La designación del Cártel de los Soles: un disfraz útil para las opciones de cambio de régimen
Estados Unidos parece estar tratando a las débiles y fragmentadas redes criminales de Venezuela como si fueran un grupo terrorista organizado, vinculando luego directamente a los altos mandos del país con ellas.
El 24 de noviembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó oficialmente al Cártel de los Soles (CdS) como Organización Terrorista Extranjera (OTE). La designación formal, publicada en el Registro Federal, coloca a la presunta red —presuntamente liderada por Nicolás Maduro y sus lugartenientes más cercanos— en la misma categoría legal que Al Qaeda o ISIS. Pero, ¿y si esta designación se centra menos en enfrentar el terrorismo transnacional grave y más en construir una narrativa para legitimar la intervención en Venezuela?
Al analizar los registros públicos, se observa un patrón curioso. El gobierno estadounidense afirma que el CdS es un cártel estructurado, que trafica cocaína y otros productos ilícitos a Estados Unidos y es responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio. Sin embargo, varios analistas respetados señalan que el CdS no se asemeja al tipo de cártel integrado verticalmente y de comando y control al que suelen enfrentarse las fuerzas del orden estadounidenses. Más bien, se describe con mayor precisión como un conjunto nebuloso de redes de corrupción en el ejército y el gobierno venezolanos.
En otras palabras, Estados Unidos parece estar tratando a las débiles y fragmentadas redes criminales de Venezuela como si fueran un grupo terrorista organizado, vinculando luego directamente a los altos mandos del país con ellas. El resultado es una historia que convierte a un régimen latinoamericano en proceso de modernización en un estado narcoterrorista, lo que justifica respuestas extraordinarias.
Supongamos, a modo de argumento, que el CdS, como lo describe Estados Unidos, no existe de forma reconocible, o al menos, que las pruebas presentadas son escasas. El gobierno venezolano, por su parte, denuncia la designación como una “invención ridícula… utilizada para justificar una intervención ilegítima e ilegal” en Venezuela. Desde esta perspectiva, la designación parece la creación de un vehículo legal y retórico: “Los hemos designado como Organización de Transición Extranjera (OTF), por lo tanto, tenemos opciones”, entre ellas opciones militares. Como lo expresó un funcionario del Pentágono: la designación “abre un abanico de nuevas opciones a Estados Unidos”.
Entonces, ¿por qué inventar o exagerar una estructura de cártel terrorista en Venezuela? La respuesta es tentadora: Estados Unidos cuenta con una amplia gama de autoridades legales cuando un grupo es etiquetado como FTO: autoridades menos vinculadas a la policía antidrogas convencional y más integradas en el marco antiterrorista. Esto proporciona a la Administración (y al Congreso) un mayor margen para aplicar sanciones, incluir en listas negras, congelar activos e incluso quizá realizar operaciones cinéticas. De hecho, si se equipara al gobierno venezolano (y, por ende, al propio Estado) con un cártel/organización terrorista, las normas tradicionales de soberanía y no intervención cambiarían. La niebla que rodea al “narcoterror” se convierte en un disfraz útil para las opciones de cambio de régimen.
Pero este enfoque es peligroso. Si la organización subyacente está mal definida o las pruebas son escasas, corremos el riesgo de confundir a la oposición política (o a los adversarios estratégicos) con terroristas, un clásico abuso de poder. Peor aún, puede erosionar las garantías legales en torno a los poderes de guerra, el debido proceso y el derecho de los Estados a autogobernarse. En resumen, al designar al CdS como una OTAN, a pesar de la fragilidad de la causa subyacente, Estados Unidos podría estar abriendo la puerta a una intervención militarizada, enmarcada como antiterrorista, pero en realidad política.
Además, Estados Unidos tiene un largo y complejo historial de intervenciones en Latinoamérica bajo el pretexto de la guerra contra las drogas y de la seguridad nacional. En este caso, incluso el nombre —Cártel de los Soles (basado en la insignia en forma de sol que usaban los generales venezolanos)— sugiere que el término fue acuñado por periodistas e investigadores; nunca se trató de un cártel autoidentificado con una jerarquía de liderazgo clara. Por lo tanto, la etiqueta sirve más bien como herramienta narrativa: se le atribuyen a un régimen los peores rasgos criminales y terroristas, se los agrupa y luego se justifican respuestas radicales.
Otra señal de alerta: las instituciones gubernamentales dentro de la política antidrogas y la inteligencia estadounidense no parecen tratar al CdS de la misma manera que a otros cárteles. Por ejemplo, la evaluación nacional de la amenaza de las drogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) supuestamente no identifica al CdS con el mismo término que se esperaría para un cártel operativo que contrabandea grandes volúmenes de cocaína a Estados Unidos a través de múltiples rutas. Mientras tanto, el contexto más amplio muestra que solo alrededor del 8% de la cocaína ingresa a Estados Unidos por las rutas del Caribe, y una cantidad mucho mayor llega a través de Centroamérica y México. Esta discrepancia plantea serias dudas sobre si Estados Unidos simplemente está ignorando los umbrales probatorios habituales y declarando a un enemigo basándose en motivos estratégicos, en lugar de estrictamente fácticos.
¿Qué sucederá después? La designación permite a Estados Unidos congelar activos, penalizar a empresas externas que hagan negocios con la organización o el régimen en cuestión y obstaculizar la participación de instituciones financieras extranjeras vinculadas al Estado. Más dramáticamente, podría permitir a Estados Unidos desplegar sus fuerzas armadas en formas tradicionalmente vedadas a las fuerzas del orden nacional, militarizando, de hecho, la “guerra contra las drogas” al redefinirla como una guerra contra el terrorismo. Este es un cambio radical en la postura de la política exterior estadounidense en el hemisferio occidental.
En la revista en la que lee esto, pregúntese: ¿Estamos presenciando una lucha contra el narcoterrorismo genuino o la puesta en escena de un enfrentamiento geopolítico disfrazado de terror? Si la etiqueta CdS es más teatral que sustancial, las implicaciones son profundas. Corremos el riesgo de normalizar el uso de designaciones de “terroristas” para estados o adversarios políticos, difuminando la línea entre el crimen, la insurgencia y el gobierno legítimo. Venezuela se convierte no solo en un estado rebelde, sino también en un nexo narcoterrorista, y eso ocurre más en la imaginación legal de Washington que quizás en la realidad de Caracas.
En conclusión: al designar al Cártel de los Soles como una OET, Estados Unidos ha erigido un pretexto legal para la intervención, bajo la justificación de la lucha contra el terrorismo. Pero cuando la organización subyacente es esencialmente el ejército/régimen venezolano, acusado vagamente de narcotráfico, la línea entre la política antinarcóticos legítima y el cambio de régimen comienza a difuminarse. Si aceptamos la suposición de que el CdS es una invención estadounidense —o al menos una construcción exagerada—, el peligro es que nos deslicemos por una pendiente donde las etiquetas de terrorismo se conviertan en herramientas de coerción en política exterior. Y una vez que se abra esa puerta, ¿quién pone el límite?
