Esta es la oportunidad del Congreso para aliviar las duras condiciones que enfrenta Cuba

Al comienzo del segundo mandato de Trump, con el intransigente Marco Rubio al frente de la política exterior, la tasa de mortalidad infantil en Cuba se había disparado un 148 %.

Las principales prioridades de los demócratas en el próximo Congreso probablemente serán exigir rendición de cuentas y mejorar la asequibilidad de la vida en Estados Unidos. Sin embargo, el 120.º Congreso también tiene la oportunidad de enfrentar uno de los legados más desastrosos de la administración Trump en el exterior: una emergencia humanitaria evitable, provocada por un bloqueo ilegal de combustible contra Cuba.

El embargo estadounidense ha asfixiado la economía cubana durante más de medio siglo. El presidente Barack Obama dio pasos históricos y populares para aliviar las sanciones y normalizar las relaciones con la isla, con el respaldo de ambos partidos. Pero la primera administración Trump revirtió rápidamente esos avances, alimentando una crisis económica caracterizada por una inflación descontrolada, escasez de alimentos y brotes de enfermedades prevenibles.

El deterioro continuó durante la administración Biden, que rechazó los llamados a cambiar esa política hasta sus últimos días en el poder.

Al comienzo del segundo mandato de Trump, con el intransigente Marco Rubio al frente de la política exterior, la tasa de mortalidad infantil en Cuba se había disparado un 148 %, mientras que más del 10 % de la población había abandonado la isla en 2022 y 2023.

Entonces llegó el bloqueo casi total al suministro de combustible, impuesto mediante aranceles, sanciones e incluso el uso de la fuerza militar. Paralelamente al endurecimiento de las restricciones económicas, Trump y Rubio han expresado abiertamente su intención de provocar un cambio de régimen, ampliando la presencia militar estadounidense en el Caribe y amenazando repetidamente con invadir la isla.

La crisis económica se convirtió en una caída libre. Hoy, Cuba enfrenta el peor desastre humanitario de su historia moderna. Los apagones son frecuentes y pueden durar horas, no días enteros. Sin electricidad, tampoco hay refrigeración, agua corriente ni ventiladores que alivien el calor tropical.

Los alimentos y los medicamentos escasean. Los hospitales reportan atrasos en procedimientos médicos y operaciones que deben realizarse a la luz de los teléfonos celulares. Algunos pacientes han muerto como consecuencia de esta situación.

Las crisis rara vez tienen una sola causa, pero no cabe duda de quién es responsable de un bloqueo de combustible. Independientemente de las acciones del gobierno cubano, estas no justifican el castigo colectivo contra su población civil.

Expertos independientes de derechos humanos de las Naciones Unidas han denunciado reiteradamente el bloqueo de combustible por considerarlo una violación del derecho internacional. El embargo, en su conjunto, ha sido condenado de manera sistemática y abrumadora en 34 votaciones anuales de las Naciones Unidas.

Este bloqueo de combustible es cruel. Es ilegal. Es un acto de guerra. Es impopular, tanto en el escenario internacional como entre los votantes estadounidenses. Incluso podría representar un riesgo para la seguridad nacional.

Con el nuevo equilibrio de poder, el Congreso cuenta con herramientas para enfrentarlo.

El primer paso que puede dar el Congreso es votar una resolución sobre los Poderes de Guerra (War Powers Resolution) que prohíba el uso no autorizado de la fuerza militar contra Cuba, incluso para hacer cumplir el bloqueo de combustible.

Esto no debería esperar a que el nuevo Congreso tome posesión. La representante Nydia Velázquez, demócrata por Nueva York, ya presentó un proyecto de ley en ese sentido. Las resoluciones sobre los Poderes de Guerra tienen carácter «privilegiado», lo que significa que los demócratas pueden llevar el proyecto de Velázquez a votación incluso estando en minoría.

La dirección demócrata decidió no hacerlo antes de las elecciones de medio término, probablemente por temor a perjudicar a sus candidatos en Florida, donde existe un poderoso sector favorable a las sanciones contra Cuba. Con las elecciones ya concluidas, no hay razón para seguir demorando la votación.

Una iniciativa similar en el Senado estuvo a punto de prosperar en abril y contó con el respaldo de dos republicanos. Aunque hoy una resolución sobre los Poderes de Guerra quizás no cuente con los votos necesarios para ser aprobada, llevarla a votación enviaría una poderosa señal de que los demócratas están dispuestos a retomar este asunto. También impulsaría al nuevo Congreso a continuar con ese esfuerzo.

En 2027, el nuevo Congreso podría aprobar esta y otras medidas concretas para ayudar a poner fin a las privaciones que sufre la población cubana:

  • Poner fin a la declaración de emergencia nacional de enero, sobre la cual se sustentan muchas de las sanciones recientes.
  • Eliminar la designación infundada de Cuba como «Estado patrocinador del terrorismo», que prácticamente excluye al país del sistema financiero internacional.
  • Suspender las facultades del Título III de la Ley Helms-Burton, que permiten a terceros demandar a personas y empresas que «trafiquen» con propiedades confiscadas por el gobierno cubano.

Incluso aquellas medidas que no logren superar un veto presidencial servirían para dejar clara la posición del Congreso e imponer un costo político a la administración Trump. Más importante aún, estas iniciativas podrían incorporarse posteriormente a proyectos legislativos de aprobación prácticamente obligatoria, como la ley anual de autorización de gastos de defensa.

Los demócratas también podrían utilizar los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias, igualmente indispensables para el funcionamiento del gobierno, para restringir o condicionar el uso de fondos. Por ejemplo, podrían prohibir que el Pentágono utilice sus recursos para emprender acciones militares o hacer cumplir el bloqueo de combustible, o impedir que el Departamento del Tesoro destine fondos a vigilar o sancionar a quienes suministren combustible a Cuba.

Pero el Congreso no debería limitarse a retroceder el reloj hasta 2024. Hace mucho tiempo que debió ponerse fin al embargo que, de manera deliberada, ha perjudicado a la población civil cubana durante más de 60 años.

En el pasado, los proyectos de ley para derogar las principales disposiciones legales que sustentan el embargo se presentaban con regularidad y contaban con apoyo bipartidista. Aunque hoy algunas de estas iniciativas no puedan sobrevivir a un veto presidencial, servirían para establecer formalmente la posición política del partido y sentar las bases para una futura administración demócrata.

Poner fin a la crisis cubana no será fácil. Incluso podría empeorar durante los próximos dos años: Trump podría responder al nuevo equilibrio de poder en Washington mediante una demostración de fuerza en el exterior, donde el poder ejecutivo tiene un mayor margen de maniobra.

Pero esa es precisamente una razón más para que el Congreso actúe con rapidez y decisión para ponerle límites.

Los cubanos están sufriendo las consecuencias de una política estadounidense ilegal. El Congreso no puede renunciar a su responsabilidad de actuar.


Michael Galant es investigador asociado sénior de investigación y divulgación del Center for Economic and Policy Research (Centro de Investigación Económica y Política). Este artículo fue publicado originalmente en el periódico Los Angeles Times el 18 de noviembre de 2026. La traducción al español es de Progreso Weekly.
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