Balance actual del fenómeno migratorio cubano (+English)
El endurecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos; la llegada de la pandemia, así como las demoras y los errores cometidos en la aplicación de las reformas anunciadas por el propio gobierno cubano hace dos lustros, han colocado al país en desventaja para enfrentar una crisis de enormes proporciones, donde el incremento de la emigración ha sido una de sus consecuencias más dramáticas.
Las autoridades norteamericanas calculan que cerca de medio millón de personas han emigrado de Cuba hacia Estados Unidos en los dos últimos años, un número menor, pero significativo, también lo ha hecho hacia otros países. Se trata de la ola migratoria más grande de la historia de la nación, con implicaciones para el balance demográfico, la economía y la estabilidad social y política del país.
El 68% de los migrantes tiene menos de 40 años, con énfasis en los mayores de 20 años, personas en plena edad laboral y reproductiva, la quinta parte de ellos profesionales o técnicos bien calificados, lo que enfatiza la contradicción existente entre el nivel de preparación de los cubanos y la incapacidad del mercado laboral nacional para satisfacer sus necesidades, incluido las expectativas de vida de estas personas.
Como es usual cuando se analizan los procesos migratorios, las causas que han originado este incremento son muy diversas y cada caso plantea características individuales que lo distinguen. Sin embargo, es posible identificar los acontecimientos que han catalizado la envergadura de este fenómeno en las actuales condiciones:
Uno de ellos son los trastornos originados por la pandemia. No solo su brutal impacto en la economía del país, inhabilitando las fuentes fundamentales de ingreso nacional, a la vez que disparó los gastos relacionados con el enfrentamiento a la enfermedad. También el desorden psicológico provocado por el asfixiante aislamiento social que aconsejó el control de la pandemia, en particular para los jóvenes, que vieron trastocado el desenvolvimiento natural de sus vidas y cuestionadas sus aspiraciones existenciales.
Como salida a la crisis, una de las consecuencias globales de la pandemia fue disparar las ansias de emigrar en muchas partes, por lo que el caso cubano no es más que una expresión de un fenómeno que además tiende a reproducirse a escala exponencial, como resultado de la construcción de redes de apoyo y la articulación de una cultura transfronteriza, que se facilita con el desarrollo de los medios de transporte y las comunicaciones. Otra consecuencia fue el incremento al rechazo a las políticas gubernamentales, paradójicamente sobre todo en aquellos países donde los gobiernos optaron por las medidas más restrictivas al movimiento y el contacto entre las personas. Muy pocos gobiernos, da igual si de izquierda o derecha, han sobrevivido a procesos electorales posteriores a la pandemia.
A pesar de que el tratamiento a la pandemia, en especial el desarrollo de vacunas propias que sirvieron para controlar la enfermedad ha sido reconocido como un éxito de la política gubernamental, Cuba no fue ajena a ambas reacciones, incorporando al fenómeno migratorio actual un ingrediente de insatisfacción política, que había disminuido en los últimos años. Hasta el punto, que numerosas investigaciones remarcaban la tendencia a ubicar a los nuevos emigrados, entre los grupos más propensos a mantener relaciones armoniosas con el país.
La pandemia vino a sumarse al recrudecimiento del bloqueo económico norteamericano y otras medidas destinadas a incrementar las tensiones políticas en Cuba, una vez que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en 2016. Entre estas medidas, estuvo la suspensión de los canales legales para emigrar establecidos en los acuerdos de 1994, lo que provocó, incluso antes de la pandemia, una presión migratoria adicional, que incrementó la búsqueda de vías alternativas para satisfacer este propósito. El gobierno de Joe Biden asumió como propia esta política, hasta que la explosión de millones de migrantes indocumentados en la frontera, entre ellos un volumen considerable de cubanos, los obligó a tomar medidas paliativas en el caso de Cuba y otros países.
En 2013 había sido aprobada una reforma migratoria muy abarcadora, que facilitó el proceso de emigrar, en definitiva, un derecho de los ciudadanos, pero en condiciones que favorecía un carácter más circular y transnacional de la emigración, lo que sirvió para evitar la enajenación que significaba abandonar el país hasta ese momento. Fue un paso en la dirección correcta, toda vez que Cuba, si quiere atenuar los efectos más negativos del fenómeno migratorio, no tiene otra alternativa que tratar de integrar a los emigrados a la vida nacional. Sin embargo, vacilaciones por parte del gobierno cubano a la hora de implementar algunas medidas complementarias, necesarias para favorecer esta integración, limitaron el alcance de la política, toda vez que, en el mejor de los casos, han tenido que aplicarse en situación de crisis.
La reducción de los costos de los trámites legales que requieren los emigrados, en especial el precio de los pasaportes; avances en la política destinada a facilitar sus inversiones en el país; la participación de artistas emigrados en eventos culturales nacionales; la inclusión de los emigrados en las consultas nacionales para la redacción de la Constitución y el Código de las Familias, así como la difusión de un discurso oficial más inclusivo, resaltado por las máximas autoridades del país en la IV Conferencia la Nación y la Emigración, celebrada en noviembre de 2023, han sido decisiones tomadas en los últimos años, para enmendar algunas de estas ausencias.
No obstante, aún queda mucho por hacer, más que todo, superar la resistencia larvada en algunos estratos de las fuerzas políticas nacionales, incluido sectores del propio gobierno y el Partido Comunista, que todavía vinculan el acto de emigrar con la traición a la patria. Por otro lado, resolver las contradicciones existentes entre diversas normas que rigen el tratamiento a los emigrados, muchas veces emitidas por ministerios y organismos de manera independiente, y lo establecido tanto en la política anunciada por el gobierno, como en la propia Constitución del país, aprobada en 2019.
En última instancia, la emigración constituye un asunto vinculado a la economía nacional y su relación con el resto del mundo. Su causa principal es la asimetría existente entre las condiciones de vida del país de origen y las que pueden ofrecer los países receptores. Mejorar la situación económica constituye, por tanto, la premisa indispensable para disminuir el volumen de la emigración y sus conflictos con la sociedad cubana, incluso para mantener los lazos con el país de aquellas personas que decidan vivir en otra parte. En eso debe consistir la esencia de la política migratoria cubana y las relaciones de la nación con su emigración.
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Translation to English:
The current balance of the Cuban migration phenomenon
The tightening of the United States economic blockade; The arrival of the pandemic, as well as the delays and errors committed in the application of the reforms announced by the Cuban government itself two decades ago, have placed the country at a disadvantage in facing a crisis of enormous proportions, where the increase in emigration has been one of its most dramatic consequences.
US authorities estimate that nearly half a million people have emigrated from Cuba to the United States in the last two years; a smaller, but significant number has also emigrated to other countries. This is the largest migratory wave in the history of the nation, with implications for the demographic balance, the economy, and the social and political stability of the country.
Sixty-eight percent of migrants are under 40 years old, with emphasis on those over 20 years old, people of full working and reproductive age, a fifth of them well-qualified professionals or technicians, which emphasizes the contradiction between the level of preparation of Cubans and the inability of the national labor market to meet their needs, including the life expectancies of these people.
As is usual when migratory processes are analyzed, the causes that have caused this increase are very diverse and each case presents individual characteristics that distinguish it. However, it is possible to identify the events that have catalyzed the magnitude of this phenomenon under current conditions:
One of them is the disorders caused by the pandemic. Not only its brutal impact on the country’s economy, disabling fundamental sources of national income, while skyrocketing expenses related to confronting the disease. Also the psychological disorder caused by the suffocating social isolation that the control of the pandemic advised, particularly for young people, who saw the natural development of their lives disrupted and their existential aspirations questioned.
As a way out of the crisis, one of the global consequences of the pandemic was to trigger the desire to emigrate in many places, so the Cuban case is nothing more than an expression of a phenomenon that also tends to reproduce itself on an exponential scale, as a result of the construction of support networks and the articulation of a cross-border culture, which is facilitated by the development of means of transportation and communications. Another consequence was the increase in rejection of government policies, paradoxically, especially in those countries where governments opted for the most restrictive measures on movement and contact between people. Very few governments, regardless of whether left or right, have survived post-pandemic electoral processes.
Although the treatment of the pandemic, especially the development of its own vaccines that served to control the disease, has been recognized as a success of government policy, Cuba was not immune to both reactions, incorporating an ingredient of political dissatisfaction, which had decreased in recent years. To the point that numerous investigations highlighted the tendency to place new emigrants among the groups most likely to maintain harmonious relations with the country.
The pandemic came to add to the intensification of the US economic blockade and other measures aimed at increasing political tensions in Cuba, once Donald Trump assumed the presidency of the United States in 2016. Among these measures was the suspension of legal channels to emigrate established in the 1994 agreements, which caused, even before the pandemic, additional migratory pressure, which increased the search for alternative ways to satisfy this purpose. The Biden administration assumed this policy as its own until the explosion of millions of undocumented migrants at the border, including a considerable number of Cubans, forced them to take palliative measures in the case of Cuba and other countries.
In 2013, a very comprehensive immigration reform had been approved, which facilitated the process of emigrating–in short, a citizen’s right–but under conditions that favored a more circular and transnational nature of emigration, which served to avoid the alienation that was perceived when leaving the country until that moment. It was a step in the right direction, since Cuba, if it wants to mitigate the most negative effects of the migratory phenomenon, has no other alternative but to try to integrate emigrants into national life. However, hesitations on the part of the Cuban government when implementing some complementary measures, necessary to promote this integration, limited the scope of the policy, since, in the best of cases, they have had to be applied in a crisis situation.
The reduction of the costs of legal procedures required by emigrants, especially the price of passports; advances in the policy aimed at facilitating their investments in the country; the participation of emigrated artists in national cultural events; the inclusion of emigrants in the national consultations for the drafting of the Constitution and the Family Code, as well as the dissemination of a more inclusive official discourse, highlighted by the highest authorities of the country in the IV Conference on the Nation and Emigration, held in November 2023, have been decisions taken in recent years to amend some of these absences.
However, there is still much to do, most of all, to overcome the resistance latent in some strata of the national political forces, including sectors of the government itself and the Communist Party, which still link the act of emigrating with betrayal of the homeland. On the other hand, the Cuban government must resolve the existing contradictions between various regulations that govern the treatment of emigrants, often issued by ministries and organizations independently, and what is established both in the policy announced by the government and in the country’s Constitution itself, approved in 2019.
Ultimately, emigration constitutes an issue linked to the national economy and its relationship with the rest of the world. Its main cause is the asymmetry between the living conditions of the country of origin and those that the receiving countries can offer. Improving the economic situation constitutes, therefore, the indispensable premise to reduce the volume of emigration and its conflicts with Cuban society, even to maintain ties with the country of those people who decide to live elsewhere. This should be the essence of Cuban immigration policy and the nation’s relations with its emigrants.
