Concertaciones y otras certezas

Regulaciones, controles, demanda, gastos, inflación… tantísimas variables se mueven sin que el resultado se aquiete en el bolsillo y la madeja económica se encauce o, al menos, se entienda por el avileño promedio

En la misma semana que por el costado del hotel Rueda un negocio privado descargaba dos contenedores de aceite en pomos de 800 mililitros (ml) y se vendían, al por mayor, a 500.00 pesos, una bodega, en Bolivia, a menos de 100 kilómetros del lugar, los exhibía a 1063.00.

Transcurría la primera quincena de julio y hacía tres meses que el aceite normado no llegaba a la provincia. Si nunca antes la canasta básica había satisfecho la demanda, en ese trimestre requetemenos. Por lo que alguien pudo haber pensado que se vendería al precio que fuera “necesario”. ¿Sería?

Un mes después, el mismo día en que La Trocha, un Proyecto de Desarrollo Local, comercializaba detergente y un paquete de 1000 gramos “apenas” costaba 500.00 pesos, a sus espaldas —nunca mejor dicho— la bodega del Micro Ortiz ofrecía otros paquetes, de 900 gramos, a 875.00 pesos. Una pared dividía un local del otro. Aparentemente, eso era lo único que los separaba. Pero nadie mejor que un bodeguero para sacar las cuentas… de bodeguero.

“¿A cuánto tú crees que yo tengo que vender un pomo de aceite que compro a 500.00 pesos?”, se pregunta Osmany Quiala Díaz, el administrador del Micro Ortiz, como si fuera el responsable del precio del aceite en Bolivia. Y no lo es.

Aplicando lo establecido —donde se incluye el margen comercial aprobado, más el 20 por ciento, que contiene un 10 por ciento por las ventas minoristas, que va al presupuesto del Estado, y otro 10 por ciento que retiene el Comercio para cubrir sus gastos, incluido el salario de todos los trabajadores, y otros gastos o inversiones que garantizan, luego, la compra de nuevos productos— el aceite de 500.00 pesos llega a venderse a 625.00. Ese es el mínimo.

Otro Osmany, de apellidos Cárdenas González, y director de una Unidad Empresarial de Base que agrupa varias unidades, dentro de ella al Micro Ortiz, lamenta no solo que el precio no haya podido ser menor, sino que en meses donde la bodega no pudo situar el aceite de la canasta básica, en sus mismos mostradores estuvieran comercializando un aceite caro. “Eso no todo el mundo lo puede entender, ese fue el precio mínimo al que se vendió en varias bodegas de la ciudad, porque debemos autogestionarnos. Buscar ingresos, recuerda que el Comercio se perfeccionó”, aclara el director.

Perfección, sin embargo, podría ser un término impreciso en un contexto de disenso económico, aun cuando el discurso oficial sostenga que ambas formas de gestión, la estatal y la privada, se complementan o están en igualdad de condiciones.

Pues aquí estamos muy lejos de tal aseveración: el precio del aceite del municipio avileño obedeció a un impuesto, un 20 por ciento, que le suma pesos al valor final de un producto que ya tenía incluido en sus 500.00 los aportes correspondientes de ese propietario privado. Damos por sentado.

Es una lógica irrebatible: la segunda mano siempre será más cara que la primera, del mismo modo que revender no es comercializar, a menos que se efectúe la operación entre mayoristas y minoristas, o se le agregue valor al producto. Y ese no fue el caso.

Y menos en Bolivia, donde ninguno de los dos axiomas se aplicó. Ni agregaron valor ni compraron directo al mayorista (aunque probablemente la figura detrás de los contenedores tampoco lo sea). Peor aún. A más intermediarios, mayores precios.

Ante esa realidad, los precios se distorsionan sin que les sean atribuibles per se los apelativos de inescrupulosos o abusivos. Cada quien realiza su actividad aplicando lo establecido… y lo permitido.

“Y en medio de ese enredo, ¿cómo yo garantizo ahora la circulación mercantil minorista, si muchos de los productos que colocamos en nuestras bodegas son, ‘por obligación’ más caros que los que ofertan esos nuevos actores que mueven contenedores y venden de manera minorista, también?”, se pregunta Joaquín Rodríguez Jorge, director municipal de Comercio en Ciego de Ávila, mientras amenaza en dirigirle la pregunta a Invasor y le coloca ceros, ceros y ceros a su preocupación.

“Si debemos recaudar 61 millones de pesos cada mes y por la canasta básica apenas captamos 38 millones, y el mes pasado, por ejemplo, tampoco vino completa, ¿cómo se supone que podamos cumplir con el resto de lo planificado?”.

Las gestiones de venta, cada vez más, dependen de lo que sean capaces de comprar a unidades que, incluso, ya tienen sus propios puntos de venta; empresas que ampliaron sus objetos y tratan de esquivar la crisis buscando ingresos. “Nos ha pasado con el vinagre, con el puré, con productos del cárnico…; entidades estatales que producen y venden, y, si colocamos sus productos aquí, nos terminan saliendo más caros a nosotros”, apunta Joaquín, para luego resumir, sin ambages, lo que lleva rato sugiriendo: “Tenemos desventajas, serios problemas estructurales que no se resuelven aquí, sino con decisiones en otro nivel. Al Comercio hay que ponerle ciencia”.

Teoría no tan práctica

Victor Limia de La Rosa le ha puesto ciencia y algo más; casi toda su vida. Tanto que, pasados sus 70, sigue presumiendo de ser el único especialista en Precios “activo” en la provincia; una condición que le preocupa ahora mismo, en medio de tantas complejidades. Una de tantas es que habla de sus homólogos y refiere que ni siquiera esa plaza ha sido creada en las estructuras municipales, “no hay especialistas en Precio y he tratado de que otros aprendan, sin embargo, la inestabilidad de las fuerzas y lo complejo de la tarea…”.

Lo deja en puntos suspensivos. Desde la Dirección Provincial de Finanzas y Precios ha sido guía intentando sortear obstáculos. Y si difícil le resulta encauzar a una empresa que no incluye, por ejemplo, todos los gastos y costos en su formación de precio, o muestra una desproporción en los gastos asociados a la producción, tan o más complejo resulta sortear las deformaciones que gravitan sobre los precios.

“Situaciones que no pueden resolverse con una simple resolución de precios. Tener por mayoristas a quienes no lo son supone, de hecho, una gran deformación, pues de ahí se derivan otras y provoca que el producto termine encareciéndose, a pesar de que cada cual fije su precio de venta según lo establecido”, aclara.

Cuando Victor Limia sostenía dicho planteamiento, todavía la Resolución 148 del 2023 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), “Metodología para la elaboración de la ficha de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas”, no había sido divulgada y las concertaciones, aunque databan de un Decreto-Ley de mayo de 2021, tenían su “auge” por esos días.

Entonces fijar y topar eran verbos que cedían ante el nuevo, concertar, y como miembro de una comisión provincial él no hacía otra cosa que no fuera lo de siempre: sacar cuentas. Cuentas que, en ocasiones, se muestran imprecisas o difusas al representar a entidades que cumplen utilidades e ingresos, y no exhiben tal alza de sus producciones físicas. O cuentas imposibles de calcular con exactitud; o ¿cuál sería el precio del dólar que se asumiría en las fichas de costo de una mipyme?, o ¿cuál precio consentimos por transportación del Mariel a Ciego…? “Son cuestiones en las que habría que ponerse primero de acuerdo para uno poder exigir transparencia o aplicar el margen comercial sobre la base de un costo real”, recalca Limia.

No obstante, si en esas condiciones cualquier cálculo podría ser esquivo, la dinámica de cambios obliga, por demás, a tener la punta del lápiz muy afilada. La propia Resolución 148 lo deja entrever en sus disposiciones finales 

Al menos cinco resoluciones fueron modificadas para dar lugar al nacimiento de esta: ninguna de ellas había alcanzado los tres años de vigencia. Tiempos convulsos, sin dudas. Que se acelerarían aún más.

El 10 de julio, cuando Invasor asistió a una reunión de concertación, hacía solo cuatro días que la 148 había aparecido en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y dos de que Victor Limia la enviara con los modelos correspondientes al empresariado avileño. Según la normativa, quedaban apenas 11 para entrar en vigor.

Exactamente el 21 de julio, día en que el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, informaba a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de lo positivo de actualizar regulaciones de relevantes elementos en la formación de precios y destacaba, de paso, las tasas máximas de utilidad por tipo de actividades, lo cual incide en la formación de precios correlacionados y la regulación de coeficientes máximos de gastos indirectos para las actividades de producción y de servicios, que influye en la racionalidad de los precios que se elaboran por método de gastos.

Sin embargo, amén de que se trata de una resolución inclusiva, “para todos los actores económicos, incluidos los no estatales”, Regueiro también admitía que hasta ahora las concertaciones se han centrado en las actividades productivas y de servicios, dejando la actividad comercial en un segundo plano.

Por ello, decía, se precisa de una regulación que reconozca los costos y gastos asociados a la actividad y un margen de ganancia razonable “y corresponde al MFP la elaboración de esa propuesta, para lo que se entiende necesario promover de inmediato el intercambio directo con los actores económicos que participan en las cadenas principales de comercialización, desde el importador hasta el consumo final, con el objetivo de contrastar los estudios sobre costos y gastos reales”.

Ciego de Ávila no ha estado exenta de ese enfoque. Cualquier inspector de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) puede dar fe de ello, si bien es Oscar Echemendía Álvarez, el director de la DIS, quien asume la valoración.

“Muchas veces, vas a los puntos de venta de productos importados y te dicen que con ellos nadie ha concertado nada, que no tienen el papel firmado del Gobierno donde debe aparecer el precio acordado entre las partes y las determinaciones que se hicieron. Sin eso resulta muy difícil para nosotros juzgar, controlar…, ¿basados en qué?”.

Pareciera que, en el Gobierno municipal de Ciego de Ávila, el municipio de mayor concurrencia de estos actores, Jorge Hernández Morales, viceintendente a cargo de la economía, lo escucha y comparte sus razones. Para ellos también está siendo complejo, las concertaciones no han concluido. Han avanzado más en el sector agrícola, aunque las valoraciones comparativas que emitieran los diputados a la ANPP, previas a su Legislatura, podrían haber sugerido un “retroceso”.

“Afirmaron que esta es la provincia que menores precios exhibe” —será en papeles, le riposta Invasor a Jorge.

—Sí, ellos observaron lo que estaba proponiéndose.

El viceintendente, no obstante, coincide en la doble lectura de la apreciación, porque lo “barato” podría significar eficiencia en el campo o mejores rendimientos en Ciego de Ávila que en Guantánamo; no necesariamente poca retribución al guajiro.

Justo en la primera semana de agosto, cuando en el Gobierno provincial aprobaban los precios concertados para 22 productos agrícolas en todo el territorio y se mostraban los rangos establecidos, en el que un boniato oscilaba entre los 12.00 y los 40.00 pesos la libra, Ariel Nieves Concepción, director provincial de Acopio, lo destacaba.

“Los debates con los guajiros han sido intensos y han entendido, hemos pactado teniendo en cuenta que muchos no tienen todos los recursos y que un mismo producto puede tener varios precios, en dependencia de si se envía a La Habana, se vende en una placita o en la feria agropecuaria, por ejemplo”.

Por eso han tratado de conciliar con todas las bases y empresas, a pesar de que es imposible que todos estén de acuerdo, admite Ariel.

Aun así, a Susivey Márquez Toledo, coordinadora de Objetivos y Programas para la Economía, y al frente del grupo de trabajo que evalúa los precios en la provincia, le toca zanjar el asunto. De ahí que estableciera un cronograma para que cada empresa o actor —una vez confeccionada sus fichas de costo por los actuales modelos de la Resolución 148, o establecido la correlación de precios— acuda a la Dirección Provincial de Finanzas y Precios para asesorar y evaluar el apego a lo establecido.

Para entonces habrá transcurrido más de un mes, o dos, o tres, de la entrada en vigor de la Resolución 148, pero esa podría ser la menor de las preocupaciones.

“El precio de las materias primas, los costos de trasportación…, hay muchas variables que constantemente se mueven y obligan a reajustar los costos, los precios”, apunta Limia.

Quizás sea esa la mayor certeza (y preocupación) que ronda a las concertaciones: no hay tregua prolongada ni números definitivos.

Tomado del Invasor.