Un tirano intenta asustarnos. ¿Lo dejamos?
En los EE.UU. de 2025, la intimidación de Trump lo impregna todo y el miedo se ha vuelto ordinario, incluso mundano.
“El valor es resistencia al miedo, dominio del miedo, no ausencia de miedo.” ––Mark Twain
A veces escucho a personas comunes que desean hacer algo frente a las crecientes amenazas contra la libertad y la democracia que enfrentamos bajo la tiranía en expansión de Trump, pero temen que su activismo les cueste caro. Nuestro país avanza por el camino hacia un estado fascista, y la administración de Trump inventa a diario nuevas formas de desviar la atención de su impopularidad, desligada de las normas democráticas.
En agosto de 2025, por ejemplo, Trump declaró una emergencia de seguridad pública en Washington D.C., federalizando la Policía Metropolitana bajo la fiscal general Pam Bondi y desplegando aproximadamente 800 miembros de la Guardia Nacional. Estas fuerzas emprendieron acciones agresivas como toques de queda, retenes y desalojo de campamentos de personas sin hogar. Estas medidas despertaron seria alarma por exceso del poder federal y la supresión de la disidencia, especialmente cuando no existía ninguna emergencia de seguridad pública y, por el contrario, las tasas de criminalidad habían disminuido significativamente, no solo en Washington, sino en la mayoría de las demás ciudades de EE.UU. Después, Trump anunció de manera espectacular que esta acción “irá más lejos”. Las ciudades que identificó como posibles próximos objetivos incluyen Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Baltimore y Oakland. Todas son grandes centros urbanos con liderazgo demócrata. Algunas—entre ellas Baltimore y Oakland—son además ciudades de mayoría afroamericana con alcaldes afroamericanos. Este patrón revela una estrategia cargada de motivación política y racial: amedrentar ciudades progresistas, a menudo gobernadas por minorías, bajo el disfraz de la seguridad pública.
Otro ejemplo notable: Mahmoud Khalil, graduado de la Universidad de Columbia y residente permanente legal (titular de la tarjeta verde), fue arrestado en marzo de 2025 por agentes de ICE. Fue detenido a miles de kilómetros de su casa, sin una orden judicial, y el gobierno inició un proceso de deportación en virtud de una disposición de inmigración de la era de la Guerra Fría que rara vez se usa y que permite la expulsión si un no ciudadano se considera una amenaza para la política exterior. Es importante destacar que su delito fue su activismo pro-palestino, incluida la negociación de protestas en el campus, no una conducta criminal. Y todo lo que tomó para considerar al Khalil una “amenaza” fue que el Secretario de Estado Marco Rubio así lo dictamino, sin mostrar evidencia alguna.
El caso ejemplifica un intento directo de deportar a un inmigrante legal simplemente por ejercer un discurso protegido constitucionalmente. Las críticas han sido agudas: los grupos de libertades civiles lo han calificado como un precedente peligroso, lo que podría expandir el poder de inmigración del ejecutivo.
La politización de los informes de derechos humanos es otra de las armas en el arsenal de Trump. El informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de 2025 fue manipulado para alinearse con sus preferencias políticas. A aliados como Hungría y El Salvador se les trató con indulgencia a pesar de abusos documentados, mientras que aliados democráticos fueron duramente criticados. El informe también redujo la cobertura sobre derechos LGBTQ+, violencia de género e injusticia racial, convirtiéndose en una herramienta de propaganda ideológica.
La libertad académica también ha estado bajo ataque en múltiples instituciones de educación superior, presionadas intensamente por la administración de Trump para conformarse a su ideología antiliberal. UCLA fue blanco de una asombrosa demanda de mil millones de dólares ligada a supuestas violaciones de derechos civiles—lo que críticos llamaron una extorsión política diseñada para controlar el discurso en los campus. De manera similar, la Universidad de Columbia aceptó restricciones en sus programas académicos, limitaciones al derecho de protesta y cambios estructurales de “diversidad intelectual”, tras amenazas de congelar 400 millones de dólares en fondos federales. Brown University recuperó fondos congelados después de comprometerse con cerca de 50 millones para programas laborales. El arreglo incluyó también la revisión de políticas de admisión y la adopción de definiciones específicas de “hombre” y “mujer” para deportes y otros programas. La Universidad de Pennsylvania hizo concesiones similares, en lo que se ha descrito como un chantaje político, pagando varios millones. Harvard ahora parece inclinada a pagar 500 millones frente a exigencias y amenazas abiertamente políticas. Otras instituciones prestigiosas bajo presión federal incluyen la Universidad de Michigan, Northwestern, Cornell y nuevamente Brown. Estas escuelas, según informes, estarían recibiendo instrucciones para seguir el modelo de Columbia a cambio de restaurar fondos. Los programas de diversidad, equidad e inclusión han sido desmantelados no solo en las universidades, sino también en corporaciones, el gobierno y la sociedad en general.
Las medidas anti-LGBTQ+ entre mayo y agosto de 2025 se intensificaron mientras la administración promovía terapias desacreditadas de “exploración de género”, recortaba más de 800 millones en investigación de salud LGBTQ+, prohibía a tropas y atletas transgéneros, eliminaba programas juveniles y censuraba referencias históricas y culturales. El Departamento de Justicia incluso citó a clínicas que brindaban atención de afirmación de género. Han surgido desafíos legales, con críticos que lo llaman un asalto coordinado contra derechos y atención médica. Estas medidas debilitan a las fuerzas armadas, dañan a los jóvenes y sus familias, y ponen en riesgo la salud de la nación, pero satisfacen una cruel sed de castigo contra grupos desfavorecidos que Trump cree que le traerá réditos políticos.
En uno de los espectáculos más extremos, la desnaturalización se ha convertido en arma política. El Departamento de Justicia, mediante una expansión de la “Operación Janus”, está señalando a ciudadanos naturalizados para revocarles la ciudadanía con base en acusaciones definidas de manera amplia. Esto sacude el núcleo de la protección constitucional e infunde miedo en las comunidades inmigrantes.
La persecución sistemática de abogados, firmas legales y el poder judicial ha sido una marca de las tácticas represivas de Trump. Se revocaron autorizaciones de seguridad a abogados de alto perfil (como Alvin Bragg, Andrew Weissmann, Mark Zaid) que habían trabajado en investigaciones relacionadas con él. Órdenes ejecutivas y memorandos impidieron a firmas como Covington & Burling, Perkins Coie, WilmerHale, Susman Godfrey y Elias Law Group obtener contratos o acceder a edificios federales, en represalia por representar a adversarios políticos. Se entablaron múltiples demandas y tribunales emitieron medidas cautelares citando efectos intimidatorios sobre la defensa legal. Jueces que fallaron en contra de la administración o resistieron sus órdenes han sido objeto de ataques públicos, investigaciones o acoso. Una jueza estatal en Milwaukee, Hannah Dugan, fue arrestada en circunstancias muy sospechosas, lo cual levantó serias alarmas sobre la independencia judicial.
La restricción al acceso de la prensa y la expresión libre ha llegado a niveles absurdos: la administración bloqueó a periodistas de Associated Press en eventos de la Casa Blanca—incluyendo conferencias y acceso a la Oficina Oval—por negarse a adoptar la terminología preferida de Trump (“Golfo de América” en lugar de “Golfo de México”). Los tribunales intervinieron ordenando levantar la prohibición, pero aun así AP continuó siendo excluida de eventos gubernamentales. Además, la Orden Ejecutiva 14290, emitida el 1 de mayo de 2025, eliminó todo financiamiento federal a NPR y PBS, acusándolos de ser “medios parciales”. Ambas organizaciones demandaron, alegando violaciones a la Primera Enmienda.
Artículos recientes advierten sobre la tendencia hacia el autoritarismo: la declaración de Trump de una “emergencia por crimen” en D.C. es vista como espectáculo político para eclipsar escándalos (como el caso Jeffrey Epstein) o sofocar disenso—un precedente escalofriante contra la democracia. Críticos mencionan la militarización, el hostigamiento a medios mediante arreglos corporativos y la creación de un aparato de control interno para frenar la disidencia. Un ejemplo: en julio de 2025, Paramount Global—compañía matriz de CBS—aceptó un arreglo de 16 millones de dólares con Trump por una demanda relativa a una entrevista en 60 Minutes con la entonces vicepresidenta Kamala Harris, que él alegó falsamente había sido manipulada. Aunque la empresa no admitió irregularidades, el acuerdo incluyó dos condiciones: publicar las transcripciones completas de futuras entrevistas a candidatos presidenciales y destinar fondos a la biblioteca presidencial de Trump. Después de que el popular comediante Stephen Colbert criticara el arreglo, fue despedido de CBS—una bonificación adicional, ya que Colbert era una espina en el costado de Trump. A cambio, se permitió a Paramount finalizar su fusión de 8 mil millones con Skydance Media—aprobada gracias a una revisión favorable de la FCC, bajo órdenes de la administración.
Así, en los Estados Unidos de 2025, la intimidación de Trump lo impregna todo y el miedo se ha vuelto ordinario, incluso mundano. No necesita llegar con botas militares a tu puerta; se sienta a tu lado en la oficina, invisible pero palpable, como estática en el aire. Es la vacilación antes de levantar la mano en una reunión, el reflejo de cerrar una pestaña del navegador cuando alguien pasa detrás de ti, el instinto de bajar la voz en el café cuando la conversación se acerca a la política.
Esto no es paranoia inventada. En Ohio, la primavera pasada, un hombre llamado Pedro Álvarez fue arrestado en Pasadena, Texas. Lo acusaron de alterar una reunión del concejo municipal y tuvo que pagar fianza tras hablar sobre abuso policial. Llevaba cuarenta años en el país; su pasaporte era válido. Solo la intervención de su congresista logró su liberación. En California, una profesora universitaria crítica de la política exterior de la administración se vio investigada por “mal uso de fondos de investigación”, acusación que se desvaneció cuando renunció a su plaza vitalicia.
Incluso el Seguro Social y Medicare—antes intocables—no son inmunes. Nadie está siendo despojado de beneficios por decreto, pero en Florida los jubilados han esperado meses adicionales para trámites básicos porque se cerraron oficinas locales de la SSA. Una anciana en Tampa, tras seis meses sin que le restablecieran la Parte B de Medicare, dijo que había aprendido “exactamente hasta dónde pueden llegar sin cruzar la línea que los tribunales detendrían”.
El alcance de la intimidación es difuso, y es fácil imaginar los escenarios. Una bibliotecaria en Texas retira la mitad de su sección de historia tras recibir su distrito un “memo de orientación” sobre contenido políticamente sensible. Un contratista de informática en Virginia elimina su cuenta de Twitter después de enterarse de que su empresa, con contratos federales, revisa la actividad política pública de los empleados. Una enfermera en Colorado dice a sus amigos que ya no asistirá a manifestaciones, ni siquiera en su tiempo libre, porque teme que su hospital—dependiente de reembolsos de Medicare—pueda enfrentar una auditoría.
Si este es el entorno, ¿cómo hablar sin autodestruirse? La respuesta no es callar, ni atacar a ciegas, sino actuar con deliberación, con un mapa interno.
El primer punto en ese mapa es el conocimiento. Una maestra de secundaria en Illinois descubrió que las protecciones para denunciantes en su estado la amparaban si exponía resultados falsos en pruebas estandarizadas. Saber sus derechos le permitió actuar sin perder su empleo. El segundo punto es la documentación. Un periodista en Arizona, al ser excluido de una conferencia de prensa pública, grabó el intercambio en su teléfono; ese material se convirtió en prueba en la demanda que le devolvió el acceso.
El siguiente punto es la comunidad. Algunos científicos climáticos, preocupados por recortes en financiamiento, respondieron colaborando y publicando críticas. Un ejemplo: Bethany Bradley, profesora en UMass Amherst, y colegas, publicaron un artículo en The Conversation abogando por reorientar la ciencia hacia la adaptación climática. Para favorecer a los combustibles fósiles, la administración recorta personal y fondos y busca falsear la evidencia.
El tercer punto es la preparación legal. Una voluntaria de ayuda legal guarda en su teléfono el número de un abogado junto a un breve guion para usar si la interrogan agentes federales. Quizás nunca lo necesite, pero el conocimiento la hace más valiente cuando habla en foros públicos. Si trabajas con inmigrantes, revisa https://www.ilrc.org/red-cards-tarjetas-rojas, donde puedes imprimir u ordenar tarjetas con información sobre sus derechos y qué decir.
Todavía no estamos en un lugar donde disentir sea ilegal. Pero sí en un lugar donde disentir puede costarte tu empleo, tu seguridad o tu tranquilidad—y donde esa sola posibilidad basta para cambiar la conducta. El mapa no es una espada; es una brújula. No ganará batallas por ti, pero puede evitar que caigas en trampas. Y si suficientes personas lo usan, los estrechos senderos del disenso legal se ensancharán en caminos nuevamente, hasta que las cercas que hemos construido en nuestras mentes comiencen a derrumbarse.
Aún necesitarás valor––nadie puede dártelo.
