Las elecciones de Venezuela en el punto de mira del nuevo esquema de cambio de régimen de EE.UU.
Por Zoe Alexandra y Walter Smolarek
Veinticinco años después de que Hugo Chávez asumiera el poder y comenzara la Revolución Bolivariana en Venezuela, los funcionarios estadounidenses todavía no se han cansado de idear nuevos complots para derrocar al gobierno del país. Hace cinco años, tras las últimas elecciones presidenciales, intentaron instalar a Juan Guaidó (un político del que la mayoría de los venezolanos ni siquiera habían oído hablar) como jefe de Estado del país. Y ahora, con la fecha de las próximas elecciones presidenciales oficialmente fijada para el 28 de julio, la administración Biden se está preparando para el mayor impulso de cambio de régimen desde el intento de golpe de Guaidó.
Venezuela ha sido durante mucho tiempo un objetivo de la intervención estadounidense debido a sus esfuerzos por construir un modelo alternativo al capitalismo neoliberal impulsado por instituciones como el FMI y el Banco Mundial. La Revolución Bolivariana en Venezuela, teorizada e implementada por primera vez bajo el liderazgo de Chávez, propone un nuevo modelo que enfatiza el uso de los recursos del país, como sus ingresos petroleros, para financiar misiones cruciales. Luego, estos garantizan derechos como la educación, la alimentación, la vivienda, el transporte, la cultura y los deportes a las mayorías históricamente excluidas, para disminuir la desigualdad socioeconómica de larga data. Una parte central de la Revolución Bolivariana es la transformación política y cultural del pueblo a través de la promoción de la cultura nacional venezolana, el internacionalismo, el antiimperialismo y el empoderamiento de todos los pueblos como sujetos políticos con derechos y responsabilidades. Es un proyecto en directa contradicción con los intereses estadounidenses en el país rico en petróleo y la región que Washington considera su patio trasero.
Las elecciones de 2024
El presidente Nicolás Maduro se postula para la reelección como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de la coalición más amplia del Gran Polo Patriótico. Ha construido su campaña en torno a un programa conocido como las “Siete Transformaciones”, que propone nuevas e importantes iniciativas en los campos de la modernización económica, afirmando la soberanía nacional, la seguridad y la protección, garantizando los derechos sociales, la participación política, el medio ambiente y la geopolítica. Estos apuntan a mantener la orientación socialista y favorable a los pobres del modelo de desarrollo del país, al tiempo que se promulgan reformas para estimular una mayor actividad económica y contrarrestar el impacto de las paralizantes sanciones estadounidenses.
La oposición está dividida en varios bandos diferentes. La coalición más grande de partidos de oposición se llama Plataforma Unitaria y está formada por partidos o facciones de partidos controlados por la élite venezolana que fueron desplazados de posiciones de poder como resultado de la Revolución Bolivariana. La Plataforma Unitaria ha participado en varias rondas de negociaciones con el gobierno durante el año pasado antes de las elecciones y firmó un acuerdo en octubre pasado conocido como el “Acuerdo de Barbados”.
En este acuerdo, se otorgaron concesiones a la oposición en cuestiones relacionadas con la organización del proceso electoral y, a cambio, Estados Unidos acordó flexibilizar algunas sanciones relacionadas con las industrias petrolera y minera de Venezuela. El Acuerdo de Barbados estipulaba que sólo se permitiría postularse a las figuras de la oposición que fueran elegibles según las leyes vigentes. Hasta el momento, la Plataforma Unitaria no ha elegido candidato.
Los detalles de cómo se llevará a cabo el proceso electoral, las regulaciones sobre la campaña en plataformas de medios, la participación de observadores electorales y la actualización de los padrones electorales se detallaron en un acuerdo firmado el 28 de febrero. El acuerdo fue producto del diálogo entre más de 150 organizaciones políticas y sociales y se basó en más de 500 propuestas. Participaron el noventa y siete por ciento de los partidos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral.
Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han presentado este proceso electoral, sujeto a una deliberación tan extensa y aprobado con un apoyo tan amplio, como un ataque a la democracia.
María Corina Machado y la narrativa del fraude
El enfoque del gobierno de Estados Unidos sigue un guión familiar: emprender una campaña en los medios de comunicación y a través de organizaciones internacionales para sembrar dudas sobre la integridad del proceso electoral de manera tan implacable que el resultado pueda presentarse como fraudulento sin importar cuál sea la evidencia real sobre las elecciones. día.
La pieza clave de la narrativa del “fraude electoral” ya está colocada y gira en torno a la inhabilitación de la figura opositora María Corina Machado.
Machado es la hija mayor de Henrique Machado Zuloaga, quien fue ejecutivo de Sivensa. Sivensa, una de las empresas siderúrgicas más grandes de Venezuela, fue nacionalizada en 2008 bajo el gobierno de Hugo Chávez. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, Machado ha estado activo en la oposición de derecha y ha llegado incluso a apoyar campañas de desestabilización e intentos de derrocar a los gobiernos democráticamente elegidos de Venezuela. Se desempeñó como miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2011 a 2014.
En julio de 2015, la contraloría general de Venezuela anunció que a Machado se le prohibió ocupar cargos públicos por un período de un año después de no revelar el monto de sus ingresos mientras ocupó el cargo público.
Las investigaciones sobre Machado continuaron. En julio de 2023, el diputado opositor José Brito solicitó una actualización sobre la elegibilidad de Machado para ocupar cargos públicos dadas las próximas elecciones presidenciales y su intención declarada de postularse. La contraloría general respondió confirmando que la inhabilitación de Machado se mantenía y constituía una inhabilitación de 15 años debido a su apoyo a los complots de cambio de régimen.
Aunque inicialmente se negó a participar en el proceso, Machado apeló su prohibición a través del procedimiento del Acuerdo de Barbados, que también establecía que todos los candidatos debían defender la independencia de Venezuela y rechazar acciones violentas contra el gobierno. En enero de 2024, la Corte Suprema de Venezuela emitió una sentencia rechazando la apelación de la prohibición presentada por Machado.
La administración Biden inmediatamente buscó utilizar la coerción económica para socavar esta decisión de una institución de Venezuela, un estado soberano. Como parte del Acuerdo de Barbados, el gobierno de Estados Unidos otorgó licencias a ciertas compañías petroleras permitiéndoles reanudar sus operaciones en Venezuela a pesar de las sanciones. A finales de enero, el Departamento de Estado anunció que las exenciones de sanciones otorgadas a estas empresas no se renovarían una vez que expiren el 18 de abril.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación refuerzan constantemente la posición de que una elección sin Machado no puede considerarse legítima. El 30 de enero, pocos días después de que la Corte Suprema rechazara su apelación, Machado apareció en la cadena de televisión CNN y fue presentada ante los espectadores como “la principal líder de la oposición de Venezuela”. Un artículo anterior del Washington Post también es típico de esta narrativa, titulado: “Ella es la favorita en la carrera para derrocar a Maduro. Él quiere bloquearla”. Esta combinación de presión económica y política es lo que ha provocado explosiones de violencia callejera de derecha en el pasado, luego de las elecciones presidenciales de 2013, cuando Maduro fue elegido por primera vez.
Machado: ¿Operativo de cambio de régimen?
En 2002, tras el breve golpe de Estado contra Chávez, Machado firmó el decreto que estableció un gobierno no electo bajo el mando del presidente de la Cámara de Comercio, Pedro Carmona. En 2005 se reunió con el ex presidente estadounidense George W. Bush en la Casa Blanca para discutir la “democracia” (es decir, el derrocamiento del gobierno venezolano). Más recientemente, ha sido una partidaria y líder clave de los numerosos complots de la derecha para derrocar al presidente democráticamente elegido Nicolás Maduro. Estas incluyen las protestas de la guarimba de 2014 y 2017, en las que se produjo violencia extrema contra las fuerzas de seguridad y partidarios del chavismo, así como la destrucción de infraestructura.
En 2014, Machado fue destituida de su cargo en la Asamblea Nacional luego de que asistiera a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en lugar del representante panameño para testificar sobre las protestas de 2014, hablar en contra del gobierno y para pedir apoyo extranjero para su causa. La medida fue ampliamente condenada como una violación tanto de la constitución venezolana como de la ley panameña, y en respuesta, la sociedad civil panameña y organizaciones del movimiento presentaron una demanda en su contra por usurpación de un cargo público.
Machado también ha celebrado la eficacia del régimen de sanciones ilegales impuesto a Venezuela al aplicar presión política para un cambio de régimen y, en varias ocasiones, ha pedido aún más sanciones. Las sanciones han tenido consecuencias devastadoras para el pueblo venezolano, bien documentadas por diferentes órganos y relatores de la ONU, organizaciones de derechos humanos y think tanks. La relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, señaló que “[e]l propósito anunciado de la campaña de ‘máxima presión’—cambiar el Gobierno de Venezuela—viola el principio de igualdad soberana de los estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta sus relaciones regionales”.
En 2019, Machado apoyó el impulso del gobierno ficticio paralelo de Juan Guaidó para solicitar que la OEA aplicara el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra Venezuela para poner fin a la “usurpación del poder” por parte de Maduro. La activación del TIAR habría proporcionado una justificación legal para una intervención militar extranjera, (más) sanciones económicas y un bloqueo comercial.
Machado participó y se benefició del saqueo de las empresas y activos estatales que el “gobierno” de Guaidó había confiscado ilegalmente como Monomeros y CITGO.
Estados Unidos busca deslegitimar la democracia de Venezuela
Un examen de los hechos reales de la carrera política de Machado muestra cómo la verdad es mucho más complicada que la narrativa dominante sobre un gobierno que reprime sin fundamento a un oponente.
Después de años de inestabilidad política causada por complots de derecha para derrocar al gobierno democráticamente elegido e incluso asesinar al líder, el gobierno venezolano ha seguido un principio claro: fuerzas políticas de cualquier variedad ideológica pueden participar en las elecciones siempre que no lo hagan. conspirar con potencias extranjeras para socavar la independencia de Venezuela o sus instituciones soberanas. Esto está en línea con las prácticas en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, ha habido mucha atención pública a la cláusula de la 14ª Enmienda que excluye a los culpables de insurrección de ocupar cargos públicos.
A medida que se acercan las elecciones del 28 de julio, las tensiones entre los distintos elementos de la escena política venezolana seguramente se intensificarán. Pero la administración Biden seguramente se guiará por el mismo objetivo general que ha animado las decisiones políticas de las administraciones demócratas y republicanas por igual: sacar del poder a uno de los oponentes más antiguos del papel dominante de Washington en el hemisferio occidental.
Este artículo fue producido por Globetrotter. Zoe Alexandra es coeditora de Peoples Dispatch. Walter Smolarek es el editor de Liberation News.
