A ETECSA lo que es de ETECSA, al gobierno lo que es del gobierno

La nueva disposición de ETECSA sobre los precios de sus servicios ha generado una gran cantidad de reacciones críticas y no es para menos, se trata de algo fundamental para una sociedad en pleno siglo XXI, el acceso sostenido y ampliado a la comunicación y a la información.

La decisión coloca a una parte muy considerable de la población por fuera del alcance de una conexión que se ha convertido en parte fundamental de la vida cotidiana, aquí y en todas partes, en particular a sectores muy sensibles como los estudiantes, pero no solo a estos. El límite de 360 pesos cubanos al mes es insuficiente para muchas de las personas que más usan el servicio de datos, el hacer depender a la gente en gran medida de lo que le envíen “de afuera” además de insuficiente, coloca, a aquellos que tienen a quien solicitarle, en una posición muy incómoda, por decir lo menos, es ejercer una presión desagradable, indeseable, con impactos en la conciencia social.

Este no es solo un problema aislado que afecta un servicio esencial, se suma a la crisis de la electricidad, a las limitaciones en el suministro de agua, al precio de los alimentos, a la situación del transporte, al estado de la higiene y el orden en la ciudad, a la inflación que no cede, a las cada vez más generalizadas tiendas en USD y MLC, etc. se suma también a decisiones previas con resultados adversos como el ordenamiento monetario y la bancarización.

El principal argumento que se ha dado para justificar esta subida de precios es la situación financiera de la Empresa de Comunicaciones (ETECSA), lo cual es sin dudas totalmente cierto y esto efectivamente podría afectar sensiblemente los servicios que esta debe ofrecer así como paralizar su desarrollo. Sin embargo, esta verdad no tiene una sola respuesta posible, ETECSA es una empresa estatal que se supone funciona en un contexto específico y bajo un gobierno socialista. La respuesta a una situación como esta, cuando se pone en riesgo un servicio social fundamental, puede y debe tener otras alternativas, pero esta no es posible sino como parte de una determinada manera de organizar la economía y manejar las políticas económicas.

También es cierto que ETECSA es un monopolio, en una economía “centralmente planificada” – en realidad hoy día “burocráticamente planificada” – y por décadas casi de propiedad totalmente estatal. Los monopolios son frecuentes, sobre todo en actividades como esta. El problema no solo está en la existencia de los monopolios, que no deberían existir, salvo los monopolios naturales, el problema está en la capacidad o no del estado socialista de regularlos como se debe y en función de intereses sociales, aun cuando de alguna manera y en determinadas coyunturas se tengan que subsidiar algunas actividades fundamentales como lo es esta.

Aunque, para ser más exactos y no dejar cosas colgando, se debe entender que el problema en una economía como la cubana hoy no es solo, aunque también, la existencia de monopolios y oligopolios que no se justifican. El problema va mucho más allá porque aun cuando existan y existen diferentes empresas estatales para una misma actividad, las regulaciones y la definición de precios y las políticas vienen centralmente establecidas, sin competencia posible, por lo tanto, el efecto es el mismo que si fueran monopolios. Esta es la confusión y las interferencias de las funciones y atribuciones estatales con las que deben corresponder a las empresas, es un entuerto sin solución hasta hoy.

De ahí la necesidad de la reforma empresarial como parte de la reforma integral de la economía. Sin eso es más de lo mismo, con monopolios y sin monopolios. Creo que es necesario decirlo con toda claridad: sin ese proceso, sobre el que tanto hemos hablado, no hay solución posible al problema de la economía de Cuba. A veces me sorprende ver algunos análisis que hablan de la economía cubana y sus alternativas (muchas veces a través de medios masivos de comunicación, donde el debate continúa siendo muy sesgado y tratando de imponer a toda costa un predeterminado criterio editorial) como si estuviéramos en un país desarrollado, con fuertes alianzas internacionales, etc., y no en una isla subdesarrollada, pobre, bloqueada y prácticamente aislada, o sea, afirmaciones basadas en una intoxicación teórica que toca poco con las circunstancias específicas del país aquí y ahora.

No se trata de cualquier reforma o de continuar alimentando un Frankenstein, se trata de hacer lo que se debe y se puede hacer, de manera bien diseñada y conducida, con sentido de la realidad y preservando los pilares del proyecto nacional: soberanía nacional, justicia social y desarrollo económico y democrático. La solución no está detrás, está delante y por supuesto la amplia discusión con el pueblo sobre lo que se debe hacer es imprescindible. El consenso necesario para avanzar no se puede construir burocráticamente e imponiendo decisiones, hay que hacerlo con la mayor participación activa de la gente, con conceptos claros. Esa es probablemente una de las lecciones más importante de las décadas de revolución ya vividas: recordemos los parlamentos obreros.

En la lógica de esa reforma y de ese nuevo modelo son muchas las cosas que habría que cambiar. El estado socialista, a través de su gobierno, debe retener la capacidad de emplear sus recursos y sus regulaciones en función de un horizonte claramente definido y en correspondencia con lo que el propio pueblo defina como sus prioridades. Eso no es incompatible con que las empresas funciones como empresas: a las empresas lo que es de las empresas. Esto es funcionar con eficiencia y rentabilidad, tanto las estatales como las cooperativas y privadas, cada una de ellas con sus características específicas y las estatales ejerciendo el liderazgo que le corresponde. Y al gobierno lo que es (debe ser) de un gobierno socialista, esto es, regular, garantizar, hacer un manejo adecuado de los recursos y de las políticas de inversión, incluyendo los diferentes tipos de subsidios imprescindibles y focalizados (nunca de manera indiscriminada) de acuerdo a las prioridades. Establecer y conducir los equilibrios y la reproducción de una economía necesariamente diversa sin permitir que se imponga en ella la hegemonía de los intereses del capital. Hay muchos ejemplos, aún en economías capitalistas, donde servicios como el metro reciben subsidios estatales debido a la importancia social (también económica) de esa actividad. Cuba lo ha hecho históricamente en sectores como la salud y la educación.

Con frecuencia el argumento fundamental para determinadas decisiones o no decisiones es que no hay dinero debido al bloqueo, etc., y ciertamente es así, la política de agresión es de un inmenso impacto negativo, pero la respuesta ha de ser conseguir lo que no hay con una gestión innovadora y eficiente y emplear lo que hay de la manera más racional y respondiendo a las prioridades de la sociedad. No es posible, por ejemplo, mantener una política inversionista que claramente favorece la inversión en la subutilizada infraestructura turística (más del 30% del total), cuando la producción alimentaria y otras prioridades reciben cifras muy notablemente reducidas.

Más allá de un entorno macroeconómico que favorezca e incentive la eficiencia, como condición necesaria, cuando se trata de un caso como el de ETECSA, cuando lo que está en juego es un servicio fundamental para la sociedad, las necesidades de la empresa deberían ser cubiertas con subsidios estatales, para lo cual existen diferentes opciones económicas y técnicas. Lo que no es recomendable es cargarlas directamente sobre una población fatigada y sin opciones, ni tampoco la quimera de que la población nacional en el exterior va a cubrir esos déficits: eso no es sostenible ni económica ni políticamente. Obvio que no estoy hablando de gratuidades, no se trata de eso, sino de ajustar los precios a niveles que sean posibles para una población que aprecia en este un servicio fundamental. Tampoco está de más llamar a la población al uso lo más racional posible de este servicio y, por supuesto, racionalizar el propio uso que se le dé en las instancias oficiales – los llamados teléfonos “petroleros” y otros beneficios de acceso asociados a cargos. Lo que no es conveniente desde ningún punto de vista es continuar cargando el ajuste económico al ciudadano común.

En un caso como este hay más de una política posible donde el gobierno, asumiendo la importancia de este servicio, salga a rescatar la empresa con un uso más eficiente de los recursos disponibles, y no verla como una generadora de divisas que carga sus déficits sobre el precio que han de pagar sus clientes. Existe más de una forma posible de hacer esto: la literatura económica está llena de ejemplos factibles para ser empleados. Como es obvio, para hacerlo posible, el modelo de funcionamiento de la economía y las prioridades y la lógica de la política económica, incluida la política de inversiones, deben transformarse. No solo se trata de la eficiencia económica de las empresas, se trata también y esencialmente de la eficiencia social del sistema económico en general.

Es preciso, asimismo, trazar una estrategia con cifras: calidad, volúmenes previstos de recaudación en divisas y CUP, inversiones necesarias con fechas, metas, etc., para la superación de la presente situación de ETECSA.

Por otra parte, consideramos que no era a ETECSA, sino al gobierno, a quien le correspondía explicar públicamente y de primera mano esta decisión, un asunto cuyo impacto social y político va mucho más allá de la situación de una empresa específica. No se escapa la sorpresa que ha causado la referencia a que la empresa ha sido objeto de considerables desfalcos, como expresó la titular de la entidad; ese también es otro tema, no menos importante.

Lo más positivo sería que este nuevo momento de tensiones sea para provocar una reflexión nacional profunda sobre dónde estamos parados y cuál debe ser la ruta a seguir, corregir lo que se debe corregir y cambiar todo lo que debe ser cambiado. Muchas veces hemos dicho que el tiempo es una variable crítica, ¿acaso hoy alguien puede dudarlo?

Julio Carranza Valdés, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana.