Juez federal bloquea el ‘ataque claro y descarado’ del Partido Republicano de Florida a los esfuerzos de registro de votantes
Un juez federal bloqueó el lunes una disposición de una ley de Florida promulgada recientemente que la ACLU caracterizó como un “ataque claro y descarado a la participación cívica en nuestra democracia”.
SB 7050, que el gobernador republicano Ron DeSantis promulgó en mayo, habría impuesto multas de $50,000 a las organizaciones comunitarias por cada persona no ciudadana que recolectara o manipulara formularios de registro de votantes para los grupos, incluso si las personas estuvieran legalmente autorizadas para trabajar en los Estados Unidos. .
En una mordaz orden de 58 páginas que concede una medida cautelar solicitada por grupos de derechos humanos, el juez federal principal de distrito Mark Walker del Distrito Norte de Florida calificó la ley como “el último asalto de Florida al derecho al voto” y acordó que la disposición de registro de votantes han “interrumpido sustancialmente” los esfuerzos de divulgación de los grupos comunitarios.
“Mañana, los floridanos de todo el estado conmemorarán el cumpleaños de nuestra nación”, escribió Walker. “Soportarán el calor del verano de Florida para celebrar el 4 de julio con familiares y amigos en barbacoas y días de campo. Se reunirán con sus comunidades en parques públicos para escuchar música y fuegos artificiales. Animarán y sudarán en desfiles y fiestas vecinales. Y en medio de estas festividades patrióticas, algunos pueden sentirse impulsados, por primera vez, a abrazar su solemne privilegio como ciudadanos al registrarse para votar”.
“Ahí es donde entran los demandantes”, continuó el juez, señalando el testimonio de Verónica Herrera-Lucha, una residente permanente legal que trabaja como directora de campo del estado de Florida para Mi Vecino, un grupo de registro de votantes sin fines de lucro.
“En ausencia de las disposiciones cuestionadas en cuestión en estos casos, personas como la Sra. Herrera-Lucha y [organizaciones de registro de votantes de terceros] como la NAACP de Florida y la Federación Hispana se comprometerían con sus comunidades y registrarían nuevos votantes”, escribió Walker. “La Sra. Herrera-Lucha, una no ciudadana que, ella misma, carece del derecho al voto, ha pasado años registrando y alentando a los ciudadanos a ejercer ese derecho solemne. Ella puede, al menos por ahora, continuar haciéndolo y sumar más voces a la millones de otros cantando una unión más perfecta a la existencia”.
“Aplaudimos este fallo y no descansaremos hasta que se proteja el derecho de todos a participar en nuestra democracia”.
Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana, celebró el fallo de Walker como una confirmación de “lo que sabíamos desde el principio: la última ley de registro de votantes de Florida era inconstitucional y no tenía otro propósito que silenciar a nuestras comunidades”.
“Este fallo es una victoria para todos los floridanos, especialmente para las comunidades subrepresentadas que dependen de organizaciones no partidistas como la nuestra para ayudar a que se escuchen sus voces”, dijo Miranda. “Aplaudimos este fallo y no descansaremos hasta que se proteja el derecho de todos a participar en nuestra democracia”.
La Federación Hispana fue uno de varios grupos que demandaron al estado de Florida por la disposición dirigida a los defensores del registro de votantes que no son ciudadanos, parte de un esfuerzo más amplio de supresión de votantes por parte del gobernador del estado y el Partido Republicano dominante.
Además de su ataque radical a los grupos de registro de votantes y las restricciones a la votación por correo, S.B. 7050 incluye una disposición que permitió a DeSantis postularse para presidente sin renunciar como gobernador de Florida.
Walker escribió en su orden el lunes que los líderes políticos de Florida en los últimos años han luchado por gobernar “dentro de los límites establecidos por la Constitución de los Estados Unidos”.
“Cuando el poder del gobierno estatal amenaza con extenderse más allá de los límites constitucionales y reducir los derechos individuales a cenizas, el poder judicial federal se erige como un cortafuegos”, agregó Walker. “El Estado Libre de Florida simplemente no es libre de exceder los límites de la Constitución de los Estados Unidos”.
Daniel Tilley, director legal de la ACLU de Florida, dijo en un comunicado que el fallo de Walker “fortalece la idea de que todos los floridanos tienen derecho a participar en la construcción de una democracia más fuerte a través del compromiso cívico”.
“Si bien este es un paso en la dirección correcta, nuestro trabajo no ha terminado”, dijo Tilley. “Las personas de nuestras comunidades, incluidos los que no son ciudadanos, trabajan incansablemente para ayudar en los esfuerzos de registro de votantes para empoderar a los floridanos a votar sobre temas que afectan sus vidas diarias. Aplaudimos la decisión de la corte, pero debemos asegurarnos de que esta ley dañina sea anulada por completo”.
