La Constitución promete derechos a los inmigrantes—dentro de ciertos límites
La fortaleza de una democracia se mide no por cómo trata a sus ciudadanos más poderosos, sino por cómo trata a sus residentes más vulnerables.
Imagine a una tal María Torres—madre de tres hijos e inmigrante indocumentada de Guatemala. En una tranquila mañana en Phoenix, agentes federales tocan a su puerta. Nadie la está investigando. Nunca ha cometido un delito. Pero cuando su hijo de 12 años le pregunta: “¿Tenemos derechos?”, no sabe bien cómo responder.
Técnicamente, sí los tiene.
Según la Constitución de EE.UU., María tiene derecho al debido proceso y a la igual protección ante la ley. Puede asistir a la escuela pública, denunciar el robo de salarios y expresarse libremente en una protesta. Pero a diferencia de sus vecinos ciudadanos, no puede votar, ocupar la mayoría de los cargos públicos ni poseer legalmente un arma de fuego. A los ojos de la ley, es tanto una “persona” como una excepción jurídica.
Lo que la Constitución Ofrece—Al Menos en el Papel
La Constitución de Estados Unidos no fue escrita solo para ciudadanos. Muchas de sus protecciones más importantes—como las garantías de la Primera Enmienda sobre libertad de expresión, religión y reunión—se aplican a “personas”, no a “ciudadanos”. Esa distinción, aunque sutil, ha sido confirmada repetidamente por la Corte Suprema.
En Yick Wo v. Hopkins (1886), la Corte dictaminó que la igual protección de la Enmienda Catorce se aplicaba a los no ciudadanos. En Plyler v. Doe (1982), se concedió a los niños indocumentados el derecho a asistir a escuelas públicas. Estas decisiones refuerzan la idea de que las protecciones constitucionales básicas siguen la dignidad humana, no la situación migratoria. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2021 confirma que la mayoría de los derechos constitucionales se aplican a todas las personas dentro de Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria.
Pero la realidad dista mucho de ser coherente.
Lo que la Constitución Retiene o Limita
No todos los derechos cruzan la barrera de la inmigración. La Segunda Enmienda—frecuentemente exaltada como un pilar de la libertad estadounidense—ha sido explícitamente restringida a ciudadanos y ciertos residentes legales. La ley federal (18 U.S. Code §922(g)(5)) prohíbe a los inmigrantes indocumentados, e incluso a algunos titulares de visas, poseer armas de fuego. Los tribunales han respaldado en gran medida estas restricciones, argumentando que el derecho a portar armas pertenece al “pueblo”, entendido como miembros legales de la comunidad política.
De manera similar, el derecho al voto en elecciones federales está reservado para ciudadanos estadounidenses, y el servicio como jurado se limita también a quienes tienen ciudadanía. Estas exclusiones plantean preguntas incómodas: ¿Se trata de seguridad, de soberanía, o de exclusión?
En la práctica, la Constitución se convierte en un mosaico—generosa en algunos aspectos, silenciosa en otros, y a menudo a merced de los vientos políticos.
El Debido Proceso en la Teoría—Pero No Siempre en la Práctica
Las Enmiendas Quinta y Catorce garantizan que ninguna persona será “privada de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal”. En teoría, esta promesa incluye a los inmigrantes—sin importar su condición legal. Significa que los inmigrantes indocumentados no pueden ser deportados sin audiencia, detenidos sin causa o privados de la oportunidad de defenderse.
Pero en los tribunales de inmigración del país, el debido proceso a menudo parece una ficción jurídica. A diferencia del tribunal penal, los inmigrantes en proceso de deportación no tienen derecho a un abogado proporcionado por el gobierno. Muchos enfrentan procedimientos legales complejos en solitario, a menudo en un segundo idioma, frente a abogados federales entrenados. En algunos casos, incluso niños—y hasta bebés—han sido absurdamente procesados de esta forma.
Según un informe de 2022 del American Immigration Council, solo el 37% de todos los inmigrantes y apenas el 14% de los detenidos tenían representación legal durante sus procesos.
Aún más preocupante: personas—incluso solicitantes de asilo y residentes permanentes—pueden ser detenidas por meses o años en centros de detención migratoria sin juicio ni revisión significativa. En Jennings v. Rodríguez (2018), la Corte Suprema determinó que los inmigrantes detenidos no tienen derecho automático a audiencias periódicas de fianza, permitiendo así detenciones prolongadas.
La distancia entre la promesa constitucional y su cumplimiento es insondable. Y para los inmigrantes, puede significar la diferencia entre la libertad y la separación permanente de sus familias. Hemos visto las consecuencias trágicas en decenas de casos recientes, mientras la administración Trump persigue implacablemente su plan de deportar a millones. Peor aún, una red cada vez más amplia de arrestos y cuotas ha aterrorizado también a ciudadanos estadounidenses, y algunos han terminado en gulags extranjeros.
Malentendidos, Retórica y la Frágil Idea de Quién “Pertenece”
En el imaginario estadounidense, la Constitución suele tratarse como un documento de derecho de nacimiento—sagrado, exclusivo y reservado para quienes nacen bajo su bandera. Este malentendido, repetido en discursos políticos y programas de tertulia, alimenta la creencia de que los inmigrantes indocumentados “no tienen derechos”. Esa creencia no solo es errónea—es peligrosa.
Una encuesta de Centro de Investigación Pew de 2018 reveló que casi el 40% de los estadounidenses creían erróneamente que los inmigrantes indocumentados no tienen derechos legales bajo la Constitución. Este error resulta especialmente pernicioso ante la falsa noción de que muchos inmigrantes son delincuentes.
La verdad es más matizada: los inmigrantes, incluidos los indocumentados, tienen derecho a muchas protecciones constitucionales. Pero la retórica pública rara vez lo reconoce. Políticos han descrito a los inmigrantes indocumentados como “ilegales” o “forasteros”, un lenguaje deshumanizante que los presenta como fuera de la ley, no protegidos por ella.
Esta narrativa tiene utilidad política. Si los inmigrantes son vistos como transgresores o invasores, entonces negárseles protecciones legales parece justificado—o incluso patriótico. Pero en realidad, el estatus migratorio no borra la condición de persona. No excluye a nadie del debido proceso, de la libertad de expresión o de la protección contra registros e incautaciones arbitrarias.
Y, contra lo que muchos suponen, los inmigrantes—documentados e indocumentados—son menos propensos a cometer delitos que los ciudadanos nacidos en EE.UU. Según un estudio de 2022 del Instituto Cato titulado “Tasas de condenas penales en Texas”, por ejemplo, los inmigrantes indocumentados tenían tasas de condena penal tres veces menores que los estadounidenses nativos.
Sin embargo, la percepción del inmigrante como delincuente innato sigue moldeando políticas punitivas y temores públicos. La narrativa tiene poder. Cuando un funcionario público declara que la Constitución “es para los estadounidenses”, o cuando los votantes celebran políticas que niegan servicios o recursos legales básicos a los no ciudadanos, se erosiona la idea fundamental de que los derechos no son regalos del gobierno, sino garantías basadas en la dignidad humana.
Cabe destacar que carecer de documentos migratorios es una violación civil, no penal. Tampoco es un delito penal que un inmigrante indocumentado busque empleo en Estados Unidos, como escuché afirmar descaradamente a un operador partidista en CNN.
Políticas que Castigan a Todos
En algunos estados, a los inmigrantes indocumentados se les niegan necesidades básicas—como una licencia de conducir o el acceso a la atención médica—no por razones fiscales, sino como gesto punitivo. Estas medidas suelen defenderse como herramientas para disuadir la inmigración ilegal. En realidad, ponen en peligro tanto a inmigrantes como a ciudadanos.
Un estudio del Centro Nacional de Leyes de Inmigración encontró que los estados que permiten a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir tienen menores incidencias de conductores sin seguro, menos accidentes con fuga y mejor seguridad vial.
Negar el acceso a cuidados médicos preventivos convierte condiciones tratables en emergencias de salud pública. Un informe de Health Affairs de 2020 indicó que excluir a los inmigrantes indocumentados de los sistemas de salud pública debilita la eficacia general de las respuestas epidémicas y afecta de forma desproporcionada a comunidades de bajos ingresos.
De igual manera, políticas de aplicación migratoria agresiva—como redadas en centros laborales o llamadas “barridas comunitarias”—no solo afectan a residentes indocumentados. Crean un clima de miedo que se extiende, silenciando a víctimas de delitos, disuadiendo testigos y quebrando la confianza entre comunidades y la policía local.
Según un estudio de la Universidad de Illinois de 2013, el 44% de los latinos encuestados dijeron que era menos probable que contactaran a la policía si eran víctimas de un delito por temor a consecuencias migratorias.
Cuando la gente teme denunciar violencia doméstica, robo de salarios o trata de personas por miedo a ser deportada, los depredadores prosperan. Y cuando la policía local es vista como una extensión de las autoridades migratorias, se socava su capacidad para resolver delitos o proteger barrios.
En esos momentos, la ley deja de ser un escudo y se convierte en espada—una que corta sin discriminar.
Proteger los Derechos de los Inmigrantes Protege la Democracia Misma
La fortaleza de una democracia se mide no por cómo trata a sus ciudadanos más poderosos, sino por cómo trata a sus residentes más vulnerables. Cuando se honran y respetan los derechos de los inmigrantes, se refuerzan las protecciones constitucionales que resguardan a todos los estadounidenses.
La Primera Enmienda no se debilita cuando se extiende a un manifestante indocumentado. El derecho al debido proceso no se erosiona cuando un refugiado recibe una audiencia justa. De hecho, lo contrario es cierto: cuando se respetan los derechos de los inmigrantes, se reafirma que la Constitución no es una herramienta de exclusión, sino un marco de justicia.
La historia lo demuestra. Las protecciones laborales ganadas por trabajadores inmigrantes prepararon el terreno para reformas laborales más amplias. Fallos educativos emblemáticos que involucraron a niños inmigrantes han fortalecido el acceso a la educación pública para todos. Y cuando los tribunales afirman que el gobierno no puede detener indefinidamente a alguien sin una audiencia—independientemente de su nacionalidad—reafirman un principio democrático esencial: la libertad no debe ser arbitraria.
Ignorar o socavar los derechos de los inmigrantes no solo perjudica a las comunidades inmigrantes. Crea precedentes legales y culturales que pueden volverse contra otros. Los programas de vigilancia, la detención indefinida y el acceso limitado a representación legal pueden comenzar con los inmigrantes, pero rara vez terminan allí. Proteger la Constitución es proteger a quienes están bajo su amparo—todos ellos.
La Constitución es Más Fuerte Cuando Protege a Todos
Cuando nuestra hipotética María Torres ve a sus hijos caminar hacia la escuela por la mañana, no está pensando en las sutilezas del derecho constitucional. Está pensando en si ese será el día en que alguien le pida sus papeles. Si una luz trasera rota puede llevarla a la detención. Si puede confiar en la policía si algo sale mal.
Su vida—y la de millones como ella—transcurre en un crepúsculo legal, donde los derechos existen en el papel, pero pueden desvanecerse en la práctica.
Pero sus miedos no son solo suyos. Cuando se le niega el debido proceso, el estado de derecho se debilita para todos. Cuando su comunidad teme a la policía, barrios enteros se vuelven más vulnerables. Y cuando se trata a la Constitución como un privilegio de ciudadanía y no como protección de la persona, su poder se reduce.
La Constitución de EE.UU. no es una recompensa por haber nacido aquí. Es un esquema para la justicia—para una nación que aspira a ser legal y libre. Hacerla valer para los inmigrantes no socava los valores estadounidenses. Demuestra que aún creemos en ellos.
