John Roberts y la creación de un estado fascista estadounidense
Su Corte le ha permitido a Trump desafiar al Congreso, ignorar a tribunales inferiores y violar tratados internacionales, incluyendo la prohibición de deportar a personas a países donde enfrentan tortura.
El 4 de marzo, Donald Trump pronunció su discurso récord de 100 minutos ante el Congreso. Tras disfrutar de las ovaciones del público, recorrió el pasillo con paso decidido, saludando a los jueces de la Corte Suprema uno por uno. Al llegar junto al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, Trump le estrechó la mano con cariño, le dio un golpecito en el brazo y declaró: “No lo olvidaré”.
Fue un pequeño momento teatral, pero con una carga más oscura. Para Trump, Roberts se ha convertido menos en el “árbitro” neutral que una vez afirmó ser y más en un facilitador dispuesto a las ambiciones autoritarias del presidente. En los meses transcurridos desde ese apretón de manos, la Corte Roberts ha desmantelado sistemáticamente las barreras legales que impedían la consolidación del poder de Trump, transformando el orden constitucional de Estados Unidos en algo parecido a un Estado fascista en ciernes.
El golpe de Estado en la sombra
La Corte Suprema ha sido durante mucho tiempo la última línea de defensa de Estados Unidos contra la extralimitación del ejecutivo. Con Roberts, se ha convertido en el arma más poderosa de Trump. En tan solo diez semanas, la supermayoría derechista de la Corte —tres jueces seleccionados personalmente por Trump— le ha otorgado al presidente 18 victorias consecutivas, la mayoría a través del secreto “expediente de casos en la sombra”. Se trata de fallos de emergencia emitidos sin audiencias, argumentos ni siquiera explicaciones.
Su impacto ha sido devastador. Trump ahora goza de autoridad ilimitada para purgar empleados federales a voluntad, deportar migrantes a zonas de guerra, despojar de protecciones a más de un millón de inmigrantes y prohibir a las personas transgénero estadounidenses servir en el ejército. Los jueces federales que intentaron bloquear estas medidas fueron simplemente anulados o ignorados, como si el poder judicial bajo el mando de Roberts ya no existiera.
Como advirtió la jueza Sonia Sotomayor en su opinión discrepante, la Corte está “premiando la anarquía” y abandonando el principio de que Estados Unidos se rige por las leyes, no por los hombres. Pero Roberts se ha mantenido firme junto a Trump, garantizando que esta nueva forma de supremacía ejecutiva se normalice.
Inmunidad para el hombre fuerte
La decisión más escalofriante se produjo en el caso Trump contra Estados Unidos, redactada por el propio Roberts. En ese fallo, la Corte otorgó a Trump inmunidad absoluta para sus “actos oficiales” como presidente, incluso aquellos relacionados con el 6 de enero o futuros abusos de poder. No se trataba de un simple tecnicismo legal, sino de una licencia para la dictadura: la declaración de que el presidente está por encima de la ley.
Roberts justificó el fallo citando el deseo de los redactores de la Constitución de un “ejecutivo enérgico”. Pero, convenientemente, omitió su insistencia equivalente en la responsabilidad y la rendición de cuentas. Con esta única opinión, Roberts prácticamente eliminó la garantía constitucional de que nadie está por encima de la ley.
De leal a Reagan a protector de Trump
El camino de Roberts hasta este momento se forjó durante décadas. Producto del conservadurismo de la era Reagan, se fue forjando escribiendo memorandos hostiles a los derechos civiles, la protección del voto y la acción afirmativa. Como presidente de la Corte Suprema, se ha puesto sistemáticamente del lado de las corporaciones, ha eliminado los derechos de los trabajadores, ha destruido las protecciones ambientales y ha puesto fin a la acción afirmativa en la educación superior.
Pero con Trump, Roberts ha ido más allá: no se ha limitado a promover la ideología conservadora, sino que ha defendido la anarquía abierta. Su Corte le ha permitido a Trump desafiar al Congreso, ignorar a tribunales inferiores y violar tratados internacionales, incluyendo la prohibición de deportar personas a países donde enfrentan tortura. Cuando Trump ignora las decisiones de los jueces, Roberts mira hacia otro lado. Esto no es conservadurismo; es colaboración.
La deriva fascista
Lo que está surgiendo no es solo una extralimitación del Ejecutivo, sino la arquitectura del fascismo. Un presidente reclama una autoridad ilimitada. Los tribunales abandonan su función de control del poder. Inmigrantes, minorías y disidentes son convertidos en chivos expiatorios y privados de sus derechos. Y al público se le dice que esto es normal.
Roberts, antes aclamado como un “institucionalista”, es ahora el arquitecto silencioso de esta transformación. Su reputación de cautela y moderación oculta un patrón claro: manipular la ley para facilitar el proyecto autoritario de Trump. Como lo expresó su colega de toda la vida, J. Michael Luttig, Roberts está “presidiendo el fin del Estado de derecho en Estados Unidos”.
Estados Unidos al límite
El peligro no es teórico. Con Trump, empoderado por una Corte que lo protege de la rendición de cuentas, Estados Unidos vive ahora bajo un presidente que puede despedir a los reguladores a voluntad, desmantelar agencias creadas por el Congreso, deportar refugiados desafiando la ley y actuar con impunidad. Cuando los tribunales inferiores quedan marginados y la propia Corte Suprema legitima este desafío, el Estado de derecho ya ha desaparecido.
A Roberts le gusta decir que los jueces son “como árbitros”: simples árbitros que cantan bolas y strikes. Pero en este juego, el árbitro ha elegido un bando. Y al hacerlo, John Roberts ha contribuido a que Estados Unidos se acerque más que nunca a un estado fascista, donde la voluntad de un hombre reemplaza la ley.
