El momento de las mipymes ya pasó… al menos en provincias

Cuando en julio de 2024 el gobierno cubano topó los precios de seis alimentos y artículos de aseo que calificaba de esenciales, muchos consumidores llamaron la atención sobre el hecho de que la nueva tarifa oficial fijaba precios muy superiores a los que en realidad tenían esos productos en los mercados de la Isla.

Por entonces, el litro de aceite solía encontrarse en una horquilla que iba desde los 700 pesos en Occidente hasta los 800 en las provincias de la región suroriental. Mientras, la resolución sobre el tema autorizaba a venderlo hasta en 990 pesos. Otros casos llamativos eran los del pollo (para el que se pautaba un tope equivalente a 310 pesos por libra) y el detergente en polvo (630 pesos el kilogramo). Incluso en Oriente el primero de esos ítems podía encontrarse pagando la libra a no más de 300 pesos, y el segundo rara vez superaba los 500 pesos por kilo.

Las críticas por el divorcio entre legislación y realidad llegaron a ser tantas que en las semanas siguientes el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) se vio obligado a enviar a varios de sus funcionarios a programas de radio y televisión para que explicaran que la resolución solo planteaba un tope máximo, no la obligación de vender a esos precios.

Ocho meses después la mayoría de los consumidores se alegrarían si al menos aquellas tarifas se cumplieran.

Durante 2024 los precios de los alimentos se incrementaron un 18% respecto a 2023, informó recientemente la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. La subida se concentró en la segunda mitad del año, coincidiendo con los anuncios en julio y diciembre de progresivas restricciones para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas y la disminución de las entregas de la canasta normada. En consecuencia, hacia el cierre del año la libra de pollo llegó a cotizarse a 800 pesos y el arroz inició una espiral inflacionaria que lo haría bordear los 300 pesos por libra, a mediados de febrero. Y las perspectivas no son promisorias.

“Este va a ser un año malo. Si usted compara la libreta [de abastecimientos] del año pasado con la de este, se da cuenta de cuántas cosas han dejado de dar. Muchas, ya ni las mencionan cuando hablan de los ‘mandados’. A pesar de lo que diga la gente de Comercio, es como si las hubiesen quitado de la cuota. De contra, en las mipymes todos los días sube el precio de algo”, lamentó Dulce, una jubilada camagüeyana que confiesa “poder sobrevivir” solo gracias a la ayuda de sus hijas.

Medio millón de pesos

Hasta esa cifra han llegado a pedirle a Miguel (nombre cambiado por su solicitud), administrador de una mipyme de Camagüey, por el alquiler de una rastra para traer cargas desde el Mariel.

“Es verdad que son 1 200 kilómetros entre la ida y la vuelta, pero cuesta entender precios así. Si a ese dinero se le suman los demás gastos relacionados con la operación de la carga y los impuestos, ¿en cuánto hace falta vender un contenedor de pollo para sacar ganancias?”, reflexionó.

Ya a mediados de 2024 las diferencias de puntos de vista en cuanto al traslado de cargas habían motivado desencuentros entre la viceministra del MFP, Lourdes Rodríguez Ruiz, y un grupo de empresarios privados. Durante una reunión estos habían cuestionado a la funcionaria por la decisión de fijar topes de precios sin tener en cuenta aspectos como el de los crecientes gastos en transporte, para los que el Estado no tiene alternativas.

El discurso oficial lleva años perorando sobre la conveniencia de que las nuevas formas de gestión se “encadenen” con las empresas estatales, una pretensión que pudiera resultar particularmente oportuna en aspectos como el mencionado.

La resolución sobre los servicios de transportación multimodal de cargas, promulgada por el MFP en marzo de 2021, lista tarifas particularmente competitivas. Por ejemplo, el envío de un contenedor de 20 toneladas desde la terminal del Mariel a Camagüey está valuado en 13.742 pesos, y la de uno de 40 toneladas en 19.535. A los precios actuales de las rastras particulares, con los alquileres de dos de esos vehículos podría pagarse un tren completo de 25 planchas, capaz de transportar hasta 50 contenedores.

Pero contratar los servicios de Ferrocarriles de Cuba resulta virtualmente imposible para los privados, asegura Miguel. “Aunque no está prohibido, siempre que se pregunta por esa posibilidad comienzan a aparecer los ‘peros’. Ferrocarriles no tiene suficientes planchas ni casillas, y plantea que está obligado a priorizar cargas como las de la canasta básica. En más de dos años una sola vez me avisaron para ver si quería contratar una plancha de contenedores, y fue de corre-corre. Se les había ‘caído’ un cliente previo, y podía aprovechar la salida de esa semana si me apuraba en coordinar la extracción del contenedor del puerto. Por supuesto, no me dio tiempo a hacerlo. Los negocios no funcionan así”.

“Todos saben que hay mucha complejidad para los servicios de transportación, al punto de que la canasta familiar normada en ocasiones tiene su transportación apoyada con transportistas privados”, declaraba en julio pasado la viceministra del MFP. Lo ideal sería que las formas de gestión no estatal pudieran contratar sus servicios de carga con empresas estatales –lo que rebajaría costos–, pero eso no será posible a corto o mediano plazo por la falta de recursos, reconoció.

Juan Carlos, copropietario de otra mipyme, piensa que “el momento de las mipymes ya pasó… al menos en provincias”. Lo dice solo después de haber obtenido la seguridad de que su verdadero nombre no figurará en este reportaje.

“Ese es el primer indicador que deberías tener en cuenta. Dos años atrás yo te hubiera dicho: mencióname, sin problema. Ahora, por nada del mundo. Ha cambiado el ambiente que existía en cuanto al emprendimiento. Se nota más reserva de parte de las autoridades, más presiones de todo tipo. Empezando por el hecho de que los trámites para la conformación de nuevas mipymes prácticamente se han paralizado. Yo mismo tengo dos amistades que llevan meses en ese proceso sin que hasta ahora sus expedientes hayan recibido una respuesta clara. Del Ministerio de Economía y Planificación los remiten al gobierno de su municipio, y en este se limitan a decirles que están ‘esperando indicaciones’, sin concretar cuándo les darán los permisos para sus respectivos proyectos. Por lo pronto, a uno le anticiparon que no autorizarán su solicitud para realizar comercio mayorista, porque ‘esa actividad no es de interés para el desarrollo local'”.

Miguel, Juan Carlos y los dueños de otras dos mipymes consultados para esta nota coincidieron en que los negocios ya no tienen el ritmo de 2023 o comienzos de 2024. “Ante la presión de los inspectores con la bancarización y por la compraventa de divisas, además de los constantes cambios en cuanto a la política de importación, a uno no le queda más remedio que protegerse. Así, si antes tú comprabas un contenedor de pollo a la semana, ahora lo más probable es que te limites a traer uno al mes o cada quince días. En esas circunstancias es inevitable que hayan ‘baches’ en los suministros. Al final, uno se afecta, pero la que peor sale es la población porque lo que no vendemos las mipymes tampoco lo saca en sus tiendas el Estado”, acotó uno de los segundos. Hasta hace un par de meses el negocio que regenta tenía en proyecto abrir una subsidiaria en uno de los municipios de la provincia. Ahora ya no.

Daniel Valero, periodista cubano.