Las sanciones de EE. UU. determinan quién recibe ayuda y artículos de primera necesidad en Cuba

La administración Trump está determinando cada vez más los canales por los que pueden llegar a Cuba bienes, combustible, inversiones y ayuda humanitaria. Aunque las sanciones estadounidenses contemplan exenciones humanitarias, estas disposiciones, por sí solas, no garantizan que la ayuda se distribuya de manera equitativa ni que llegue a tiempo. Al mismo tiempo, Washington ha ampliado algunos canales de transacción destinados a beneficiar al sector privado cubano, mientras endurece las restricciones a las operaciones que involucran al gobierno cubano, entidades vinculadas a las fuerzas armadas y otros actores sancionados.

La ayuda humanitaria de la administración ilustra las dos caras de este enfoque. Washington ha prometido $100 millones en asistencia humanitaria para distribuirse a través de organizaciones independientes, entre ellas Cáritas Cuba. Sin embargo, la escasez de camiones, gasolina e infraestructura financiera limita seriamente su impacto sobre el terreno.

Estas dificultades no se limitan a la ayuda financiada por Estados Unidos. Millones de dólares en asistencia humanitaria procedentes de fuentes regionales, multilaterales y privadas han quedado varados o no han podido ser transportados, creando un cuello de botella que hace que incluso la ayuda autorizada por Washington pueda tardar meses en llegar a quienes más la necesitan.

También han surgido interrogantes sobre la capacidad y la selección de algunas de las organizaciones que han recibido contratos humanitarios de Estados Unidos, entre ellas Samaritan’s Purse, una organización humanitaria evangélica cuyo fundador, Franklin Graham, mantiene una relación de larga data con el presidente Trump y que ha obtenido un contrato para distribuir ayuda humanitaria en Cuba. Con la embajada de Estados Unidos anunciando que un envío está previsto para las próximas semanas, sigue siendo fundamental saber cómo se distribuirá esa ayuda y quién estará a cargo de su distribución.

Las sanciones destinadas a presionar al gobierno cubano han provocado, en cambio, reacciones en cadena que terminan afectando a los cubanos y a su capacidad de acceder tanto a la ayuda humanitaria como a los productos básicos de cada día. El transporte marítimo quizá ofrece el ejemplo más claro de la brecha entre las exenciones formales y el acceso real.

Después de la orden ejecutiva del 1 de mayo, que amplió las restricciones contra Cuba, dos de las principales compañías navieras del mundo, Hapag-Lloyd y CMA CGM, suspendieron las reservas hacia y desde la isla, alegando riesgos relacionados con el cumplimiento de las sanciones. La suspensión de sus operaciones afectó hasta el 60 por ciento del tráfico marítimo de Cuba, dejando varados miles de contenedores que transportaban ayuda de las Naciones Unidas, medicamentos contra el cáncer de la Organización Mundial de la Salud, suministros médicos de Aid for the Caribbean, paneles solares y otros productos esenciales.

Desde entonces, CMA CGM ha reanudado algunos servicios, aunque de manera limitada.

Al mismo tiempo, el comercio a través de determinados canales autorizados por Estados Unidos se ha expandido de manera espectacular. Las exportaciones totales de bienes estadounidenses a Cuba alcanzaron los $674 millones en los primeros siete meses de 2026.

En un área en particular, las exportaciones estadounidenses están creciendo rápidamente: el sector energético. En 2025, las exportaciones estadounidenses de combustible y petróleo a Cuba fueron de apenas $311.558. Durante los primeros siete meses de 2026, esa cifra alcanzó los $156,9 millones. Solo en junio, los envíos de productos derivados del petróleo de empresas estadounidenses a Cuba alcanzaron los 778.000 barriles.

Aun así, estos envíos no han sido suficientes para compensar la pérdida de suministros de combustible procedentes de Venezuela y México, por lo que el suministro energético de la isla continúa sometido a una fuerte presión.

Un reordenamiento similar está comenzando a producirse en el sector minero. Tras las nuevas sanciones estadounidenses, Sherritt International, la empresa canadiense que durante tres décadas operó las instalaciones de níquel y cobalto de Moa, suspendió su participación en el proyecto.

Ahora, dos grupos de inversionistas respaldados por capital estadounidense compiten por el control de los recursos minerales de Cuba. Si alguno de ellos logra hacerse con el control, sería la primera vez en aproximadamente seis décadas que el capital estadounidense controlaría activos mineros cubanos.

Una investigación reciente del Miami Herald sugiere que la administración esperaba alcanzar, a principios de este año, un acuerdo que convertiría a empresas estadounidenses en los principales proveedores de petróleo de la isla.

A cambio, el gobierno cubano tendría que implementar una serie de cambios, entre ellos la privatización de CUPET, la empresa estatal de energía y la salida del presidente Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, según el reportaje, las conversaciones se estancaron debido, entre otras razones, a la oposición dentro de la comunidad cubanoamericana a ciertos aspectos del posible acuerdo.

El gobierno estadounidense no ha comentado sobre esos informes. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha declarado que actualmente no existen negociaciones ni conversaciones previstas con Washington.

El gobierno de Estados Unidos ha declarado que estas sanciones no tienen como objetivo interrumpir la entrega de productos esenciales al pueblo cubano. Pero una autorización humanitaria formal es solo una parte del problema. La verdadera pregunta es si esos productos pueden llegar efectivamente a la isla y, una vez allí, ser distribuidos.

Las sanciones pueden llevar a que bancos, compañías navieras y otros actores privados adopten medidas de cumplimiento excesivo, incluso cuando determinadas operaciones estén permitidas. Además, las sanciones secundarias están llevando a algunas empresas a abandonar Cuba por completo, ante el riesgo comercial y financiero que implica hacer negocios en la isla. El resultado son nuevos vacíos económicos y de infraestructura.

Una exención humanitaria sobre el papel no basta para que una compañía naviera esté dispuesta a transportar un contenedor, para que un banco acepte procesar una transacción o para garantizar el combustible y la capacidad de transporte necesarios para distribuir los suministros una vez que llegan.

Y mientras la crisis humanitaria de Cuba se profundiza —con ocho de cada diez hogares cubanos viviendo ahora al borde de la supervivencia y el país enfrentando este año su séptimo apagón nacional—, la diferencia entre permitir la entrada de ayuda en teoría y hacer posible que esa ayuda llegue de manera efectiva y a gran escala se vuelve cada vez más importante.

La misión del Centro para la Participación y la Defensa de los Intereses en las Américas (CEDA) es promover políticas en los Estados Unidos y en toda América que se fundamenten en la colaboración, el respeto mutuo y el diálogo constructivo.