La guerra silenciosa de Estados Unidos en el mar y la peligrosa erosión del derecho

Según cualquier criterio jurídico o moral razonable, lo que Estados Unidos ha hecho durante los últimos nueve meses en el Caribe y el Pacífico Oriental no es la aplicación de la ley; es el uso de fuerza letal sin rendición de cuentas.

Más de 200 personas han muerto en ataques estadounidenses contra pequeñas embarcaciones, muchas de ellas en aguas cercanas a Venezuela y a lo largo de rutas históricamente vinculadas a la migración y al comercio informal. La administración Trump justifica estas acciones alegando que están dirigidas contra el narcotráfico. Sin embargo, no se ha presentado ninguna prueba pública convincente que demuestre que las embarcaciones destruidas transportaban narcóticos o que las personas asesinadas pertenecían a cárteles organizados.

No se trata de una simple irregularidad procedimental. Se trata de una violación que golpea el núcleo mismo del derecho internacional.

Durante décadas, Estados Unidos abordó la interdicción de drogas como un asunto de aplicación de la ley, encabezado principalmente por la Guardia Costera. Ese enfoque se basaba en detenciones, pruebas y el debido proceso. Lo que lo ha sustituido es algo mucho más inquietante: una campaña militar de facto llevada a cabo fuera de cualquier campo de batalla reconocido, sin autorización del Congreso y sin cumplir con los estándares jurídicos que rigen los conflictos armados.

Académicos del derecho, exabogados militares y expertos en derechos humanos han empleado términos contundentes para describir estos ataques: “ejecuciones extrajudiciales” e incluso “asesinatos”. Su preocupación no es hipotética. El derecho internacional humanitario permite el uso de la fuerza letal en conflictos armados, pero únicamente bajo condiciones estrictas. La afirmación del gobierno estadounidense de que está “en guerra” contra los narcotraficantes lleva esas definiciones más allá de sus límites.

Las implicaciones van mucho más allá de las víctimas inmediatas. Los militares encargados de ejecutar estos ataques enfrentan una difícil disyuntiva: obedecer órdenes que podrían ser ilegales o arriesgar sus carreras y su libertad al negarse a cumplirlas. Los informes de que algunos han buscado discretamente asesoría legal reflejan la gravedad de la situación. La preocupación generalizada es que nadie rinda cuentas, especialmente si se utilizan indultos presidenciales para proteger posteriormente a quienes participaron en estas operaciones.

Así es como se erosionan las normas: no mediante declaraciones dramáticas, sino a través de excepciones repetidas.

El contexto geopolítico agrava aún más el problema. Mientras Washington denuncia con estridencia a gobiernos como los de Cuba y Venezuela por presuntas violaciones de derechos humanos, participa al mismo tiempo en acciones que, según numerosos críticos, vulneran los mismos principios que afirma defender. La contradicción es evidente. Si Estados Unidos exige que otros respeten las normas internacionales, no puede excluirse de ellas.

Las declaraciones de funcionarios, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, insisten en que asesores jurídicos revisan cada ataque. Sin embargo, la legalidad no es una simple casilla que se marca durante una operación. Es el marco que debe determinar desde el principio si tales acciones están permitidas o no. Muchos expertos sostienen que no lo son.

Quizás lo más problemático sean los informes sobre los llamados ataques de “doble impacto” o “double tap”: ataques dirigidos contra sobrevivientes de un primer bombardeo. De confirmarse, tales acciones violarían una de las protecciones más fundamentales del derecho de la guerra: la de los heridos y de quienes ya no pueden combatir.

Incluso si nunca se producen procesamientos —y muchos creen que no ocurrirán— el daño a largo plazo ya está en marcha. Toda una generación de miembros de las fuerzas armadas está siendo condicionada a aceptar órdenes jurídicamente cuestionables como algo normal. La línea que separa el combate legítimo de la ejecución ilegal se vuelve difusa y, finalmente, desaparece.

Es poco probable que la historia juzgue este episodio con benevolencia. La verdadera cuestión es si Estados Unidos lo enfrentará ahora, mientras todavía está a tiempo de reafirmar los principios que dice defender, o si continuará por un camino en el que la conveniencia política prevalece sobre el derecho y el silencio sustituye a la rendición de cuentas.