La acusación contra Raúl Castro: ¿justicia o cambio de régimen?
La violencia — incluido el terrorismo — contra Cuba ha sido tolerada durante mucho tiempo en Washington; la respuesta de Cuba no. Ese doble rasero vuelve a quedar plenamente en evidencia hoy, cuando la administración Trump acusó formalmente al ex presidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos aviones hace 30 años, al mismo tiempo que el ejército de Estados Unidos destruye regularmente embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de casi 200 personas con total impunidad.
El derribo en 1996 de dos avionetas Cessna pertenecientes al grupo Hermanos al Rescate, con sede en Miami, no fue un hecho inmediato ni aislado. Fue el resultado de provocaciones reiteradas, incursiones, numerosas advertencias y de la incapacidad del gobierno estadounidense para contener a un grupo político que buscaba abiertamente la confrontación.
Presentada en Miami y Washington como una búsqueda largamente esperada de rendición de cuentas por la muerte de cuatro hombres, la acusación se basa en fundamentos conocidos: indignación selectiva, amnesia histórica y excepcionalismo legal.
De misiones de rescate a provocación
Hermanos al Rescate fue fundado por José Basulto, veterano de la fallida invasión de Bahía de Cochinos y colaborador de la CIA, conocido por sus acciones violentas contra Cuba. En 1961, Basulto participó en un complot para volar una base de misiles en La Habana. Un año después, ayudó a posicionar una embarcación armada con un cañón de 20 mm frente a la costa habanera y disparó contra el hotel Rosita de Hornedo, donde creía que Fidel Castro cenaría.
“Fui entrenado como terrorista por Estados Unidos”, dijo Basulto al Miami Herald.
Hermanos al Rescate comenzó en 1991 realizando misiones de búsqueda y rescate de balseros cubanos. Sin embargo, después de que un acuerdo redujera significativamente el flujo migratorio a través del Estrecho de Florida, el grupo pasó de las operaciones de rescate a provocaciones abiertas. “Comenzaron… a ejecutar una agenda política de hostigamiento y amenaza contra el gobierno cubano”, recordó Richard Nuccio, entonces asesor especial de la Casa Blanca para Cuba. Los pilotos violaron repetidamente el espacio aéreo cubano, lanzando medallas religiosas y panfletos antigubernamentales sobre La Habana, incluido uno que instaba a los cubanos a “Cambiar las cosas ahora”.
Basulto fue claro sobre el propósito de los vuelos. Tras un sobrevuelo de La Habana en 1995, dijo: “Queremos confrontación”. La misión, explicó, estaba diseñada para demostrar que “el régimen no es invulnerable”.
El gobierno cubano advirtió repetidamente a Washington que los vuelos eran ilegales y peligrosos. Funcionarios cubanos presentaron protestas diplomáticas, enviaron pruebas a la Administración Federal de Aviación (FAA) y dejaron claro que, si las incursiones continuaban, Cuba podría derribar los aviones. Las autoridades estadounidenses entendían que el peligro era real. En un correo electrónico de enero de 1996, la funcionaria de la FAA, Cecilia Capestany, informó a sus superiores que “uno de estos días los cubanos derribarán uno de estos aviones”.
Sin embargo, Washington no detuvo los vuelos. Funcionarios cubanos utilizaron todos los canales disponibles —notas diplomáticas, informes militares, intermediarios y contactos extraoficiales— para dejar claro que su paciencia se había agotado.
El 24 de febrero de 1996, tres Cessnas de Hermanos al Rescate despegaron desde Florida tras presentar un plan de vuelo falso en el que afirmaban que buscaban balseros en el mar. En realidad, la misión pretendía penetrar de nuevo en el espacio aéreo cubano.
Cuando las aeronaves se acercaron a la isla, los controladores cubanos les advirtieron de inmediato que no la cruzaran. “Corren peligro al penetrar por ese lado”, les dijeron.
“Estamos listos para hacerlo”, respondió Basulto. “Es nuestro derecho como cubanos libres”.
Poco después, aviones de combate cubanos derribaron dos de las aeronaves, matando a los cuatro hombres a bordo. El avión de Basulto logró regresar a Miami.
La instrumentalización de una tragedia
El derribo de los aviones de Hermanos al Rescate no solo se utilizó para demonizar a Cuba; también influyó en la política estadounidense durante muchos años.
Antes del incidente, la administración de Clinton había explorado con cautela ciertas aperturas con La Habana. Pero tras el derribo, los sectores duros del Congreso aprovecharon el momento. En la Casa Blanca, algunos funcionarios advirtieron contra una sobrerreacción. Hermanos al Rescate había “estado jugando con fuego”, dijo Richard Nuccio al asesor Sandy Berger. “Obtuvieron exactamente lo que buscaban provocar”.
La advertencia fue ignorada. Clinton apoyó rápidamente la Ley Helms-Burton, que codificó el embargo en ley y amplió su alcance extraterritorial mediante el Título III, permitiendo a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas extranjeras acusadas de “traficar” con propiedades nacionalizadas tras la Revolución Cubana. Clinton y todos los presidentes posteriores suspendieron el Título III durante más de dos décadas, hasta que Trump lo activó en 2019, desencadenando decenas de demandas que provocaron una salida de inversión extranjera de la isla.
El derribo también desempeñó un papel central en el procesamiento de Gerardo Hernández, uno de los Cinco Cubanos, un grupo de agentes enviado encubiertamente al sur de Florida para monitorear organizaciones terroristas vinculadas a ataques contra civiles en Cuba. En 1998, funcionarios cubanos entregaron una amplia documentación sobre decenas de planes terroristas financiados desde EE.UU. El FBI respondió arrestando a los agentes infiltrados. Hernández fue condenado en 2001 en un juicio muy controvertido por cargos de conspiración relacionados con el derribo, pese a la falta de pruebas de que participara, ordenara o tuviera conocimiento previo de la decisión.
Casi tres décadas después, el mismo incidente vuelve a utilizarse para señalar a Raúl Castro, sin considerar el contexto más amplio. La acusación del Departamento de Justicia omite la larga historia de extremistas violentos con base en Florida que han atacado a Cuba, una violencia que continúa hasta hoy.
Terrorismo con base en Florida y décadas de impunidad
El 25 de febrero de 2026, una embarcación registrada en Florida, con diez hombres armados, intercambió disparos con la Guardia Costera cubana a una milla de la costa norte de Cuba. Según el Ministerio del Interior cubano, los hombres abrieron fuego primero, hiriendo a un comandante cubano. Tras el enfrentamiento, cinco personas murieron y la embarcación fue incautada junto con más de 12.000 municiones, rifles de francotirador, cócteles Molotov, chalecos antibalas y equipos de visión nocturna. Los diez eran, según los informes, cubanos residentes en Estados Unidos.
El incidente fue el más reciente de una larga serie de ataques armados, sabotajes y actos terroristas contra Cuba desde territorio estadounidense, a menudo perpetrados con impunidad y, en ocasiones, con protección política encubierta en Miami y Washington.
El ejemplo más notorio es el vuelo 455 de Cubana. Orlando Bosch y Luis Posada Carriles son ampliamente considerados responsables de planificar el atentado de 1976 contra un avión civil, que explotó frente a Barbados, matando a las 73 personas a bordo. Fue el acto de terrorismo aéreo más mortífero del hemisferio occidental en ese momento. Entre las víctimas había niños y todo el equipo nacional de esgrima de Cuba.
El FBI describió posteriormente la organización de Bosch, CORU, como una “organización terrorista anti-Castro”, mientras que el exfiscal general Dick Thornburgh lo calificó de “terrorista impenitente”. Posada Carriles estuvo implicado en una larga serie de operaciones violentas, incluida una campaña de atentados en 1997 contra hoteles en La Habana que mató a un turista italiano e hirió a varios más.
En lugar de procesarlos, Estados Unidos terminó por protegerlos a ambos. En 1990, el presidente George H. W. Bush permitió que Bosch permaneciera en el país a pesar de un fallo del Departamento de Justicia que buscaba deportarlo por “pruebas sustanciales” de actividades terroristas. Posada Carriles escapó de una prisión venezolana mientras esperaba juicio y luego reapareció en Centroamérica durante el escándalo Irán-Contra. Tras entrar ilegalmente a EE. UU. en 2005, fue protegido de la extradición y nunca fue juzgado por el atentado.
Ambos vivieron libremente en Miami hasta su muerte.
Miami es el epicentro del doble rasero que define la política estadounidense hacia Cuba. Los sectores duros cubanoamericanos que dominan la política local han apoyado durante décadas la violencia, el terrorismo y el castigo colectivo contra Cuba en nombre de la “libertad” y de los “derechos humanos”. No sorprende que el impulso actual para acusar a Raúl Castro haya surgido tres meses después de que estos sectores lo solicitaran al Departamento de Justicia.
Cuba en el banquillo, Washington por encima de la ley
La hipocresía no termina en el estrecho de Florida. Desde principios de los años 2000, Estados Unidos ha bombardeado objetivos en múltiples países sin declarar la guerra, sin la aprobación de la ONU y, a menudo, ignorando a las víctimas civiles. Más recientemente, en el Caribe y el Pacífico, ha llevado a cabo ataques con tal impunidad que las acciones de Cuba en 1996 parecen moderadas en comparación.
Mientras Washington y Miami acusan a un hombre de 94 años por un hecho de hace tres décadas, la administración Trump ha ejecutado en meses recientes ataques contra embarcaciones en aguas internacionales sin rendición de cuentas. Desde septiembre de 2025, EE.UU. ha lanzado casi 60 ataques en el marco de la Operación Southern Spear, alegando combatir a narcotraficantes y organizaciones terroristas.
Estas operaciones han causado al menos 193 muertes, en parte debido a tácticas como el uso de aeronaves disfrazadas y ataques repetidos contra embarcaciones ya inutilizadas, dirigidos a sobrevivientes. La evidencia casi no se ha hecho pública. Las imágenes satelitales están clasificadas. Las intercepciones se mantienen en secreto. Ni siquiera se divulgan los nombres de las víctimas.
Estas ejecuciones extrajudiciales reflejan un patrón conocido: la violencia estadounidense se justifica, mientras que la de sus adversarios se condena, incluso en contextos de defensa propia.
Reempaquetar el cambio de régimen como justicia
La acusación contra Raúl Castro no solo busca saldar una cuenta histórica; también se alinea con objetivos actuales de política exterior, intentando convertir cargos débiles en una justificación legal para un cambio de régimen e incluso para una acción militar.
Según NBC News, Trump se ha mostrado “cada vez más frustrado” con la capacidad del gobierno cubano de mantenerse en el poder, presionando a sus asesores por qué no ha colapsado pese a sanciones sin precedentes y a un bloqueo petrolero que agrava una crisis humanitaria.
Mientras la guerra económica no logra derrocar al gobierno cubano, el Departamento de Defensa desarrolla planes para una posible acción militar.
La pieza que falta es un pretexto legal. La acusación contra Castro podría servir como esa justificación, sentando las bases legales para una fase más agresiva y violenta de la política de Washington hacia Cuba.
