos no cesarían. El 29 de noviembre de 1993 recibimos una orden de cese y desista en cuanto a las remesas a Cuba, emitida por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, encargada de regular y vigilar todas las transacciones monetarias de la banca e instituciones financieras en Puerto Rico. De nuevo tuvimos que recurrir a nuestro abogado para preparar una moción alegando que dicha institución no tenía jurisdicción sobre este tema bajo el argumento legal de “campo ocupado” por otra jurisdicción superior, que en este caso sería el gobierno federal por vía de OFAC (Office of Foreign Assets Control), quienes son los que emiten una licencia y autorización para realizar esos trámites con Cuba. Luego de una vista física y de presentar el escrito legal, a la institución financiera no le quedó más remedio que desestimar la orden el 19 de abril de 1994.
Viajes Varadero’s 46th Anniversary – Part II Persecution (+Español)
En octubre de 1998, la Cámara de Representantes por vía del representante anexionista, Ángel M. Cintrón García, exdirigente de la juventud y partícipe en los piquetes de apoyo al terrorista convicto Antonio de la Coba cuando este era investigado por la Comisión de Derechos Civiles en 1987, aprobó una resolución y orden para investigar a las agencias que desde Puerto Rico organizaban visitas a Cuba. La citación a Viajes Varadero decía que se investigaban a agencias de viaje por “alegadamente [SIC] organizar viajes de estudiantes y profesores en Puerto Rico a Cuba sin autorización de agencias federales”. De nuevo y con la experiencia que ya teníamos con el “cese y desista” de las instituciones financieras, volvimos con la argumentación legal del “campo ocupado” por otra jurisdicción superior. Con eso se pudieron desmantelar las malas intenciones de criminalizar las actividades que realizaban Viajes Varadero y otras agencias similares en cuanto a las salidas a Cuba.
Aunque los actos violentos contra Viajes Varadero habían cesado luego de la tercera bomba, colocada el 19 de enero de 1980, las campañas organizadas por los grupos terroristas y contrarrevolucionarios por la vía mediática o por los contactos e influencias que podían tener en el gobierno de Puerto Rico para iniciar las investigaciones anteriormente señaladas, continuaban. Un incidente que pudo haber tenido consecuencias graves se llevó a cabo el 2 de septiembre de 1994, cuando un grupo de cubanos encabezados por Guillermo Toledo, Sergio Ramos y por Julio Labatud, muy estrechamente vinculados a lo que había sido el semanario La Crónica, junto a una veintena de cubanos, organizaron una demostración frente al edificio federal para protestar por el hundimiento en La Habana del remolcador 13 de marzo, donde murió un grupo de personas. Estando allí, además de tener discusiones con periodistas que cubrían la protesta, decidieron trasladarse, junto a dos ataúdes que llevaron, al frente de las oficinas de Viajes Varadero. Por suerte, en el área del piquete había dos compañeros puertorriqueños que escucharon la conversación y vinieron a alertarnos. Ese día éramos solo tres en la agencia, más mi hijo mayor que, casualmente, había pasado para saludar, y los dos puertorriqueños que vinieron a alertarnos. La actitud de los manifestantes era agresiva y se acercaban a la entrada de nuestra sede. Conociendo el elemento, pensé que se podían atrever a entrar y vandalizar las oficinas. Me acorde de que teníamos unos palos en la oficina, cogimos uno cada uno y nos cuadramos a la entrada en mensaje claro de que, si lo intentaban, no iba a ser impunemente. Fueron momentos tensos, donde los insultos y las amenazas se llevaron a cabo a una corta distancia. Mi orientación fue no responder a los ataques y limitarnos a defender la entrada a la oficina. En un momento dado, una empleada, sin encomendarse a nadie y de forma irresponsable o tal vez nerviosa, lanzó un objeto hacia el exterior de las instalaciones. Esto dio pie a que los manifestantes usaran ese hecho para radicar una querella ante la policía por agresión, cuando realmente desde el principio, ellos habían sido los agresores. Nosotros, por nuestra parte, radicamos una querella ante la policía por amenazas y por poner en riesgo la seguridad y la vida de los que se encontraban en la oficina de Viajes Varadero. También se radicó ante el Colegio de Abogados una denuncia al licenciado Guillermo Toledo por violación de los Cánones de Ética, por ser parte de los que dirigieron la manifestación de carácter amenazante, poniendo en riesgo su título de abogado. Al parecer, esta denuncia los hizo pensar en el peligro que corrían y los abogados de ambas partes negociaron el 30 de marzo de 1995 un acuerdo donde las partes retiraban sus querellas ante la policía, retiraban cualquier demanda civil y, lo más importante, se reconocía que ambas partes tenían el derecho a “expresar sus puntos de vista políticos y sus creencias filosóficas e ideológicas de manera civilizada y ordenada” y que los “firmantes se comprometen a respetar el derecho de libre expresión que tiene todo ciudadano y a actuar dentro del marco legal de Puerto Rico en el reclamo de sus creencias ideológicas”. Este hecho fue un triunfo para nosotros, al menos simbólico, en cuanto a que los representantes de la contrarrevolución cubana en Puerto Rico se vieron obligados a reconocer en un documento nuestro derecho a expresar nuestras ideas políticas.
Siguiendo el ejemplo de los compañeros de la empresa Marazul, los cuales venían de experiencias parecidas a las nuestras en sus orígenes, decidimos publicar entre los años de 1987 – 1989 un boletín de cuatro páginas bajo el nombre de Varadero Informa con el propósito de dar a conocer a nuestros clientes los cambios y servicios que se estuvieran produciendo en Cuba para facilitarles su estadía en la isla. Revisando dichos boletines podemos recordar cuándo se iniciaron las remesas, la autorización para que los cubanos pudieran salir de visita al exterior, la extensión del tiempo para poder permanecer en Cuba de 7 a 14 días, así como las primeras autorizaciones para que los cubanos salidos de Cuba después de 1978 pudieran regresar de visita. En el boletín Varadero Informa del año 2, número 1 de septiembre de 1988, conmemoramos nuestro 10º aniversario e hicimos una evaluación del desarrollo de los viajes. Allí decíamos: “Quisiéramos concluir diciéndoles que seguimos insistiendo ante las autoridades cubanas para que nos concedan las cuatro solicitudes básicas de la comunidad cubana en Puerto Rico: que se elimine la limitación de viajar una vez al año, que el pago del hotel sea voluntario y no obligatorio, que se les permita permanecer por más tiempo (15 días) y que flexibilice la prohibición de viaje a todos aquellos que salieron después de 1978”.
El ciclo de vida de la empresa de Viajes Varadero se aproxima a su fin, aunque hubiéramos deseado permanecer más tiempo. La voluntad, la disciplina, el compromiso, el sacrificio, la solidaridad y la suerte nos ha permitido transitar durante estos 46 años, dando el mejor servicio posible y defendiendo los intereses de nuestros clientes, a pesar de haber enfrentado momentos en los que no se sabía dónde estaban los amigos y dónde los adversarios. Hemos superado muchos obstáculos y derrotado a muchas personas y grupos que no deseaban que nosotros existiéramos. Nos vamos con la convicción de no habernos enriquecido en este proceso y de no habernos dejado intimidar por fuerzas superiores. Todo esto es el mejor homenaje a nuestro compañero Carlos Muñiz Varela.
Raúl Álzaga fundador y actual presidente de Viajes Varadero, San Juan, Puerto Rico.