Familia de Carlos Muñiz Varela pide reunión para conocer cómo avanzará la investigación del Departamento de Justicia
El Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela –asesinado en momentos en que promovía viajes del exilio cubano a La Habana por medio de su agencia Viajes Varadero– pidió formalmente una reunión a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, para conocer en detalle el plan de trabajo y los recursos que se asignarán en torno a la investigación de ese caso, ocurrido hace 46 años.
Carlos Muñiz Pérez, hijo de Muñiz Varela, envió el lunes una carta a Gómez Torres, en la que solicita la reunión, la que quisiera tenga lugar a más tardar en dos semanas.
Gómez Torres notificó el pasado 14 de julio a la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, que no haría público el expediente criminal del caso Muñiz Varela pues la investigación sigue abierta en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, contrario a lo que se le había notificado a Muñiz Pérez y Raúl Álzaga Manresa, cofundador de Viajes Varadero, en una reunión del 15 de mayo de 2024.
En la reunión de hace 15 meses, Justicia informó que “el caso estaría en un cierre administrativo y no tendría un fiscal a cargo para continuar la investigación”, señaló Muñiz Pérez en su carta a la secretaria.
“Sus declaraciones nos toman de sorpresa, pero (las) recibimos como una gran noticia pues nosotros nunca estuvimos de acuerdo con dicho cierre administrativo. En momentos en que el FBI (Negociado Federal de Investigaciones) desclasificó recientemente 44 páginas sobre el asesinato de mi padre, ante la solicitud de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, entendemos que se hace más que necesario continuar y asignar recursos a la investigación del caso tomando en consideración la más reciente desclasificación”, indicó Muñiz Pérez a Gómez Torres.
Muñiz Varela murió el 30 de abril de 1979, dos días después de ser tiroteado, en momentos en que junto a Álzaga Manresa y Ricardo Fraga, por medio de Viajes Varadero, promovía viajes del exilio cubano a La Habana. Tenía 26 años.
Tras la pasada administración informar que el caso estaba cerrado administrativamente, el Comité de Amigos y Familiares abogó por la publicación del expediente criminal preparado por el entonces fiscal Pedro Tomás Berríos Lara, quien respaldó esa solicitud, al igual que Santiago y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
En su comunicación a Santiago, la secretaria de Justicia dio a conocer que solicitó a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia federal, el FBI y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) que informe el estatus del proceso de desclasificación y divulgación de documentos relacionados a los asesinatos de Muñiz Varela y Santiago “Chagui” Mari Pesquera. “Vemos como crítica e importante (esa) solicitud”, indicó Muñiz Pérez.
Hijo del líder independentista Juan Mari Bras, Mari Pesquera fue asesinado el 24 de marzo de 1976, cuando tenía 23 años. Aunque Henry Coira fue condenado por el asesinato, la familia Mari Pesquera ha insistido en que no actuó solo y que estuvo vinculado a la persecución contra Mari Brás.
Temprano en la investigación, el FBI vinculó con el asesinato de Muñiz Varela a sectores del exilio cubano opuestos a la reanudación de los viajes a Cuba, como la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), descrita como un grupo “terrorista”.
La desclasificación reciente de documentos del FBI, por solicitud de Velázquez y Ocasio Cortez, confirmó que, desde diciembre de 1979, el gobierno federal tenía como sospechosos del caso Muñiz Varela y/o de amenazas contra directivos de Viajes Varadero a, al menos, cinco miembros del exilio cubano: Reinol Rodríguez, Ruperto Pérez Ortega, Ernesto Lluesma Parés, Armando Ruiz Maceiras y Ramón Álvarez Lombana.
Otros informantes del FBI identificaron como líderes de la CORU a Osvaldo Bencomo, Julio Labatut y Otto Poland.
Rodríguez y Pérez Ortega, residentes de Florida, son los únicos dos que están vivos. A Rodríguez, Berríos Lara intentó entrevistarlo en Miami, pero se negó e invocó su derecho a no autoincriminarse.
Álzaga Manresa ha indicado que, si el proceso no avanza, considerarán solicitar a la gobernadora Jenniffer González –quien como representante rindió un homenaje a Labatut en 2006– que solicite al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la total desclasificación de los documentos del caso, como se ha hecho con los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King.
La gobernadora estudió en escuela secundaria con uno de los hijos de Álzaga Manresa y se ha expresado a favor de la desclasificación de documentos de los casos de Muñiz Varela y Mari Pesquera.
Para Álzaga Manresa, puede ser una oportunidad para González rectificar el homenaje a Labatut.
“No tengo problema con que se verifique qué es lo que hay, y lo que se pueda dar público, que se vea”, manifestó González a principios de año, a preguntas de El Nuevo Día, al indicar que cree en la “transparencia”.
Según Álzaga Manresa, quedan gestiones por hacer en este caso, no solo entrevistar a las dos personas que el FBI ha considerado como potenciales sospechosos que residen en Florida, sino también a uno de los agentes que conocía a los sospechosos y reclamar a esa oficina federal que comparta informes producidos por, al menos, cuatro informantes.
