El caso de Alejandro Gil concluye con una sentencia de cadena perpetua
El Tribunal Supremo Popular de Cuba ha condenado a cadena perpetua al exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, concluyendo así uno de los episodios políticos y judiciales más trascendentales en la isla en más de una década. El veredicto marca la caída de un funcionario que gozaba de la confianza del gobierno y contribuyó a dar forma a aspectos clave de la política económica cubana reciente.
Gil, quien se desempeñó como ministro de Economía de 2018 a 2024 y, simultáneamente, ocupó el cargo de viceprimer ministro, fue declarado culpable en un juicio a puerta cerrada por cargos que incluyen espionaje, corrupción, soborno y manejo indebido de información estatal clasificada. Una segunda sentencia, relacionada con la primera, añadió una pena adicional de 20 años por delitos financieros como evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y tráfico de influencias. Las sentencias se cumplirán simultáneamente.
Según declaraciones oficiales, el tribunal declaró a Gil culpable de obtener, dañar y compartir indebidamente documentos estatales, incluidos materiales considerados sensibles para la seguridad nacional. La fiscalía argumentó que sus acciones permitieron el acceso a información confidencial a “servicios de inteligencia enemigos”, aunque el gobierno no identificó a los actores extranjeros supuestamente involucrados. El tribunal también citó la apropiación indebida de documentos oficiales y acciones consideradas perjudiciales para la contratación económica, así como un patrón de sobornos continuados descubierto en la segunda fase de la investigación.
Además de la pena de prisión, la sentencia ordenó la confiscación de los bienes de Gil y lo despojó de sus derechos civiles y políticos, poniendo fin a cualquier posibilidad de que regrese a un cargo público.
El ascenso y la caída de Gil se produjeron en el contexto de uno de los períodos económicos más difíciles de la historia reciente de Cuba. Como ministro de Economía, se convirtió en la figura pública de las reformas monetarias del gobierno de 2021, incluida la unificación del sistema de doble moneda del país. Sus partidarios argumentaron que las medidas eran necesarias desde hacía tiempo; los críticos sostienen que intensificaron la inflación, la escasez y las distorsiones en la economía estatal. Su destitución a principios de 2024 se anunció abruptamente, y el gobierno citó “graves errores” sin proporcionar más explicaciones en ese momento.
El secretismo que rodeó el juicio ha generado atención internacional y especulaciones internas. No se permitió la entrada de prensa independiente ni de observadores extranjeros a la sala del tribunal, y las autoridades cubanas solo publicaron descripciones generales de las pruebas presentadas. El gobierno defendió los procedimientos a puerta cerrada como necesarios para proteger la seguridad nacional. Sin embargo, la falta de transparencia ha alimentado interrogantes sobre el contexto político del caso y sobre si el juicio sirvió a propósitos más amplios, como reforzar la disciplina interna en medio de una crisis económica y de la frustración pública.
La condena de una figura de tan alto rango marca la purga gubernamental más importante desde 2009. Se produce en un momento en que Cuba enfrenta graves presiones fiscales, escasez persistente y una emigración continua. Aún está por verse si la condena tranquilizará a los ciudadanos respecto a los esfuerzos anticorrupción del gobierno o si, por el contrario, profundizará el escepticismo sobre las motivaciones políticas.
Por ahora, el caso representa el fin definitivo de la influencia de Gil en el Estado cubano y subraya la determinación del gobierno ante los crecientes desafíos internos.
