Dejen respirar a Cuba

Durante más de seis décadas, Cuba ha vivido bajo la sombra de una guerra económica impuesta por los Estados Unidos. Lo que comenzó como una estrategia de la Guerra Fría se convirtió en un sistema permanente de sanciones cuyo propósito declarado, desde el inicio, no era solo presionar a un gobierno, sino quebrar a una sociedad.

En abril de 1960, el funcionario estadounidense Lester D. Mallory escribió en un memorando secreto que la política hacia Cuba debía negar dinero y suministros para reducir salarios y “provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. Pocas veces se ha expresado con tanta franqueza la intención detrás de unas sanciones.

Más de sesenta años después, la estructura construida sobre esa premisa solo se ha ampliado. Embargos comerciales, aislamiento financiero, restricciones de viaje, prohibiciones tecnológicas, límites a las remesas, sanciones a terceros países y presiones sobre instituciones internacionales conforman uno de los regímenes de sanciones más completos jamás impuestos a una nación pequeña. Abarca rutas marítimas, sistemas bancarios, cadenas de suministro de medicinas, intercambios académicos e incluso vínculos familiares.

Independientemente de la opinión que se tenga sobre el gobierno cubano, la realidad es ineludible: las principales víctimas de esta política son las personas comunes. Cuando un país no puede comprar libremente combustible, repuestos, equipos médicos, materiales de construcción o insumos agrícolas, la escasez deja de ser abstracta y se convierte en vida cotidiana. Los hospitales improvisan. La infraestructura se deteriora. Los apagones aumentan. Las familias esperan horas en filas interminables.

Quienes defienden las sanciones suelen argumentar que las dificultades producirán cambios políticos. La historia sugiere lo contrario. La presión externa tiende a endurecer posiciones, fortalecer estructuras de seguridad y trasladar culpas hacia afuera. Al mismo tiempo, priva a los ciudadanos de los recursos — información, movilidad, independencia económica — que fomentan el pluralismo y la reforma.

Si el objetivo fuera realmente la democracia, el compromiso sería el camino más lógico. El comercio expone a las sociedades a nuevas ideas. Los viajes crean conexiones humanas. Los intercambios académicos y culturales fortalecen las instituciones civiles. Las oportunidades económicas generan actores interesados en la estabilidad y la apertura. El aislamiento produce exactamente lo contrario.

Además, esta política coloca a Estados Unidos en una posición moral contradictoria. Washington defiende el libre mercado, la soberanía y los valores humanitarios, pero mantiene medidas que restringen alimentos, medicinas, energía y financiamiento a un país vecino de once millones de habitantes. Presionar así a una pequeña isla no demuestra fortaleza, sino inseguridad.

Poner fin a esta postura no sería una concesión a ningún gobierno; sería una afirmación de un principio: que las naciones deben poder resolver sus propios problemas sin coerción destinada a provocar sufrimiento. El futuro de Cuba — su sistema político, su economía y su contrato social — debe ser decidido por los cubanos, no diseñado mediante privaciones externas.

Después de sesenta años, una conclusión es evidente. La política no ha logrado sus objetivos declarados. Sí ha producido, en cambio, un costo humano tangible y una profunda desconfianza mutua.

Ha llegado la hora de un enfoque diferente. Sustituir el castigo por el compromiso. La intimidación por el diálogo. La asfixia económica por relaciones normales.

Dejen respirar a Cuba — y permitan que su pueblo decida su propio destino.