Cuando el anticomunismo se vuelve selectivo
El anticomunismo ha definido durante mucho tiempo la identidad política de los cubanoamericanos de Miami.
Durante décadas, Marco Rubio ha construido su carrera política sobre una premisa contundente: los gobiernos autoritarios amenazan la libertad, los regímenes hostiles deben ser confrontados y Estados Unidos no debe hacer concesiones a los dictadores que atacan a las naciones democráticas.
Ha defendido ese argumento repetidamente contra Cuba y Venezuela. Su oposición intransigente al Gobierno cubano contribuyó a convertirlo en una figura política nacional y, desde enero de 2025, ocupa el cargo de secretario de Estado del presidente Donald Trump. Pero ahora Rubio enfrenta una prueba especialmente incómoda: ¿está dispuesto a defender esos mismos principios cuando es su propio presidente quien parece apartarse de ellos?
Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, Rubio y otros republicanos cubanoamericanos de Miami tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus convicciones en un conflicto que afectaba directamente la soberanía de una nación democrática. Varios lo hicieron.
En abril de 2024, los representantes Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez votaron a favor de una legislación que proporcionaba asistencia de seguridad adicional a Ucrania. Giménez afirmó que los ucranianos se estaban quedando sin “tiempo, balas y armas” y que necesitaban armamento para defenderse. La representante María Elvira Salazar también condenó la invasión rusa, aunque puso mayor énfasis en la responsabilidad europea y en condicionar la ayuda estadounidense.
El principio que defendían era claro: ninguna nación poderosa debería poder invadir a su vecino, apoderarse de su territorio e imponer su voluntad por la fuerza sin afrontar consecuencias significativas.
Sin embargo, la administración Trump está reduciendo ahora la presión sobre Moscú. En octubre de 2026, Trump eximió de su aplicación las sanciones contempladas en la Ley Lindsey O. Graham para Sancionar a Rusia e Irán, aprobada con apoyo bipartidista. La exención, que entró en vigor el 16 de octubre, abarcó a funcionarios rusos, oligarcas, bancos, empresas estatales y otras entidades. Trump justificó la decisión argumentando que imponer sanciones interferiría con los esfuerzos para negociar el fin de la guerra.
La decisión generó críticas de ambos partidos. Diecisiete demócratas y cinco republicanos de la Cámara de Representantes instaron a la administración a aplicar las sanciones “en toda su extensión y sin demora”. Otro grupo bipartidista de senadores cuestionó el enfoque de la administración respecto a la energía rusa y reclamó que se impusieran las sanciones previstas.
También surgieron interrogantes sobre el apoyo de inteligencia estadounidense a Ucrania. Aunque Trump afirmó que Estados Unidos seguía compartiendo información de inteligencia, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski señaló que ese flujo se había interrumpido brevemente antes de restablecerse. La asistencia es fundamental para que Ucrania pueda detectar los lanzamientos de misiles rusos.
Estas decisiones plantean una pregunta directa a Rubio: ¿cómo concilia la reducción de la presión sobre Rusia con su larga defensa de una política firme frente a los gobiernos autoritarios?
Como secretario de Estado, Rubio no es un simple espectador de la política exterior estadounidense. Forma parte de la administración responsable de esas decisiones y tiene la responsabilidad de defender los intereses del país. Su cargo no le exige respaldar automáticamente cada decisión presidencial. El público tiene derecho a saber si comparte el nuevo enfoque hacia Moscú, si ha planteado objeciones dentro de la administración y cómo justifica cualquier cambio respecto a las posiciones que defendió durante años.
Rubio y sus aliados han sostenido que hacer concesiones a gobiernos hostiles puede tener consecuencias peligrosas. Han invocado ese argumento para defender las sanciones contra Cuba, presionar al Gobierno de La Habana y enfrentarse a regímenes alineados con Moscú.
Si ese principio es válido, también debería aplicarse a Vladímir Putin.
La misma pregunta se extiende a los republicanos cubanoamericanos de Miami que integran el Congreso. Díaz-Balart advirtió que abandonar a Ucrania envalentonaría a Putin y a otros agresores. Giménez apoyó medidas más contundentes contra el sector energético ruso y pidió suministrar a Ucrania las armas necesarias para defenderse. Salazar condenó la invasión rusa, al tiempo que reclamó una mayor participación europea y una mayor rendición de cuentas por parte de Estados Unidos.
¿Mantienen esas posiciones ahora que el presidente de su propio partido está reduciendo la presión sobre Moscú? ¿Apoyan la exención de las sanciones? ¿Han exigido explicaciones? Si discrepan de la administración, ¿están dispuestos a decirlo públicamente?
Son preguntas legítimas, no ataques partidistas.
Para los cubanoamericanos, el asunto tiene, además, una dimensión histórica. Muchos miembros de esta comunidad huyeron de Cuba porque se oponían a un gobierno que consideraban represivo. Durante décadas han insistido en que el mundo no debe normalizar el autoritarismo. Sus experiencias merecen respeto, y sus preocupaciones sobre Cuba no deben desestimarse.
Pero condenar el autoritarismo en La Habana mientras se justifica la agresión de Moscú debilitaría el argumento moral que esa postura política ha sostenido durante años. La oposición al comunismo pierde fuerza cuando se convierte en un arma contra los adversarios y deja de aplicarse a gobiernos autoritarios favorecidos por los propios dirigentes.
Rusia no es la Unión Soviética, y su invasión de Ucrania no equivale al sistema político cubano. Los países y las circunstancias son diferentes. Pero esas diferencias no eximen a los dirigentes políticos de explicar por qué aplican determinadas normas a unos gobiernos y adoptan una postura distinta frente a otros.
Nadie le pide a Rubio ni a los republicanos de Miami que abandonen su partido. Se les pide que expliquen cómo encajan las decisiones actuales de Washington con las convicciones que han defendido durante décadas.
Si la agresión de Putin era inaceptable antes, ¿por qué debería serlo menos ahora? Si los ingresos rusos procedentes de la energía contribuyen a financiar la guerra, ¿por qué sería aceptable aliviar la presión económica? Y si enfrentarse a los dictadores es una cuestión de principios, ¿debería esa postura depender de si el presidente es demócrata o republicano?
El anticomunismo ha definido durante mucho tiempo la identidad política de los cubanoamericanos de Miami. Para Marco Rubio, que ha hecho de esa posición una de las señas de identidad de su trayectoria pública, la política hacia Rusia plantea una pregunta que no puede eludir: ¿seguirá defendiendo los principios que lo llevaron a la primera línea de la política nacional, incluso cuando hacerlo pueda significar discrepar con el presidente a quien sirve?
