Mientras el Congreso considera prolongar la designación terrorista de Cuba, Biden vacila
Por W.T. Whitney / Counterpunch
Aunque la Revolución de Cuba sobrevivió una invasión militar, las acciones guerrilleras, los ataques terroristas y la guerra bacteriológica, no fue suficiente. Ahora hay pagos a los disidentes, manipulación de la cobertura de los medios de comunicación en todo el mundo y armamento de las capacidades de las redes sociales. El bloqueo económico y financiero de Estados Unidos persiste, después de 60 años, y continuará.
Eso se debe principalmente a que el poder para poner fin al bloqueo pasó del poder ejecutivo al Congreso, cortesía de la Ley Helms Burton de 1996. Ahora la Cámara de Representantes considerará un proyecto de ley que, de manera similar, haría que el Congreso, y no el presidente, decidiera destituir Cuba de la lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo.
La representante de Miami María Elvira Salazar presentó H.R. 314, la llamada Ley FORCE, el 12 de enero de 2023. Su objetivo es “Prohibir la eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que Cuba cumpla con ciertas condiciones, y para otros fines”.
El senador Marco Rubio presentó un proyecto de ley complementario en el Senado de los EE. UU. el 16 de marzo. El proyecto de ley de la Cámara tiene 24 copatrocinadores; cinco son floridanos. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara envió el proyecto de ley al pleno de la Cámara el 28 de marzo.
Mientras tanto, una campaña renovada presiona al presidente Biden para que ponga fin a la designación de Cuba como nación patrocinadora del terrorismo. Esa campaña cobra urgencia ahora en la medida en que el Congreso puede cooptar el poder de Biden para hacerlo.
La designación representa un relato falso de la facilitación de Cuba de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de izquierda. Se remonta a viejas acusaciones de que Cuba estaba dando cobijo a fugitivos de Estados Unidos.
La designación persistió desde la década de 1980 hasta 2015, cuando el presidente Obama la eliminó, solo para ser restablecida por el presidente Trump en 2021. El efecto es ampliar la guerra económica y traer un nuevo dolor a Cuba.
Los dólares estadounidenses están armados; son la moneda de facto en todos los tratos financieros internacionales, en cualquier lugar, por cualquier persona. Existe un cuello de botella conveniente, como señaló recientemente el diplomático cubano José Ramón Cabañas: “El problema es el sistema de compensación con sede en Nueva York. El 90% de las transacciones internacionales [de Cuba] con dólares estadounidenses pasan por ese sistema… [y son] congeladas automáticamente”.
Las regulaciones estadounidenses, introducidas a través de una acción ejecutiva, prohibieron hace mucho tiempo que los estados patrocinadores del terrorismo utilicen dólares estadounidenses en transacciones internacionales. En consecuencia, los pagos que los exportadores cubanos esperan de los compradores extranjeros pueden no llegar y los importadores cubanos tienen dificultades para pagar a los proveedores extranjeros. Los pagos de préstamos internacionales están bloqueados y las subvenciones de las agencias internacionales se pierden.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puede imponer fuertes multas a los bancos internacionales y corporaciones extranjeras que manejan dólares en transacciones con Cuba. Los no infractores evitan Cuba, por precaución. La conexión entre la designación de patrocinio del terrorismo y la prohibición del uso de la moneda estadounidense ha provocado escasez y angustia en Cuba.
Massachusetts Peace Action ha encabezado la campaña necesaria contra H.R 314. Una comunicación reciente proporciona información y muestra cómo contactar a los miembros de la Cámara de Representantes.
La comunidad ampliada del exilio cubano brinda el principal apoyo a la propuesta legislativa. La parte de Cuba de la política exterior de los EE. UU. se asigna regularmente al sector de la población que tiene más que perder o ganar. Ese enfoque es disfuncional, irracional e injusto.
El texto del proyecto de ley propuesto asigna metas a Cuba, cuyo cumplimiento significaría que Cuba ya no puede ser designada como patrocinador del terrorismo. Estos son precisamente los objetivos que, como se especifica en la Ley Helms-Burton, deben alcanzarse para que se ponga fin al bloqueo. Los objetivos son:
+ Liberar a todos los presos políticos y permitir que las organizaciones internacionales de derechos humanos apropiadas investiguen las prisiones cubanas.
+ Transición del régimen castrista a un sistema que garantice los derechos del pueblo cubano a expresarse libremente.
+ Comprometerse a celebrar elecciones libres y justas.
La perspectiva revela contradicciones. El tema de los presos políticos exige considerar el destino de los presos estadounidenses recluidos en Guantánamo. Vale la pena recordar también que ni Fidel ni Raúl Castro ahora juegan un papel en el gobierno de Cuba; que su influencia perdure, tal como lo hizo Abraham Lincoln en los Estados Unidos; y que en Cuba la discusión organizada entre amplios sectores de la población precede invariablemente a la introducción de importantes iniciativas. La última de esas ocasiones fue el período de discusión en 2022 previo a la votación de la Reforma Constitucional para un Código de Familia.
Y, por último, la conducción de las elecciones en Cuba es ejemplar. En la votación del 26 de marzo para la Asamblea Nacional de Cuba participó el 75% de la población votante. La porción de quienes votan en las elecciones nacionales de Estados Unidos es mucho menor. La composición de los delegados a la Asamblea refleja la demografía de la población de Cuba. Como delegados, eligen a los líderes de Cuba, quienes también son miembros de la Asamblea Nacional. Ese es un proceso seguido en los sistemas parlamentarios de muchos países.
