El papel de Estados Unidos en la tragedia de Hermanos al Rescate

El derribo en 1996 de dos aeronaves civiles operadas por Hermanos al Rescate (BTTR) ha sido interpretado con frecuencia en términos morales tajantes: el gobierno cubano destruye aviones desarmados y mata a cuatro hombres cubanoamericanos. Esa verdad es real, pero también incompleta. Documentos desclasificados del National Security Archive revelan una realidad mucho más inquietante: el gobierno de Estados Unidos, mediante la inacción y la vacilación burocrática, comparte una responsabilidad significativa en una tragedia que sabía que era probable que ocurriera.

Esto no fue repentino; fue el cumplimiento de un evento previsto.

Durante más de un año antes del derribo, funcionarios estadounidenses observaron cómo se iba formando un patrón. BTTR, liderado por José Basulto, cruzaba repetidamente el espacio aéreo cubano: sobrevolaba zonas pobladas, lanzaba panfletos que llamaban a la insurrección y desafiaba abiertamente al gobierno cubano. No se trataba de misiones humanitarias ambiguas; incluso funcionarios estadounidenses las describían internamente como “provocaciones”.

Las advertencias fueron claras y frecuentes. Un correo electrónico de la FAA de enero de 1996 citaba los temores del Departamento de Estado ante un “peor escenario posible” en el que Cuba eventualmente derribaría uno de los aviones. No era especulación; era una expectativa. Meses antes, en agosto de 1995, una reunión en la Casa Blanca ya había identificado como “un gran temor” que fuerzas cubanas derribaran una aeronave de BTTR. Por su parte, el gobierno cubano había presentado reiteradas protestas diplomáticas y declarado su “firme determinación” de defender su espacio aéreo.

Nada de esto se mantuvo oculto. El riesgo fue reconocido por diversas agencias, desde la Administración Federal de Aviación (FAA) hasta altos funcionarios como Richard Nuccio y Peter Tarnoff. Incluso la noche anterior al derribo, Nuccio advirtió al asesor de seguridad nacional, Sandy Berger, de que las tensiones eran tan altas que Cuba podría finalmente actuar.

Y aun así, los vuelos continuaron.

El problema central no fue la ignorancia, sino la falta de aplicación de la ley. La Administración Federal de Aeronáutica civil emitió advertencias, inició investigaciones e incluso consideró suspender la licencia de Basulto, pero nunca tomó medidas firmes. A pesar de múltiples violaciones e incluso de la presentación de planes de vuelo falsos, se permitió que los aviones de BTTR siguieran operando. Las solicitudes de altos responsables políticos para inmovilizar las aeronaves se toparon con resistencia burocrática. Solo después de que los aviones fueran destruidos, la FAA emitió una orden clara de “cese y desistimiento”, condenando el mismo comportamiento que durante tanto tiempo había tolerado como “descuidado o imprudente”.

Este es el punto clave: Estados Unidos tenía tanto el poder como la previsión para evitar esta crisis, pero no actuó.

La tragedia adquiere una dimensión aún mayor cuando se examina en el contexto de la diplomacia secreta. Según las investigaciones de William LeoGrande y Peter Kornbluh, presentadas en su libro “Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana”, Fidel Castro buscaba una solución. A inicios de 1996, alcanzó un acuerdo preliminar con el congresista Bill Richardson: Cuba liberaría presos políticos a cambio de una promesa estadounidense de detener los vuelos de BTTR. Esa promesa nunca se materializó en la práctica.

En su lugar, Washington envió señales contradictorias: reconocía en privado el peligro mientras permitía públicamente que las provocaciones continuaran. El resultado fue un ejemplo de manual de contradicción estratégica.

Nada de esto justifica la decisión de Cuba de emplear la fuerza letal. El derribo, ejecutado bajo la autoridad del entonces ministro de Defensa Raúl Castro, pudo haberse manejado de otra manera, como ordenar a los aviones que aterrizaran o enfrentar las consecuencias de violar el espacio aéreo soberano. Pero reconocer eso no borra otro hecho: Estados Unidos creó las condiciones que hicieron más probable una respuesta de ese tipo.

Los propios pilotos conocían el riesgo. El día del incidente, los controladores aéreos cubanos advirtieron a las aeronaves de BTTR que estaban entrando en una zona peligrosa. Basulto respondió con franqueza: “Somos conscientes de que estamos en peligro… pero estamos dispuestos a hacerlo como cubanos libres”. Fue una declaración de escalada.

Por eso, la descripción del episodio como una “tragedia griega” por parte del National Security Archive resulta tan acertada. Todos los actores veían hacia dónde se dirigían los acontecimientos. Todas las advertencias fueron ignoradas. En retrospectiva, el desenlace parece inevitable.

Pero la inevitabilidad suele ser simplemente el resultado de decisiones evitables.

En última instancia, el derribo no se debió únicamente a la agresión cubana. Fue también producto de un fracaso de política en Washington: la renuencia a hacer cumplir sus propias normas, a contener a un actor políticamente sensible y a alinear su retórica con sus responsabilidades. Cuatro hombres perdieron la vida no solo porque Cuba apretó el gatillo, sino también porque Estados Unidos dejó el arma cargada, apuntando y a la espera.

Esa es la verdad más incómoda y la que aún exige rendición de cuentas.