La advertencia de Ecuador a Trump
Mientras la administración del presidente estadounidense Donald Trump sostiene que sus ataques agresivos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe son vitales para la seguridad regional, expertos están acusando al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, de crímenes de guerra por haber autorizado un ataque de “doble impacto” dirigido contra los sobrevivientes de una de esas operaciones. Pero la militarizada “guerra contra las drogas” de Trump, y la lógica que la sustenta, enfrentaron recientemente otro reproche, menos visible: esta vez desde Ecuador.
Un referéndum celebrado el 16 de noviembre, impulsado por el presidente derechista Daniel Noboa, planteó cuatro preguntas al electorado ecuatoriano. Dos de ellas —si reducir el tamaño del Parlamento (que ya es relativamente pequeño según los estándares internacionales) y si recortar el financiamiento público a los partidos políticos— fueron apelaciones demagógicas dirigidas a una población desconfiada de la clase política. Sin embargo, los votantes rechazaron ampliamente ambas medidas, con mayorías del 53,7 % y 58,3 %, respectivamente. Tal vez percibieron el oportunismo al estilo Trump detrás de la retórica populista de Noboa: heredero de una de las mayores fortunas del país, puede financiar fácilmente su propio partido, algo que no necesariamente ocurre con sus competidores, en particular los de izquierda.
Otro punto de la consulta preguntaba si debía levantarse la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras. De haber prosperado, la propuesta habría abierto la puerta para que Estados Unidos —que se vio obligado a cerrar su base aérea en Manta en 2009— restableciera una presencia permanente en el país, como parte de su ampliación militar en América Latina y el Caribe. Pero más del 60 % de los votantes dijo no.
La propuesta final era la más audaz: Noboa quería establecer una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. La derecha política ecuatoriana —empezando por el actual gobierno— aborrece el texto “progresista” vigente, que garantiza derechos humanos fundamentales como el acceso a la salud y a la educación pública, reconoce los “derechos de la Naturaleza” y asegura que la Corte Constitucional actúe como un contrapeso efectivo del poder ejecutivo.
Estas disposiciones han obstaculizado muchos de los objetivos conservadores, como la privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales, y la restauración de mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y el Estado que permiten a las empresas demandar a los gobiernos en tribunales arbitrales corporativos cuando introducen nuevas regulaciones fiscales, laborales o ambientales. Y, al parecer, los ecuatorianos están conformes con ello: casi el 62 % rechazó la propuesta. La Constitución ecuatoriana ha sido ahora ratificada en las urnas no una, sino dos veces, ambas con más del 60 % de los votos.
Noboa y sus aliados hicieron todo lo posible por inclinar la balanza. No solo la campaña por el “sí” gastó mucho más que la oposición; el mayor partido opositor, la Revolución Ciudadana, tuvo prohibido hacer campaña sobre las preguntas relacionadas con las bases militares y el financiamiento estatal de los partidos políticos. (Gran parte de la antigua dirigencia de la RC, incluido el expresidente Rafael Correa, quien ha recibido asilo político en Bélgica, permanece en el extranjero por temor a la persecución gubernamental). Además, instituciones del Estado hicieron campaña a favor del referéndum, en violación de la ley, y el gobierno de Noboa cortejó a los votantes con transferencias de efectivo, subsidios y bonos anticipados. Pero ni siquiera estas tácticas autoritarias lograron el resultado que Noboa buscaba.
Tampoco los ecuatorianos se dejaron convencer por la narrativa simplista de que una presencia militar permanente de Estados Unidos en su país ayudaría a poner fin a la violencia de las pandillas. Esa historia ya la habían escuchado antes. Las tres últimas administraciones presidenciales —las de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el propio Noboa— profundizaron la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, que supuestamente iba a reforzar la lucha del país contra los cárteles de la droga.
Con ese objetivo, Lasso firmó en 2023 dos Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas, que permitieron una presencia militar estadounidense no permanente en territorio ecuatoriano y otorgaron inmunidad total a su personal frente a procesos judiciales. Más recientemente, Ecuador también ha recurrido a Israel y a los Emiratos Árabes Unidos en busca de apoyo en esta lucha. Pero la situación de seguridad solo ha empeorado. La tasa de homicidios pasó de 5,8 por cada 100.000 habitantes en 2017 —el último año del mandato de Correa— a 14 en 2021, 45,7 en 2023 y una proyección de 52 este año, colocando a Ecuador a la cabeza de los rankings mundiales de homicidios.
Dos factores explican esta tendencia. En primer lugar, los traficantes de cocaína colombiana cambiaron sus rutas, lo que llevó a las bandas a competir por el control de los puertos ecuatorianos. En segundo lugar, a cambio de la asistencia del Fondo Monetario Internacional, el gobierno ecuatoriano aplicó medidas de austeridad radicales que debilitaron gravemente la capacidad del Estado. El gobierno de Moreno cerró ministerios enteros (incluidos los de Coordinación de Seguridad, Interior y Justicia) y desfinanció el sistema penitenciario, que se convirtió en el centro operativo de los cárteles. Mientras tanto, la pobreza y la desigualdad aumentaron de forma pronunciada.
Los votantes ecuatorianos eligieron a Noboa en parte por su promesa de resolver la crisis de seguridad del país. En un referéndum de 2024, aprobaron nueve de sus propuestas en esta materia, entre ellas la extradición de ecuatorianos a terceros países y la militarización de las fuerzas del orden. Pronto comenzaron a multiplicarse los informes de desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas de seguridad, lo que para muchos ecuatorianos reavivó recuerdos oscuros de la década de 1980.
Mientras tanto, Noboa no logró avances en materia de seguridad y ahora ha perdido su brillo. Las tácticas de “influencer” que antes lo presentaban como un candidato dinámico y poco convencional, capaz de generar un cambio real —como sus burlas a la oposición en redes sociales— ahora parecen infantiles y crueles. Y sus ostentosas muestras de riqueza, como acudir a votar en un Porsche azul eléctrico, resultan arrogantes y desconectadas de la realidad.
En el reciente referéndum, los ecuatorianos dejaron claro que no están impresionados. También demostraron una comprensión que ni Noboa ni Trump parecen compartir. Una crisis de seguridad no se resolverá mediante la militarización de los barrios pobres ni con la expansión de la presencia militar estadounidense. Mucho menos se resolverá cambiando la Constitución. El crimen solo puede derrotarse de una manera: mediante la construcción de instituciones sólidas, creíbles y soberanas, con el mandato, los recursos y la capacidad no solo para combatir el crimen organizado, sino también para mitigar la pobreza, abordar la desigualdad y reducir el desempleo juvenil.
Este es el mensaje de los ecuatorianos a Noboa. Es un mensaje que la administración Trump también debería escuchar.
