
Los cubanos en Estados Unidos: de peones políticos a blancos de la represión
Durante más de sesenta años, la política estadounidense hacia Cuba —incluido el embargo económico— ha contribuido a las dificultades que llevan a las personas a emigrar.
Durante décadas, la migración cubana hacia Estados Unidos no fue solo una cuestión humanitaria; fue una herramienta política influenciada por la hostilidad de Washington hacia Cuba. Hoy, con las nuevas políticas de línea dura de Donald Trump, esa herramienta está siendo abandonada, dejando a decenas de miles de cubanos en un limbo legal y revelando la naturaleza profundamente cínica de la política migratoria estadounidense.
Un informe reciente del Instituto Cato —difícilmente un defensor de Cuba— expone una dura realidad: las solicitudes de residencias permanentes (green cards) para cubanos prácticamente han desaparecido, mientras que los arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han aumentado drásticamente. El estudio señala que las aprobaciones han caído un 99.8% desde diciembre de 2024, mientras que los arrestos de cubanos por ICE han aumentado un 463%. Aún más notable, las aprobaciones que antes alcanzaban miles cada mes se han reducido ahora a apenas decenas.
Esto no es un accidente. Es una política.
El fin del “trato especial”
Durante años, los migrantes cubanos recibieron un trato preferencial bajo la Ley de Ajuste Cubano, una legislación de la época de la Guerra Fría creada para recompensar a quienes abandonaban un sistema socialista que Estados Unidos buscaba debilitar. Esta ley permitía a los cubanos obtener la residencia permanente tras solo un año y un día en el país.
Hoy, esa vía ha sido completamente cerrada.
La administración Trump ha paralizado el procesamiento de solicitudes de residencia, de asilo, de permisos de trabajo y de naturalización, no solo para cubanos, sino también para migrantes de diversos países. Además, eliminó un programa de parole humanitario que permitía a cubanos previamente evaluados vivir y trabajar legalmente durante dos años. El resultado es un cuello de botella legal que afecta a casi un millón de cubanos, según el propio análisis del Cato.
Como señaló el investigador de inmigración David Bier al Miami Herald, “esto representa una reducción dramática de la inmigración desde Cuba”.
“Ilegalidad” fabricada
Lo que está ocurriendo no es simplemente una aplicación más estricta de la ley; es la fabricación deliberada de la ilegalidad.
Al cerrar las vías legales, las autoridades estadounidenses empujan a los migrantes fuera de su estatus migratorio, lo que los vuelve más vulnerables a la detención y la deportación. Como explica el informe del Cato, debilitar el sistema legal de inmigración es un paso necesario para facilitar deportaciones masivas. Sin estatus legal, los migrantes quedan con dos opciones: marcharse o ser expulsados.
Esta situación pone al descubierto una contradicción fundamental. Durante décadas, la migración cubana fue promovida y utilizada como herramienta propagandística contra La Habana. Hoy, muchos de esos mismos migrantes están siendo criminalizados.
El impacto en el sur de Florida
En ningún lugar es más evidente este cambio que en el sur de Florida, donde se concentra la mayor diáspora cubana.
Historias como la de “Rosa”, una migrante cubana de Matanzas que pidió no ser identificada, ilustran el costo humano, según reportó el Miami Herald. Tras llegar legalmente bajo un programa de parole, solicitó la residencia esperando un proceso sencillo. En cambio, ahora enfrenta una incertidumbre interminable.
Su experiencia refleja un patrón más amplio: miles de solicitudes retrasadas, familias separadas y vidas desestabilizadas.
Irónicamente, incluso dentro de la comunidad cubanoamericana —tradicionalmente favorable a políticas duras hacia La Habana— crece la incomodidad. Las encuestas muestran una fuerte oposición a deportar a cubanos sin antecedentes penales y un amplio respaldo a las vías legales de migración.
Deportación sin destino
La situación se complica aún más por las tensiones históricas entre Washington y Cuba en torno a las deportaciones. Cuba ha rechazado en ocasiones aceptar a ciertos deportados, especialmente a aquellos con antecedentes penales, dejando a muchas personas atrapadas en Estados Unidos en una incertidumbre prolongada.
En lugar de resolver este problema mediante la diplomacia, la administración Trump ha recurrido a acuerdos controvertidos con países terceros. Informes indican que miles de cubanos han sido enviados a naciones como México —países que no son el suyo— lo que plantea serias cuestiones legales y éticas.
Una estrategia más amplia
El enfoque en los cubanos forma parte de un esfuerzo más amplio para restringir la inmigración en general. El informe del Cato señala que:
- Las aprobaciones totales de residencias se han reducido aproximadamente a la mitad
- La inmigración basada en la reunificación familiar ha disminuido significativamente
- Los refugiados —ya sometidos a estrictos controles— han visto caer sus tasas de aprobación en un 99%
Al mismo tiempo, la creciente coordinación entre agencias de aplicación de la ley, como ICE, y las autoridades migratorias ha difuminado la línea entre la adjudicación y la vigilancia policial.
Una política llena de contradicciones
Quizás el aspecto más revelador de este momento sea su hipocresía.
Durante más de sesenta años, la política estadounidense hacia Cuba —incluido el embargo económico— ha contribuido a las dificultades que llevan a las personas a emigrar. Sin embargo, cuando los cubanos llegan a las fronteras de Estados Unidos, a menudo no encuentran protección, sino detención y deportación.
Migrantes como Rosa quedan atrapados entre dos sistemas: incapaces de regresar a su país debido a presiones económicas agravadas por las sanciones estadounidenses, e incapaces de avanzar en Estados Unidos debido a las leyes migratorias restrictivas.
El fuerte aumento de los arrestos y el colapso de las opciones legales revelan una verdad más profunda: la política de Estados Unidos hacia los migrantes cubanos nunca ha estado guiada por principios consistentes, sino por intereses políticos.
Cuando la migración cubana servía a los objetivos geopolíticos de Washington, era bienvenida e incluso privilegiada. Ahora que las prioridades han cambiado, esos mismos migrantes son considerados prescindibles. En el proceso, miles de familias cubanas —muchas de ellas en Florida— sufren las consecuencias de una política que sigue priorizando la ideología por encima de la humanidad.
