El caso Alejandro Gil: La caída del zar de las finanzas de Cuba
Gil fue la figura pública de la reforma económica cubana, vicepresidente y artífice de una importante reforma monetaria en 2021.
Cuando Alejandro Gil Fernández —quien fue la figura pública de la reforma económica cubana, vicepresidente y artífice de una importante reforma monetaria en 2021— desapareció del ojo público a principios de 2024, pocos pudieron predecir la rapidez y la magnitud de su caída política. En su momento, fue elogiado por abordar la tarea imposible de salvar una economía en caída libre; Gil ahora enfrenta uno de los juicios más trascendentales en La Habana en décadas: espionaje, malversación de fondos y una serie de delitos financieros que el gobierno considera una traición a la revolución.
Los cargos contra Gil se hicieron públicos a finales de octubre de 2025 tras una larga investigación, según las autoridades estatales. Los fiscales cubanos lo acusan —junto con colaboradores no identificados— de delitos que van desde el espionaje y el lavado de dinero hasta el soborno, la evasión fiscal, la falsificación de documentos públicos y las violaciones relacionadas con información clasificada. Las autoridades han declarado que parte del proceso se llevará a cabo a puerta cerrada por razones de seguridad nacional. Para muchos cubanos y observadores externos, la combinación de delitos financieros y espionaje plantea interrogantes sobre el móvil, el proceso y el mensaje que La Habana pretende transmitir.
Los cargos representan un giro drástico para un tecnócrata que ascendió en el sistema de planificación estatal y que, durante un tiempo, fue la voz más prominente en política económica durante la era Díaz-Canel. El mandato de Gil se caracterizó por las profundas reformas monetarias y de precios de 2021, cuyo objetivo era unificar el disfuncional sistema monetario cubano; medidas ampliamente criticadas por provocar un rápido aumento de precios, escasez y una fuerte presión sobre los ingresos familiares. Las consecuencias de estas reformas convirtieron a Gil en un blanco fácil de la frustración pública, incluso antes de que comenzara la investigación por corrupción.
Lo que sucedió exactamente aún no está claro. Las declaraciones oficiales de La Habana han sido vagas en cuanto a los detalles; los medios estatales y la declaración del fiscal describen los cargos, pero aportan pocos documentos o no mencionan a los cómplices. Medios independientes y de la diáspora cubana han intervenido para informar y analizar, lo que sugiere que el caso es tanto un proceso penal como un ajuste de cuentas político dentro del sistema revolucionario. Los críticos afirman que la falta de transparencia —con juicios a puerta cerrada, acceso limitado a las pruebas y una fuerte seguridad en los juzgados— socava la confianza en lo que, de otro modo, podría ser un importante esfuerzo anticorrupción.
El gobierno, por el contrario, presenta el proceso judicial como prueba de que el Estado no tolerará la corrupción ni la negligencia en las más altas esferas. El presidente Miguel Díaz-Canel declaró públicamente en marzo de 2024 que el asunto estaba siendo investigado por la policía y la Fiscalía General, y posteriormente anunció la renuncia de Gil a sus cargos en el Partido y en el Parlamento, a través de los canales oficiales. Las autoridades sostienen que la investigación y cualquier juicio resultante son cuestiones de derecho, no de política.
Para comprender la importancia del caso Gil, conviene analizar el contexto más amplio, más allá de las acusaciones: la economía cubana ha estado bajo una intensa presión, con contracciones, escasez de combustible e inflación que alimentan la frustración popular. En ese contexto, un escándalo de corrupción en las más altas esferas de la gestión económica resulta explosivo, tanto porque refuerza la idea de impunidad de la élite como porque pone en riesgo la frágil legitimidad del partido gobernante. Los observadores de derechos humanos y los defensores de la democracia señalan que en Cuba es raro enjuiciar a altos funcionarios por corrupción; por ello, el caso resulta significativo, independientemente del veredicto final.
La combinación de espionaje y delitos financieros añade una nueva capa de complejidad. Las acusaciones de espionaje conllevan las penas más severas según la ley cubana, y el uso que hace el gobierno de alegaciones de seguridad nacional para limitar el acceso público a los procedimientos judiciales evoca, para algunos observadores, dolorosas comparaciones con purgas y juicios del pasado en los que se entrelazaron motivos políticos y secreto judicial. Reuters y otros medios internacionales han destacado la conexión con casos de gran repercusión en la historia cubana que resultaron en severos castigos, enfatizando la importancia del juicio de Gil.
Sin embargo, persisten las preguntas: ¿Cuáles son exactamente los presuntos actos de espionaje? ¿Quién, si es que alguien, se benefició de la supuesta mala conducta financiera? ¿Por qué la investigación tardó más de un año en hacerse pública y por qué las autoridades han divulgado tan pocos documentos? La falta de información ha permitido que florezcan las especulaciones, un resultado que perjudica tanto la comprensión pública como la credibilidad de las instituciones cubanas.
Para los analistas de la región, el caso Gil probablemente se examinará desde múltiples perspectivas: como una iniciativa de aplicación de la ley (un esfuerzo anticorrupción), como una maniobra política interna del Partido (una forma de disciplinar a la burocracia o saldar cuentas pendientes) y como una estrategia de gestión de crisis (un método para transmitir a una ciudadanía inquieta que el gobierno está actuando). Cualquiera que sea la interpretación más precisa, el caso influirá en la formulación de políticas y en la percepción pública en Cuba durante los próximos años. Si el Estado logra condenas, proclamará una victoria; si persisten las dudas sobre los procedimientos y las pruebas, el episodio podría profundizar el cinismo respecto a la rendición de cuentas en el sistema que pretende reformar.
Mientras el juicio avanza bajo estrictas medidas de seguridad y con acceso restringido, los periodistas internacionales y los observadores de derechos humanos se centrarán en dos cuestiones principales: si el proceso respeta los estándares básicos de imparcialidad y transparencia, y si el caso presenta pruebas verificables que vinculen a Gil con los presuntos delitos. Hasta que se establezcan estos elementos, el caso de Alejandro Gil seguirá siendo, en el mejor de los casos, un registro incompleto de presuntas irregularidades y, en el peor, una advertencia sobre cómo el secretismo y los motivos políticos pueden obstaculizar la justicia.
