La escalada en Venezuela ignora una larga historia de hipocresía estadounidense en materia de drogas.
Esta hipocresía quedó de manifiesto con el reciente indulto otorgado por el presidente Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Toda acusación es una confesión. Esto resulta claramente cierto en la insistencia de la administración Trump de que Venezuela opera como un “narcoestado”, exportando terrorismo a Estados Unidos mediante el fentanilo, ahora etiquetado como una “arma de destrucción masiva”. La acusación no solo es falsa —dado que prácticamente no entra fentanilo al país desde Venezuela— sino que es transparentemente política y sirve como pretexto.
Esta hipocresía quedó de manifiesto con el reciente indulto otorgado por el presidente Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en 2024 en una corte federal de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Hernández encabezó un régimen que durante años fue tratado como un aliado estratégico dentro de la arquitectura de seguridad regional de Washington, lo que recuerda que la etiqueta de “narcoestado” no se aplica según los hechos, sino conforme a las cambiantes necesidades del poder imperial estadounidense.
Esta acusación se desmorona aun más cuando se la sitúa en un contexto histórico más amplio. Durante décadas, los actores estatales más poderosos que han facilitado y protegido el narcotráfico no han sido los adversarios de Washington, sino Washington mismo. A lo largo de la Guerra Fría y de la llamada “guerra contra las drogas”, Estados Unidos —sobre todo a través de la CIA— subordinó repetidamente la aplicación de las leyes antidrogas a prioridades geopolíticas, permitiendo que las redes del narcotráfico avanzaran siempre que estas avanzaran los intereses percibidos de EE.UU.
Estas dinámicas se volvieron especialmente pronunciadas en la década de 1980, con consecuencias desastrosas tanto dentro como fuera del país. Ese período marcó una intensificación de la Guerra Fría bajo Ronald Reagan. Su administración insistía en que los “avances” comunistas no solo debían ser contenidos, sino también revertidos. Al asumir el cargo, Reagan lanzó la ofensiva global que había prometido, interviniendo allí donde surgiera una supuesta influencia soviética. Hacer la vista gorda ante el narcotráfico se convirtió en una característica central de esta cruzada, ya que el anticomunismo pasó sistemáticamente por encima de los esfuerzos antidrogas.
Carter y la crisis de confianza
El ascenso de Reagan siguió a un breve pero significativo deshielo. Tras el escándalo de Watergate y la guerra de Vietnam, la fe de los estadounidenses en las instituciones políticas se había visto profundamente sacudida. Años de estancamiento económico, inflación y las repercusiones del embargo petrolero de la OPEP de 1973 convencieron a muchos de que la promesa de movilidad ascendente infinita de la posguerra —el núcleo ideológico del sueño americano— se estaba derrumbando.
También se volvió imposible ignorar que Estados Unidos no solo fallaba en cumplir su promesa económica, sino que hacía tiempo que había abandonado los valores democráticos que decía defender. En 1975, el Comité Church expuso lo que gran parte del Sur Global había sabido durante décadas: Estados Unidos había estado operando como una fuerza global antidemocrática, orquestando golpes de Estado y asesinatos, saboteando movimientos de izquierda (dentro y fuera del país) e imponiendo resultados políticos que servían a los intereses del capital estadounidense en lugar de a las aspiraciones de los pueblos del mundo.
Las potencias imperiales habían utilizado durante mucho tiempo las drogas para consolidar el control geopolítico, desde el papel del alcohol en el despojo de los pueblos indígenas hasta la exportación forzada de opio británico a China.
Luego, en 1977, llegó Jimmy Carter. Carter prometió una nueva política exterior basada no en el anticomunismo reflejo, sino en un compromiso con los derechos humanos. Al hacerlo, rompió —al menos en su retórica— con décadas de ortodoxia bipartidista de la Guerra Fría. Por primera vez, un presidente cuestionó abiertamente la creencia axiomática de que todo movimiento de izquierda era un proxy del Kremlin, lo que exigía una intervención inmediata de Estados Unidos.
Como dijo Carter: “Ahora estamos libres de ese miedo desmedido al comunismo que una vez nos llevó a abrazar a cualquier dictador que compartiera ese temor”, reconociendo que “durante demasiados años hemos estado dispuestos a adoptar los principios y tácticas defectuosos y erróneos de nuestros adversarios, a veces abandonando nuestros propios valores por los suyos”. Washington, admitió, había “combatido el fuego con fuego, sin pensar nunca que el fuego se apaga mejor con agua”, una estrategia que finalmente resultó contraproducente.
Carter también llegó a criticar no solo el celo malencaminado de la política exterior estadounidense, sino, hasta cierto punto, al propio capitalismo. Al volcarse hacia las causas profundas de las crisis entrelazadas del país, advirtió que “demasiados de nosotros ahora tendemos a adorar la autoindulgencia y el consumo”, y que “la identidad humana ya no se define por lo que uno hace, sino por lo que uno posee”. Los conservadores respondieron con burla, apodando rápidamente su discurso como el “discurso del malestar”, un encuadre que reflejó la negativa de muchos estadounidenses a enfrentar los problemas estructurales más profundos que Carter había identificado.
El retroceso reaganiano
Reagan hizo campaña precisamente sobre esa reacción. Rechazó todo lo que Carter había llegado a representar. Carter, por su parte, presidió una serie de errores percibidos en política exterior —no todos atribuibles exclusivamente a él—, entre ellos la Revolución Sandinista en Nicaragua, la crisis de los rehenes en Irán y la invasión soviética de Afganistán, y su historial real fue mucho menos radical de lo que sugería su retórica. Pero Reagan aprovechó el momento, retratando a Carter como débil, ingenuo y poco comprometido con el poder estadounidense y con el estilo de vida americano, y ganó de manera aplastante.
Cuando Reagan asumió el cargo en 1981, afirmó tener un mandato para implementar su programa prometido de capitalismo sin restricciones en el ámbito interno y de anticomunismo militante en el exterior, elevando el presupuesto militar a niveles que entonces no tenían precedentes. Sin embargo, incluso con ese impulso político, enfrentó restricciones. Entre ellas, un escepticismo público hacia la intervención extranjera, conocido como el “síndrome de Vietnam”, que representaba un desafío directo a su esfuerzo por reafirmar la primacía militar estadounidense a escala global.
Reagan, no obstante, no estaba dispuesto a permitir que el sentimiento público, las limitaciones democráticas o las cuestiones de legalidad obstaculizaran sus objetivos. Esto encontró su expresión más notoria en el escándalo Irán-Contra, en el cual funcionarios de la administración vendieron armas a Irán —entonces enfrascado en una guerra de desgaste con el Irak de Saddam Hussein, respaldado por EE.UU.— a cambio de ayuda para presionar a Hezbolá a liberar rehenes estadounidenses en el Líbano, mientras al mismo tiempo generaban fondos para apoyar a los Contras en Nicaragua. Ambas acciones eran ilegales: el Congreso había prohibido la ayuda a los Contras mediante la Enmienda Boland de 1982, y la venta de armas a Irán violaba la ley estadounidense una vez que este país fue designado como patrocinador estatal del terrorismo en 1984.
Narcotraficantes y “luchadores por la libertad”
Otro método mediante el cual Reagan buscó eludir las restricciones políticas a sus políticas fue la financiación de “luchadores por la libertad” en guerras proxy encubiertas, una empresa costosa financiada no solo con dinero de los contribuyentes, sino también permitiendo que aliados participaran en el narcotráfico. Esta táctica no era nueva. Las potencias imperiales habían utilizado durante mucho tiempo las drogas para consolidar el control geopolítico, desde el papel del alcohol en el despojo de los pueblos indígenas hasta la exportación forzada de opio británico a China.
Tampoco era algo inédito en Estados Unidos. Durante la guerra estadounidense en Vietnam, la inteligencia de EE.UU. permitió que traficantes locales incorporaran un comercio regional de drogas ya existente para apoyar su esfuerzo contrainsurgente. Como ha demostrado el historiador Alfred McCoy, esto contribuyó a transformar el Triángulo de Oro en la mayor región productora de opio del mundo. Estimaciones durante el conflicto sugerían que hasta el 25 % de las tropas estadounidenses estacionadas en el sudeste asiático consumían heroína en algunas unidades, y miles regresaron a casa con adicciones sembradas con la complicidad de Washington.
La “guerra contra las drogas” nunca ha sido una campaña genuina para frenar la venta o el consumo de narcóticos ni para proteger a los estadounidenses. Más bien, ha funcionado como un mecanismo para promover el poder estadounidense.
Bajo Reagan, esta complicidad no hizo más que crecer. Mientras la administración expandía agresivamente la vigilancia y el castigo antidrogas en el ámbito interno bajo el estandarte de la “guerra contra las drogas”, toleraba e indirectamente facilitaba el cultivo y el transporte de narcóticos cuando ello servía a las prioridades de la Guerra Fría. Esta dinámica fue más visible en dos de las guerras proxy más sangrientas de la era Reagan: la guerra soviético-afgana y la guerra de los Contras en Nicaragua.
Tras la invasión soviética de Afganistán en 1979, Estados Unidos canalizó miles de millones de dólares a los muyahidines en un intento de empantanar a los soviéticos en un atolladero similar al de Vietnam, lo que finalmente dio lugar a la operación encubierta más costosa en la historia de EE.UU. Ya entonces estaba claro que esta política entrañaba un riesgo significativo de “efecto rebote”. Aunque el resultado fue mucho peor de lo imaginado, la oportunidad de desangrar a los soviéticos no era algo a lo que Reagan estuviera dispuesto a renunciar.
La magnitud del apoyo estadounidense, indispensable para sostener la insurgencia antisoviética, llevó al politólogo Mahmood Mamdani a referirse a ella como una “yihad estadounidense”. Pero el flujo de dinero y armas no era suficiente por sí solo, y el narcotráfico ayudó a complementar el esfuerzo. Antes de la guerra, la producción de heroína en Afganistán era insignificante. Para 1989, las rutas de suministro afgano-paquistaníes dominaban los mercados globales, desestabilizando el país y la región y creando las condiciones para una catastrófica guerra civil liderada por señores de la guerra, financiada por la CIA y el dinero de la droga, que finalmente condujo a la consolidación del poder talibán en 1996.
Esta heroína no solo alimentó la muerte y la destrucción en Afganistán —donde la victoria estadounidense-afgana se pagó con la vida de millones de civiles afganos—, sino que también regresó como un boomerang. Como documenta Mamdani, durante la yihad soviético-afgana, esta heroína llegó a representar alrededor del 60 % de la heroína que circulaba en las calles de Estados Unidos. Las consecuencias fueron inmediatas y severas. Como reconoció un asesor de política antidrogas de la Casa Blanca en ese momento, la ciudad de Nueva York fue testigo de un aumento del 77 % en las muertes por drogas.
En Centroamérica, surgió una “lógica” paralela. Los Contras necesitaban dinero, y las redes de cocaína lo proporcionaron. El Comité Kerry, convocado a raíz del escándalo Irán-Contra e encargado de investigar estos vínculos, concluyó en 1989 que existían pruebas sustanciales de que los Contras participaron en el contrabando de drogas y que funcionarios estadounidenses les permitieron operar sin interferencias.
Este respaldo a los traficantes se desarrolló precisamente en el momento en que Estados Unidos intensificaba su ofensiva interna contra la cocaína. Durante este período, legisladores y fiscales afianzaron y utilizaron las asimetrías legales entre el crack y la cocaína en polvo como arma, impulsando la militarización de la policía y la expansión de la infraestructura del encarcelamiento masivo, una campaña que afectó de manera desproporcionada y desestabilizó a las comunidades negras en todo el país.
Cuando Gary Webb, periodista de investigación del San Jose Mercury News, reveló en 1996 una conexión aún más directa entre el conocimiento de la CIA sobre las ganancias de cocaína vinculadas a los Contras que ingresaban a Estados Unidos y la simultánea “guerra contra las drogas” en el ámbito interno, la reacción fue inmediata. Funcionarios gubernamentales y grandes medios de comunicación lanzaron una campaña coordinada para desacreditarlo, lo que puso prácticamente fin a su carrera. No obstante, muchos de sus hallazgos pronto serían corroborados, al menos en parte, por investigaciones internas de la CIA y del Departamento de Justicia.
Los fracasos de la “guerra contra las drogas”
La más reciente invocación de Trump de las drogas como pretexto para una guerra contra Venezuela resulta poco convincente a simple vista. Pero situada dentro del extenso registro histórico de la complicidad de Estados Unidos con el narcotráfico —o de su indiferencia calculada hacia él cuando servía a fines estratégicos, incluso cuando esas decisiones causaban un daño directo a los propios estadounidenses—, se convierte en poco más que una farsa. Durante décadas, Washington ha tratado los narcóticos no como un desafío de salud pública, sino como un instrumento político, inflándolos hasta convertirlos en una amenaza existencial para la seguridad nacional cuando resulta conveniente y minimizándolos cuando resulta incómodo.
La “guerra contra las drogas” nunca ha sido una campaña genuina para frenar la venta o el consumo de narcóticos ni para proteger a los estadounidenses. Más bien, ha funcionado como un mecanismo para ampliar el poder estadounidense. Esta historia deja claro que Estados Unidos no puede condenar de manera creíble a otros países por sus vínculos con el narcotráfico hasta que enfrente su propio historial como facilitador del terrorismo patrocinado por el Estado y del narcotráfico.
