¿Diálogo o presion? El frágil equilibrio del acuerdo UE-Cuba (+English)

Por Lisset Argüelles / La Joven Cuba

La noticia del reciente encuentro entre el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se dio en un momento sensible para la Isla en lo que concierne a derechos humanos. El encuentro subraya la voluntad de la Unión Europea de mantener el diálogo con el gobierno cubano, una política impulsada hasta ahora por Joseph Borrell, pero que pudiera estar a punto de cambiar.

Borrell ha sido una figura clave en la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), promoviendo un enfoque diplomático y cooperativo frente a las demandas de ciertos sectores europeos que exigen sanciones más severas y mayor presión sobre Cuba. Ahora, a punto de concluir su mandato, Rodríguez aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento por la contribución de Borrell al fortalecimiento de las relaciones entre la UE y Cuba.

Sin embargo, el año 2024 ha sido especialmente tenso para las relaciones entre Cuba y la UE, debido a las crecientes críticas sobre la efectividad del acuerdo para generar avances en materia de derechos humanos. En enero, el Parlamento Europeo tomó una medida sin precedentes al prohibir la entrada a sus instalaciones de los miembros de la Asamblea Nacional cubana. Esta decisión fue en respuesta a la negativa del gobierno cubano de recibir una delegación ad hoc del Parlamento que pretendía evaluar la situación de los derechos humanos en la Isla.

El año 2024 ha sido especialmente tenso para las relaciones entre Cuba y la UE, debido a las crecientes críticas sobre la efectividad del acuerdo para generar avances en materia de derechos humanos.

Poco después, Cuba respondió con fuertes acusaciones, alegando que algunos miembros del Parlamento Europeo estaban vinculados a organizaciones terroristas, lo que no hizo más que aumentar las tensiones.

Apenas un mes después, en febrero de 2024, el Parlamento Europeo emitió una resolución que profundizó aún más la ya deteriorada relación entre ambas partes. Esta vez, el Parlamento condenó el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Cuba, señalando el aumento alarmante de presos políticos, que a finales de enero alcanzaba 1.066 personas. Además, se condenaron las prácticas de «trabajo forzoso» en brigadas médicas y otros sectores laborales bajo control del Estado cubano, calificándolas como una forma moderna de esclavitud.

La resolución insistió en que, aunque el ADPC se concibió como una herramienta para promover libertades fundamentales en Cuba, no ha logrado cumplir ese objetivo. Por tanto, el Parlamento Europeo instó a la Unión Europea a considerar la suspensión del acuerdo si no se producen mejoras significativas. Adicionalmente, se propuso la aplicación del régimen de sanciones globales de la UE, conocido como la ‘Ley Magnitsky de la Unión’, para sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, incluyendo al presidente Miguel Díaz-Canel como figura central en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas.

Aunque la resolución fue aprobada con 285 votos a favor, 172 en contra y 46 abstenciones, las sanciones no se implementaron de inmediato, ya que requieren la aprobación final del Consejo de la Unión Europea para entrar en vigor.

La votación de la resolución y la diversidad de opiniones dentro del Parlamento Europeo evidenciaron la complejidad del debate, con posturas profundamente divergentes sobre cómo abordar la situación en Cuba.

El Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), representado por eurodiputados como Leopoldo López Gil y Paulo Rangel, abogó por sanciones más estrictas contra el gobierno cubano, insistiendo en que la UE debe adoptar una postura más firme en respuesta al deterioro de los derechos humanos en la Isla.

Desde el grupo Renew, eurodiputados españoles como Javier Nart y Dita Charanzová también enfatizaron la necesidad de suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) si no se observan mejoras tangibles en las libertades fundamentales en Cuba, con lo cual Renew apuesta por una combinación de presión y diálogo como la estrategia más efectiva para lograr cambios en el país.

A su vez, eurodiputados del Grupo Conservador y Reformista Europeo (ECR), como Hermann Tertsch, adoptaron una postura aún más severa, apoyando firmemente la aplicación de la ‘Ley Magnitsky de la UE’ y solicitando sanciones directas contra altos funcionarios cubanos responsables de violaciones de derechos humanos.

Estas posturas, más críticas, contrastan con sectores más moderados dentro del Parlamento, incluyendo algunos eurodiputados socialistas como Javi López (PSOE), quienes sostienen que el diálogo debe seguir siendo el principal instrumento para promover mejoras en Cuba, aunque sin descartar una mayor presión diplomática de no percibir avances.

Con el paso de los meses y el complejo escenario internacional, Cuba ha perdido protagonismo en la agenda de derechos humanos de la UE. En el reciente debate general del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la UE expresó preocupaciones sobre países como Venezuela, Rusia, Siria y Myanmar, sin mencionar a Cuba entre los principales focos de atención. El cambio refleja cómo las prioridades geopolíticas y los conflictos de mayor escala, como la guerra en Ucrania, han desplazado a Cuba en la lista de urgencias de derechos humanos.

El cambio refleja cómo las prioridades geopolíticas y los conflictos de mayor escala, como la guerra en Ucrania, han desplazado a Cuba en la lista de urgencias.

Sin embargo, este contexto ha sido aprovechado por la oposición cubana, que en los últimos días ha intensificado su presión sobre la Unión Europea para suspender el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC). Organizaciones como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y la Red Femenina de Cuba reiteraron la ineficacia del acuerdo para mejorar los derechos humanos en la Isla, destacando el creciente número de presos políticos como una razón fundamental para solicitar la activación de la cláusula de suspensión del ADPC.

Con la reciente elección de Kaja Kallas como la nueva Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se abren interrogantes sobre el futuro del Acuerdo con Cuba. Kallas, ex primera ministra de Estonia, ha sido una voz firme contra los regímenes autoritarios, especialmente en lo que respecta a Rusia, dada su experiencia y antecedentes históricos con ese país. Su enfoque hacia los derechos humanos, reflejado en su condena constante a la represión en Europa del Este, podría indicar una postura más crítica hacia Cuba que la adoptada por su predecesor, Josep Borrell.

También podría significar un mayor enfoque en la defensa de los derechos fundamentales, en línea con las resoluciones más recientes del Parlamento Europeo que exigen una mayor presión sobre el gobierno cubano. Aunque Borrell optó por continuar el diálogo a pesar de las críticas, Kallas podría inclinarse hacia una postura más dura, apoyando las demandas de sanciones si no se observan mejoras claras en la situación de los derechos humanos en la Isla.

A medida que avance la nueva legislatura, es probable que el equilibrio entre diálogo y presión se reevalúe. En los próximos meses, se hará evidente si la Unión Europea mantiene su enfoque actual o adopta una postura más crítica hacia Cuba. Es previsible que asuma una línea más firme para exigir avances en derechos humanos, sin interrumpir las relaciones económicas y de cooperación. Incluso si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, la UE podría evitar una ruptura total.

Aunque la atención actual de la UE está centrada en la crisis en Venezuela, una respuesta severa a posibles estallidos sociales en Cuba podría llevar a la aprobación de sanciones, algo que el gobierno intentará evitar a toda costa por sus graves consecuencias económicas y diplomáticas.

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Translation to English:

Dialogue or pressure? The fragile balance of the EU-Cuba agreement

The news of the recent meeting between the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell, and Cuba’s Minister of Foreign Affairs, Bruno Rodríguez Parrilla, came at a sensitive time for the Island regarding human rights. The meeting underlines the willingness of the European Union to maintain dialogue with the Cuban government, a policy promoted until now by Joseph Borrell, but which could be about to change.

Borrell has been a key figure in the implementation of the Political Dialogue and Cooperation Agreement (PDCA), promoting a diplomatic and cooperative approach to the demands of certain European sectors that demand more severe sanctions and greater pressure on Cuba. Now, about to conclude his mandate, Rodríguez took the opportunity to express his gratitude for Borrell’s contribution to strengthening relations between the EU and Cuba.

However, the year 2024 has been especially tense for relations between Cuba and the EU due to growing criticism about the effectiveness of the agreement to generate progress in human rights. In January, the European Parliament took an unprecedented step by banning members of the Cuban National Assembly from entering its premises. This decision was in response to the Cuban government’s refusal to receive an ad hoc delegation from the Parliament that was intended to assess the human rights situation on the island.

The year 2024 has been particularly tense for relations between Cuba and the EU, due to growing criticism over the effectiveness of the agreement in generating progress on human rights.

Shortly after, Cuba responded with strong accusations, alleging that some members of the European Parliament were linked to terrorist organizations, which only increased tensions.

Just a month later, in February 2024, the European Parliament issued a resolution that further deepened the already deteriorating relationship between the two parties. This time, the Parliament condemned the worsening human rights situation in Cuba, pointing to the alarming increase in political prisoners, which by the end of January had reached 1,066 people. In addition, the practices of “forced labour” in medical brigades and other labor sectors under the control of the Cuban state were condemned, calling them a modern form of slavery.

The resolution insisted that although the ADPC was conceived as a tool to promote fundamental freedoms in Cuba, it has failed to fulfil that objective. The European Parliament therefore urged the European Union to consider suspending the agreement if significant improvements are not made. Additionally, the application of the EU’s global sanctions regime, known as the ‘Magnitsky Act of the Union’, was proposed to sanction those responsible for human rights violations, including President Miguel Díaz-Canel as a central figure in the chain of command of the Cuban security forces.

Although the resolution was approved with 285 votes in favour, 172 against and 46 abstentions, the sanctions were not implemented immediately, as they require the final approval of the Council of the European Union to enter into force.

The vote on the resolution and the diversity of opinions within the European Parliament highlighted the complexity of the debate, with deeply divergent positions on how to address the situation in Cuba.

The European People’s Party (EPP) Group, represented by MEPs Leopoldo López Gil and Paulo Rangel, called for stricter sanctions against the Cuban government, insisting that the EU must take a firmer stance in response to the deterioration of human rights on the island.

From the Renew group, Spanish MEPs Javier Nart and Dita Charanzová also stressed the need to suspend the Political Dialogue and Cooperation Agreement (PDCA) if tangible improvements in fundamental freedoms are not observed in Cuba, with Renew betting on a combination of pressure and dialogue as the most effective strategy to achieve changes in the country.

In turn, MEPs from the European Conservative and Reformist Group (ECR), such as Hermann Tertsch, took an even harsher stance, strongly supporting the application of the ‘EU Magnitsky Law’ and calling for direct sanctions against senior Cuban officials responsible for human rights violations.

These more critical positions contrast with more moderate sectors within Parliament, including some socialist MEPs such as Javi López (PSOE), who maintain that dialogue must continue to be the main instrument to promote improvements in Cuba, although without ruling out greater diplomatic pressure if progress is not perceived.

As the months have passed and the international scenario is complex, Cuba has lost prominence in the EU’s human rights agenda. In the recent general debate of the UN Human Rights Council, the EU expressed concerns about countries such as Venezuela, Russia, Syria and Myanmar, without mentioning Cuba among the main focuses of attention. The change reflects how geopolitical priorities and larger-scale conflicts, such as the war in Ukraine, have displaced Cuba on the list of human rights emergencies.

The change reflects how geopolitical priorities and larger-scale conflicts, such as the war in Ukraine, have displaced Cuba on the list of urgent matters.

However, this context has been exploited by the Cuban opposition, which in recent days has intensified its pressure on the European Union to suspend the Political Dialogue and Cooperation Agreement (ADPC). Organizations such as the Council for Democratic Transition in Cuba and the Cuban Women’s Network reiterated the ineffectiveness of the agreement to improve human rights on the island, highlighting the growing number of political prisoners as a fundamental reason for requesting the activation of the ADPC suspension clause.

With the recent election of Kaja Kallas as the new EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, questions are raised about the future of the Agreement with Cuba. Kallas, former Prime Minister of Estonia, has been a firm voice against authoritarian regimes, especially with regard to Russia, given her experience and historical background with that country. His approach to human rights, reflected in his consistent condemnation of repression in Eastern Europe, could signal a more critical stance towards Cuba than that adopted by his predecessor, Josep Borrell.

It could also mean a greater focus on defending fundamental rights, in line with the most recent resolutions of the European Parliament calling for greater pressure on the Cuban government. Although Borrell opted to continue dialogue despite criticism, Kallas could lean towards a tougher stance, supporting demands for sanctions if clear improvements in the human rights situation on the island are not seen.

As the new legislature progresses, the balance between dialogue and pressure is likely to be re-evaluated. In the coming months, it will become clear whether the European Union maintains its current approach or adopts a more critical stance towards Cuba. It is foreseeable that it will take a firmer line to demand progress on human rights, without interrupting economic and cooperation relations. Even if Donald Trump returns to the White House, the EU could avoid a complete breakup.

Although the EU’s current attention is focused on the crisis in Venezuela, a severe response to possible social unrest in Cuba could lead to the approval of sanctions, something that the government will try to avoid at all costs due to its serious economic and diplomatic consequences.