Los “mandados” en Cuba y el frasco de aceite vacío
En Cuba los mandados son los productos racionados y subvencionados que se venden a toda la población normalmente una vez al mes. “Fui a comprar los mandados” “Ya llegaron los mandados”. Pero ya no llegan, o llegan pocos y se retrasan.
Hace un año el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) le salió al paso a quienes vaticinaban la eliminación de productos de la canasta normada, con un tuit en el que no asumía responsabilidad alguna por los incumplimientos de ese esquema de distribución. Por el contrario, implícitamente criticaba a aquellos que se dejaban llevar por rumores en lugar de mantenerse informados a través de los “canales oficiales”.
Tal era la recomendación de ese organismo, como si las informaciones sustituyeran los mandados dejados de entregar. Incluso en el improbable caso de que alguien hubiese seguido su consejo, con seguridad a estas alturas ya habría desistido de hacerlo. Sencillamente por falta de novedades.
Durante el último año la cuenta oficial del MINCIN en X publicó más de 800 mensajes, pero entre ellos solo una decena estuvo directamente relacionada con los “mandados”. El último posteo sobre el tema apareció el 3 de octubre último, un año después del tuit mencionado al principio de esta nota. No era una información oficial del ministerio, sino apenas un enlace a una entrevista de la radio en Villa Clara sobre entregas de arroz que se realizarían en esa provincia para saldar deudas de junio y julio. En medio de la mayor crisis del sistema de abastecimiento normado en sus 62 años de existencia, para el MINCIN la prioridad parece estar en la organización de reuniones, matutinos y trabajos voluntarios. Al menos, así lo dan a entender sus perfiles en redes sociales.
“Ustedes como institución han estado incumpliendo tantas veces con todos los productos normados de la canasta básica, que han dado motivos a la gusanería de decir esas cosas”, cuestionaba en octubre de 2024 el cienfueguero Orlan Reyes, al comentar el intento de descargo del MINCIN en X. Al cabo de un año, el trabajo de ese organismo podría enjuiciarse incluso con más dureza.
Un mes para un viaje de dos días
El 19 de septiembre la televisión cubana reportó desde el puerto de La Habana la llegada de 16 000 toneladas de arroz con destino a la canasta familiar normada. Una parte de la carga sería dejada en la capital y el resto se distribuiría entre las demás provincias, en el marco de una operación que demoraría solo unos días, insistió el periodista Bernardo Espinosa citando a funcionarios de los ministerios de Comercio Interior y Transporte que se encontraban en la terminal marítima.
Teniendo en cuenta que Cuba cerró 2024 con una población efectiva de 9,7 millones de personas, el volumen mencionado teóricamente alcanzaba para entregar tres libras y media a cada consumidor. Aunque ya por entonces los atrasos acumulados en la distribución del cereal eran siete veces mayores a esa cifra, resultaba lógico suponer que cualquier “pago” –sin importar cuan pequeño fuera– sería muy apreciado por la mayoría de las familias cubanas.
Pero casi un mes después el “barco del arroz” sigue sin llegar a muchas provincias. Por ejemplo, el 11 de octubre el periódico Adelante citó al grupo de Comercio Interior en Camagüey, que aseguró estar esperando por una nave que atracaría en el puerto de Nuevitas con cereal suficiente para entregarle cinco libras per cápita a los camagüeyanos, avileños y tuneros. En una situación similar se hallaban la mayoría de los consumidores del Oriente, descontando Santiago y parte de Guantánamo, que llevaban semanas pendientes de arribos que no acababan de concretarse. Incluso provincias “privilegiadas”, como Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus, debieron esperar más de dos semanas para recibir sus asignaciones, enviadas por cabotaje desde la capital.
“Hasta al barco más lento le basta con dos días para viajar de La Habana a Nuevitas. No hay justificación para esa y otras demoras que en los últimos años se volvieron habituales. Lo único que se me ocurre es que cuando hacen esos anuncios todavía no tienen todo el producto en la mano y lo que buscan es ganar tiempo”, piensa Oniel, un ex-estibador del puerto nuevitero de Tarafa.
Su desconfianza no es infundada. Durante los últimos dos años en las redes se ha vuelto comunes las quejas de consumidores de Camagüey y otras provincias de la mitad oriental de la Isla, cuestionando el tiempo que suele transcurrir entre los anuncios de nuevas distribuciones de la canasta y su llegada a las bodegas. De hecho, la afirmación de Comercio Interior, de que estaría por llegar un barco arrocero a Tarafa, no tiene fundamento real. De acuerdo con plataformas de seguimiento marítimo como Vessel Finder o Shiptracking, consultadas el 16 de octubre, la principal rada nuevitera no tenía previsto ningún arribo para los 10 días siguientes; tampoco habían embarcaciones en puerto.
Durante más de 30 años Oniel trabajó en Tarafa, pero la caída de los salarios provocada por la falta de buques y la Tarea Ordenamiento lo forzó a marcharse, como a casi todos sus compañeros de cuadrilla. Sin mano de obra suficiente para descargar las contadas naves que llegan, el gobierno de la provincia ha tenido que recurrir a la movilización de trabajadores de organismos como el INDER. Mientras, muchos de los antiguos estibadores, como Oniel, han cambiado las fajas y las mantas de saco por útiles de la construcción o la pesca, o empleos en el sector privado.
“Luego del desplome de las industrias, Tarafa había encontrado un segundo aire con los mandados. No solo por las cosas que se importaban ya listas para distribuir, sino también por las materias primas que se traían para producir aquí con destino a la canasta básica. ¡Mucho maíz y soya que bajamos para la fábrica de piensos de Camagüey, y muchos insumos para la fábrica de fertilizantes! De ahí salían después la comida para las gallinas ponedoras y el fertilizante que se usaba en el arroz y la caña. No entiendo cómo eso podía hacerse en los años noventa, en pleno Período Especial, y ahora resulta imposible”, lamenta.
Pobreza que comienza por la comida
Un artículo del economista Joel Ernesto Marill Domenech, publicado hace pocos días por Cubadebate, resalta que entre 2019 y 2023 el poder de compra de los salarios estatales cayó un 44 por ciento. Tal deterioro se debió, sobre todo, al incremento de los gastos de consumo de los hogares a causa de la inflación. Como promedio, los precios crecieron unas 12 veces, mientras que la cantidad de dinero en poder de los consumidores lo hizo apenas cuatro veces.
Las conclusiones de Marill se basan en datos compilados durante un período mucho mejor que el actual. Desde 2023 el deterioro de la economía cubana siguió acentuándose, con las peores estadísticas concentradas en el ámbito de la alimentación. Los alimentos se han encarecido a un ritmo mucho mayor que el resto de los bienes de consumo y las divisas. Desde diciembre de 2020 el peso se depreció cerca de 19 veces con respecto al dólar, pero alimentos básicos como el pollo, el arroz y los huevos se encarecieron 20, 40 y casi 100 veces, respectivamente.
La magnitud de la crisis ha sido “traducida” en números por el economista Omar Everleny Pérez Villanueva, en artículos sobre la Cesta Básica Alimentaria publicados en los últimos dos años por el sitio digital La Joven Cuba. En diciembre de 2024 Everleny estimó que para la alimentación de dos personas se necesitaban 24 351 pesos al mes, casi cinco veces el salario promedio del país, que por esas fechas era de 5 600 pesos. Se trataba, además, de un encarecimiento del 17 por ciento con respecto al año precedente, cuando el mismo investigador había cifrado el gasto para la alimentación de dos personas en 19 975 pesos mensuales.
Por décadas, la canasta normada funcionó como una suerte de red de seguridad frente a turbulencias económicas como esa. Durante el Período Especial la crisis no tuvo un mayor costo social precisamente gracias a los productos que se distribuían a través de la libreta de abastecimientos. La demora en su entrega o su completa eliminación ha hecho más onerosa la crisis actual.
“La situación ya era difícil antes de la pandemia y el Ordenamiento, pero las personas al menos tenían la protección de los mandados. Se hablaba mucho de que no alcanzaban, de que tenían poca calidad… pero pocos se detenían a analizar lo que representaban para casi todas las familias. Por ejemplo, el consumo promedio de arroz de los cubanos ronda las diez libras mensuales, y siete de ellas se entregaban a través de la libreta. No hay un problema económico que golpee con tanta fuerza al cubano de a pie como llegar al día primero y no poder ir a la bodega a buscar su cuota. Hemos aprendido por las malas, cuán importante era”, considera un periodista camagüeyano con larga experiencia en la cobertura de temas sociales.
Según sus cálculos, solo para suplir los alimentos básicos que la canasta normada debería proveer a cada persona se necesitan entre 5 000 pesos y 7 000 mensuales. “Una libra de arroz cuesta siete pesos en la bodega, pero comprada por la calle su precio oscila entre 170 y 300 pesos, hasta 40 veces más cara; el pan es cerca de 30 veces más caro; y el huevo, hasta 100 veces. Se trata de una sangría económica terrible, que sufren particularmente las personas vulnerables, pero que en mayor o menor medida afecta a casi toda la población”, detalló.
En ese contexto, el Sistema de Atención a la Familia (SAF) hubiese podido ser una alternativa para los sectores más humildes, en particular los ancianos. Pero su realidad está lejos de la que se proyectó al crearlo a finales de la década de los noventa. En agosto una alta funcionaria del MINCIN se congratulaba por el hecho de que durante el último año las plazas de esos comedores sociales se habían incrementado un 8 por ciento, hasta alcanzar los 67 000 beneficiarios. Era una buena noticia si se comparaba con el pasado inmediato, pero no tan buena si se tomaban como referencia datos de antes de la Tarea Ordenamiento.
En enero de 2021 poco más de 76 000 cubanos acudían a los comedores del SAF, un 13 por ciento más que en la actualidad. Por entonces, esos espacios no solo contaban con más plazas, sino que las mismas se distribuían entre una población menos envejecida y vulnerable desde el punto de vista económico; también la calidad y variedad de los menús era mucho mayor que ahora.
Incluso destinando todas las capacidades del SAF a sus habitantes de la tercera edad, Cuba solo alcanzaría a proteger a menos del tres por ciento de ese segmento demográfico, el más afectado por la crisis. Y quedarían fuera otros sectores igualmente vulnerables, como los discapacitados, las familias con descendencia numerosa y los trabajadores que reciben los salarios más bajos. Millones de personas que no pueden ser protegidas mediante el SAF, pero que hasta hace un par de años encontraban cierta ayuda en la canasta familiar normada.
“Si no fuera por mis hijos, hace tiempo me habría muerto de hambre, simple y llanamente. Lo último que trajeron a la bodega fueron los cigarros y el tabaco, y eso fue hace casi un mes. No sé cómo hacen los ancianos para sobrevivir”, lamentó una maestra jubilada, de 76 años, que pidió preservar su anonimato. Hasta hace poco, sobre la meseta de su cocina, conservaba el pequeño frasco graduado que usaba para buscar el aceite cuando venía a la bodega. Se negaba, con resistencia numantina, a deshacerse de él. Pero un día le pidió a su hija que lo botara. “Me di cuenta de que no tenía sentido guardarlo. Aunque no lo hayan dicho, en Cuba se acabaron los mandados”.
